Se ha hecho público un nuevo caso de corrupción. Ahora se trata del Conacyt (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología), una institución gubernamental dedicada, en la letra, a brindar apoyos económicos a la investigación científica y tecnológica, lo que debe hacerse de acuerdo con determinadas normas internas y ciertos mecanismos de control.

Pero tales normas y mecanismos dificultan el desvío de recursos, las trampas, el pillaje, es decir, variadas formas de corrupción y de saqueo de recursos públicos. Por ello los saqueadores idearon y concretaron un atajo que le diera la vuelta a las reglas y medidas de control de los recursos del Conacyt.

Y así fue creada una asociación civil, es decir, un ente privado, que con el pretexto del apoyo a la investigación en ciencia y tecnología, recibía dinero del Conacyt y lo usaba de manera discrecional exento de controles oficiales, pues se trataba (y se trata) de una entidad privada. Un caso más o menos parecido a los fideicomisos cancelados hace poco tiempo: dinero público manejado por organizaciones privadas.

Lógicamente, ese traspaso del dinero del Conacyt a un organismo privado implicaba muy serias dificultades para auditar tales recursos públicos, así como su utilización y destino final.

Esas dificultades, sin embargo, fueron vencidas con el simple método de seguirle el rastro al dinero. Y ahí entró en escena al Unidad de Inteligencia Financiera, la ya muy conocida UIF de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Y, como se dice popularmente, ahí apareció el peine. El dinero del Conacyt fue a parar a cuentas bancarias y gastos que nada tenían qué ver con la ciencia y la tecnología. Una apropiación privada ilegítima, ilegal e inmoral de dinero público.

Para llegar a esta conclusión a la UIF le bastó aplicar los mismos métodos que se utilizan para detectar y combatir el lavado de dinero en el caso de la delincuencia organizada. El mismo procedimiento que se empleó en el caso de la celebérrima Estafa Maestra, organizada y regenteada por Rosario Robles Berlanga, hoy en prisión.

Sería esperable que estos nuevos “estafadores maestros”, émulos de Rosario Robles terminen en la cárcel. Pero si merced a sus redes de complicidad y protección mafiosa  se salvan de ir a prisión, se habrá logrado, gracias a la UIF, lo más importante: impedir la continuación del mecanismo de robo institucional enquistado en el Conacyt en los cuarenta años del periodo neoliberal, es decir, de los gobiernos del PRI y del PAN de las últimas cuatro décadas.