Fuente: Umoya num 84 – 3er trimestre 2016                                 R. Martínez

Los documentos de la firma Mossack Fonseca muestran una vez más las enormes fortunas robadas al pueblo africano.

Mucho antes de que se publicaran los papeles de Panamá, nadie dudaba de que enormes cantidades de dinero se estaban hurtando a los países africanos, gracias a diversas prácticas financieras opacas y complejas que alimentaban grandes fortunas y corrupciones, desposeyendo a la vez a los pueblos de recursos para la inversión en salud, educación, infraestructuras, empleo y perpetuando la miseria de sus poblaciones. Parecía claro que los entornos de las clases gobernantes, de la banca, la judicatura, las fuerzas armadas eran el terreno más propicio para la evasión de capitales, y que la extracción de recursos naturales proporcionaba posibilidades infinitas para el expolio y el enriquecimiento ilícito. Y se daba por seguro, en África como en el resto del mundo, que las grandes fortunas buscasen el modo de ocultar sus patrimonios, de no tener que dar cuentas de su origen, tantas veces ilícito y criminal, y por supuesto de no pagar impuestos por ellos.

Había incluso cálculos de lo que para África suponían estos flujos financieros ilícitos: según la Comisión Económica para África de las Naciones Unidas, África pierde cada año entre 26 y 52 mil millones de euros utilizando paraísos fiscales como Panamá, las Islas Vírgenes Británicas o las Seychelles. Una cifra que supera el Producto Interior Bruto de muchos países africanos y que se debe relacionar siempre con los más de 400 millones de personas que viven en ellos con menos de un euro al día. Lo único que no se conocía, – o no había tanta constancia documental de ello-, era los nombres de los directamente implicados, de los evasores y de los corrompidos. Los papeles del bufete panameño Mossack Fonseca, revelan algunos de ellos, pero no todos. Este bufete es una de las empresas líderes en la creación de sociedades offshore y gestión opaca de patrimonios a cambio de una cuota anual, pero no es la única, ni probablemente la más importante. En lo que respecta a África, los documentos filtrados al periódico alemán Süddeutsche Zeitung relacionan a más de 70 mandatarios y sus familiares, hombres de negocio, asesores o jueces con empresas instaladas en paraísos fiscales. En esta lista figura por ejemplo, el general Emmanuel Ndahiro, uno de los hombres de mayor confianza del presidente de Ruanda, Paul Kagame, que fue además responsable de los servicios de Inteligencia y Seguridad Nacional de Ruanda hasta 2011. En 1998 Ndahiro administraba una sociedad domiciliada en la Islas Vírgenes Británicas, Debden Investments, a la vez que ocupaba el cargo de portavoz presidencial. Toda la trayectoria de Ndahiro está ligada a la de Kagame desde hace años, lo que hace que este escándalo señale directamente al presidente africano, a pesar de las negativas del gobierno a admitirlo. El ministro angoleño de Petróleo, José María Botelho de Vasconcelos, que fue también presidente de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP en 2009, figura como representante legal de una sociedad, Medea Investment Limited, registrada también en las islas Vírgenes. Los documentos de Mossack Fonseca citan asimismo a Mamadie Touré, viuda de Lansana Conté, ex dictador y presidente de Guinea Conakry, como abogada en 2006 de Matinda Partners, otra sociedad de las Islas Vírgenes Británicas. Ese mismo año comenzó su relación con la empresa minera BSGR que, según las autoridades estadounidenses que investigan el caso, le habría pagado 5,3 millones de dólares en sobornos para obtener la concesión del yacimiento de hierro Simandou, el más rico del mundo.

El propietario de BSGR, Benny Steinmetz también figura en los papeles de Panamá y el lucrativo negocio que realizó en Guinea ilustra perfectamente el manual del expolio africano: poco antes de morir, Conté concedió a BSGR los derechos para explotar la mitad de la mina de Simandou a cambio de la promesa de una inversión de 120 millones deeuros. Dos años después Steinmetz vendió la mitad de su participación a la compañía brasileña Vale por 3.000 millones de euros. Otro magnate de la minería que aparece en estos documentos es Clive Khulubuse Zuman, sobrino del presidente sudafricano Jacob Zuma, propietario de dos compañías offshore Caprikat Limited y Foxwhelp Limited a las que el gobierno congoleño de Joseph Kabila concedió la explotación de dos campos petrolíferos valorados en 5.800 millones de euros. Otro miembro del clan Kabila que aparece en los papeles es la hermana del presidente, Jaynet Désirée Kabila, propietaria de la mitad de Keratsu Holding, una sociedad inscrita en la isla Niue, que posee el 20 % de Vodacon, uno de los principales operadores de telefonía del Congo. Sólo este dato da ya una idea de la enorme fortuna de la que hablamos. Pero la lista de miembros de las élites africanas con compañías offshore es mucho más larga con nombres pertenecientes al mundo de la judicatura, como el de Stuart Kirby, presidente del Tribunal de Apelaciones de Botsuana, o el de la vicepresidenta del Tribunal Supremo de Kenia, Kalpana Rawal. De acuerdo con los documentos, Rawal y su marido se valieron de varias compañías en el extranjero para comprar y vender propiedades en Londres y en sus alrededores. Están también ministros como el argelino Abdeslam Bouchouareb, titular de la cartera de Industria y Minería o Jean-Richard Itoua, ministro congoleño en el Gobierno de SassouNguesso; el secretario personal del rey Mohamed VI de Marruecos, Mounir Majidi; el ex gobernador del Estado nigeriano del Delta, James Ibori, actualmente en prisión, condenado a 13 años por fraude y blanqueo de dinero. Pero en el continente africano, como en el resto del mundo, los nombres de los corruptores y las empresas beneficiadas siguen sin copar titulares.