Durante una entrevista concedida a Fernando Berlín, del medio afín al PSOE Radiocable, el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, admitía, el pasado miércoles, que la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de apoyar la propuesta marroquí para tratar de perpetuar su ocupación ilegal del Sáhara Occidental implica dejar de lado el principio de autodeterminación.

Haciendo gala de un sorprendente cinismo político, Albares se atrevió a calificar el derecho a la autodeterminación —reconocido por la propia ONU y sustentado en numerosas resoluciones internacionales— como un “supuesto principio”.

“ALBARES NO SOLO BLANQUEA LA OCUPACIÓN MARROQUÍ, SINO QUE ACUSA DE IRRESPONSABLE A UN PUEBLO QUE LUCHA POR SU LIBERTAD”

Preguntado sobre las razones por las que el Ejecutivo del PSOE y Sumar había cambiado su posición oficial sobre el conflicto del Sáhara, pasando de una defensa, al menos formal, de la legalidad, a su actual apoyo a la propuesta de «autonomía» que pretende imponer la dictadura alauita para negar a los saharauis el derecho a decidir su propio futuro, Albares respondió que «no existe ningún cambio de postura».

   “Hay  -afirmó –  el deseo de que una situación que está encallada desde hace 50 años no dure 50 años más».

«Y a mí me parece  una enorme irresponsabilidad que alguien se siente sobre unos supuestos principios para mantener congelado, ¿100 años? ¿200?”, declaró el ministro, mostrando un desprecio absoluto hacia las legítimas aspiraciones de un pueblo que lleva medio siglo luchando por su libertad.

“LOS DIRIGENTES DEL PSOE SE ENCUENTRAN ENTRE LOS PRINCIPALES LOBISTAS DE LA DICTADURA ALAUITA”

UN DERECHO NO NEGOCIABLE

Seguramente a nadie debería sorprenderle a estas alturas, a tenor de su trayectoria, que a los dirigentes del PSOE y el gobierno español los «principios» se le antojen como meros accesorios a los que apelar durante las campañas electorales para luego desecharlos.

Sería ingenuo esperar, en efecto, que quienes no representan ni defienden los intereses del pueblo español pudieran regirse por algún principio moral para defender los derechos del pueblo saharaui, en lugar de anteponer intereses como los 25.000 millones de euros anuales en relaciones comerciales con Marruecos, la celebración conjunta del Mundial de Fútbol de 2030 u otras  presuntas prebendas con destinatarios más específicos.

Sin embargo, el derecho a la autodeterminación no es un capricho ni constituye ninguna utopía. Aunque la lucha de los pueblos se encuentren por encima de cualquier reconocimiento institucional, quienes apelan continuamente a la legalidad internacional, como los miembros del gobierno español, deberían recordar que este derecho está recogido en la Carta de las Naciones Unidas y en la Resolución 1514 de la Asamblea General, que declara que “todos los pueblos tienen derecho a la libre determinación”. Así como el hecho de que las Naciones Unidas también reconocen al Sáhara Occidental como un territorio pendiente de descolonización. Desde 1963, este territorio figura en la lista de Territorios No Autónomos de la ONU, lo que implica que aún no ha alcanzado su plena autonomía y está sujeto a un proceso de descolonización. ​

La postura del Ejecutivo español, expresada sin el más mínimo atisbo de vergüenza por el ministro Albares, implica una lógica perversa: para resolver el conflicto en e Sáhara no se exige al ocupante que devuelva lo usurpado, sino que se pretende que los usurpados se resignen a perder su territorio. 

Al tachar de “irresponsables” a los saharauis que defienden el derecho a decidir su futuro, el ministro español acusa al propio pueblo saharaui de ser culpable de su sufrimiento por no resignarse a su colonización. Un planteamiento profundamente inmoral que además vulnera la legalidad internacional.

