Con este Hashtag, 35 mil agricultores participaron la semana pasada en las convocatorias impulsadas por ASAJA, COAG y UPA. Veintiuna movilizaciones que se cerrarán el próximo 19 de febrero en Granada, no sin antes pasar por la capital, Madrid, el día 5 del mismo mes.

El campo “está al límite” claman sus portavoces. Y no es para menos. La renta agraria retrocedió en 2019 cerca del 9%; los precios de las cosechas llevan, en muchos casos, años por debajo del coste de producción. Para atestiguarlo, unos ejemplos extraídos de las evaluaciones que lleva a cabo COAG sobre el precio del kilogramo de algunos bienes: los productores cobran la acelga (es decir, la venden al distribuidor) a 0,35€, mientras que en el supermercado se adquiere a 2,25€; la alcachofa pasa de 0,85€ a 4,63€ que paga el consumidor final; la patata, de 0,15€ a 1,20€; la naranja, de 0,23€ a 1,55€ y el plátano, de 0,53€ a 2,55€. Una situación de bajos precios que está lejos de resolverse ya que, a partir de la sentencia del Tribunal de Justica de la UE de 2018, la venta de algunos artículos que realizan las grandes superficies por debajo del precio del coste se encuentra mucho más permitida.

Por su parte, los valores de las semillas, los fertilizantes y resto de insumos imprescindibles para mantener la rentabilidad de las cosechas no han dejado de incrementarse igual que, como se ha visto, los precios en destino que pagamos los consumidores finales. Las consecuencias de todo ello se muestran claras: los pequeños y medianos productores poco a poco acaban desapareciendo. Se trata de una lenta agonía que la Política Agrícola Común (PAC), en constante recorte, muy lejos de resolver, más bien tiende a potenciar. En 2016 el número total de explotaciones agrarias ya no llegaba al millón. Aunque su estructura continúa siendo mayoritariamente familiar y de tamaño medio o pequeño, la tendencia a la concentración por la vía de la venta de tierra o del alquiler ha ido en ligero aumento, haciendo que las unidades productivas acrecienten algo su dimensión. Todo suma para una tormenta perfecta que las guerras de aranceles y vetos sobre el aceite, la aceituna y el vino con EEUU, así como el veto ruso o el Brexit en nada colaboran a resolver.

La de los agricultores representa una movilización especialmente sensible al coincidir con la España vaciada, ya que muchas de las áreas agrícolas pertenecen geográficamente hablando a esos grandes espacios muy poco habitados, con población envejecida y ausentes de muchos servicios fundamentales.

La potencia económica de unas muy concentradas cadenas de distribución europeas frente a una población dispersa, establecida en zonas con pocos residentes muestra que la solución real, más allá de medidas que podrían aliviarla y que se hallan recogidas en el decálogo que las organizaciones agrarias exhiben para su negociación con el Ministerio de Agricultura, exigen cambios profundos en la PAC comunitaria, en el campo, en la producción y en la distribución.

El desarrollo sostenible que preside la llamada agenda 2030 de Naciones Unidas, a la que el gobierno del Reino dice haberse sumado con ahínco, tiene aquí un reto en el que ponerse a prueba. Un medio para favorecer producciones de proximidad, mucho menos contaminantes, sobre criterios que partan de proteger a la mayoría (pequeño y mediano productor) contra la agroindustria que todo lo devora, empezando por las propias poblaciones agrícolas.

Es necesario huir del estrafalario debate que el presidente extremeño Fernández Vara ha sacado a la luz, mezclando salario mínimo y renta agraria. Hay que apostar, si no se quiere continuar vaciando el campo, por elevar los precios en origen y afrontar el monopolio de las grandes redes de distribución para así proteger a productores y consumidores, que constituyen la mayoría de los implicados en el proceso.