DEL SILENCIO A LA COMPLICIDAD

La postura de Albares, en cualquier caso, no es novedosa, sino la culminación de una línea política trazada con claridad a lo largo de los años por los gobiernos del PSOE. En marzo de 2022, Pedro Sánchez rompía la neutralidad histórica de España con respecto al Sáhara al enviar una carta al rey Mohamed VI en la que apoyaba explícitamente el plan marroquí de autonomía para la región, calificándolo como  “la base más seria, creíble y realista” para resolver el conflicto.

Esa carta, filtrada por el propio palacio real marroquí, fue la confirmación pública de que España se había colocado, abiertamente, del lado del ocupante. Pero estr posicionamisnto político tampoco comenzó con Sánchez. Tiene antecedentes claros en figuras como José Luis Rodríguez Zapatero, que ha sido durante años un activo defensor de las tesis de Rabat, y del propio Felipe González. El primero de los socialistas en traicionar al pueblo saharaui, tras prometerles que un gobierno del PSOE lucharía por reparar la iniquidad cometida por España al entregar a Marruecos a su antigua colonia en el año 1975.

  Zapatero no solo ha participado en foros organizados por Marruecos —cuidadosamente blindados para excluir voces críticas— sino que recientemente ha prologado un libro titulado Sáhara marroquí: tierra de luz y futuro, una obra de propaganda que justifica la ocupación y niega cualquier mención a las violaciones de derechos humanos o al expolio de recursos naturales.

UNA RED DE APOYO AL RÉGIMEN MARROQUÍ

La red de figuras del PSOE alineadas con el lobby promarroquí no se limita a Zapatero. Incluye también a personajes como  José Bono, María Antonia Trujillo —que incluso ha fijado su residencia en Marruecos— o el canario Juan Fernando López Aguilar, actual europarlamentario socialista, quien tampoco ha tenido empacho alguno a la hora de afirmar que la postura del gobierno español “es coherente con el derecho internacional”. Una  afirmación ha sido desmentida por juristas como la Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional, que recuerdan que la postura española viola las resoluciones de la ONU.

Como miembros activos del lobby promarroquí, estos y otros dirigentes del PSOE contribuyen activamente a reforzar una narrativa que legitima la ocupación marroquí y convierte en “colaboración” lo que no es más que una relación desigual, basada en el chantaje migratorio, la instrumentalización del terrorismo y el comercio con recursos expoliados. Mientras tanto, el Frente Polisario —único representante legítimo del pueblo saharaui según Naciones Unidas— continúa su lucha por la autodeterminación y la guerra abierta se mantiene en los territorios ocupados.

UNA JUSTICIA QUE ESPAÑA IGNORA

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha anulado en varias ocasiones los acuerdos comerciales y pesqueros entre la UE y Marruecos cuando incluían al Sáhara Occidental, por considerar que violaban el derecho a la autodeterminación al no contar con el consentimiento del pueblo saharaui.

A pesar de estas sentencias, España sigue impulsando acuerdos que involucran el territorio ocupado. El Frente Polisario ha denunciado esta complicidad ante la opinión pública internacional y ha exigido que España abandone su doble juego y asuma su papel en la resolución del conflicto.

España ha tenido a lo largo de 50 años de supuesta «democracia» la oportunidad de rectificar la traición cometida en 1975, cuando abandonó el Sáhara Occidental sin permitir un proceso de descolonización, entregándolo de facto al régimen de Hassan II. Pero, lejos de corregir ese error, los gobiernos socialistas, al igual que los del Partido Popular, han contribuido a perpetuarlo, convirtiendo al Reino de España en uno de los principales cómplices de una dictadura que reprime, encarcela y asesina a los saharauis que luchan por su libertad de una forma que -según el ministro Albares – es sumamente «irresponsable».

FUENTES UTILIZADAS:

1. Radiocable – Entrevista a José Manuel Albares.
2. El Independiente – Albares admite haber sacrificado el principio de autodeterminación.
3. Canarias Semanal – Zapatero, el lobista estrella de Marruecos.
4. El País – El TJUE anula acuerdos de pesca UE-Marruecos.

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