Moustapha Kémal Kebe, el responsable de proyectos de la red, nos recibe en la sede que comparten con otras entidades en Dakar. Kebe plasma una realidad muy distinta a la que se describe en España: Senegal es un país que acoge a tantas personas como las que emigran, y de las que migran, sólo un 13% va hacia Europa. Sin embargo, el experto critica un relato en el que las auténticas cifras en Europa no importan. Construir un problema mayor del real permite la injerencia europea en las políticas senegalesas, según su punto de vista.

¿Cuál es el trabajo de Remidev?

Trabajamos en tres niveles. Por un lado, hacemos incidencia política en defensa de los derechos de los migrantes; por otro, hacemos formaciones para capacitar a nuestros miembros en función de sus necesidades; y finalmente recogemos y compartimos información de calidad acerca de las migraciones a nivel nacional e internacional.

¿Cómo valoran las políticas de la Unión Europea ante las personas que migran desde el continente africano?

La UE ha estado interviniendo en África a nivel de migraciones desde hace varios años, pero el contexto ha variado mucho últimamente. En el caso de Senegal, desde 2006 hemos visto oleadas de jóvenes que se van en cayucos, y mueren o desaparecen en el mar, o lo mismo en el desierto, y países como España o Italia, que no tenían mucha relación con Senegal, han reforzado la cooperación. Una cooperación que se traduce en más financiación para el dispositivo de gestión de fronteras.

La Comisión Europea ha desplegado muchos dispositivos para la gestión de flujos migratorios, especialmente para la externalización de fronteras. Han firmado acuerdos con los países de salida y de tránsito para que estos últimos bloqueen los desplazamientos de población, a través de herramientas como el desarrollo de carnets de identidad y pasaportes biométricos, mecanismos para el registro y filtraje de migrantes, radares, pero también aviones y barcos que se han puesto a disposición de estos países para controlar las fronteras terrestres, marítimas y aeroportuarias. Se han destinado miles de millones de francos a este dispositivo para frenar el flujo migratorio.

¿A qué se debe la externalización de fronteras?

Se está externalizando la gestión porque los estados europeos son estados de derecho y no se pueden permitir según qué prácticas en el interior de la Unión, donde hay una Justicia y cierta democracia. Sin embargo hay ciertos dispositivos que si se aplican no se están respetando los derechos humanos, y se permiten pedir a países que no han alcanzado cierto nivel de democracia que los apliquen. Lo piden a los países de tránsito como Marruecos, Líbia o Níger, con graves problemas presupuestarios. Especialmente después de la Cumbre sobre las Migraciones de Valeta en 2015 [que reunió a jefes de estado africanos y europeos], la ayuda pública al desarrollo está condicionada a la gestión del flujo migratorio.

¿Esta cooperación destinada a frenar la migración cumple con su objetivo?

Después de muchos años de cooperación entre nuestros países y la UE, lo que constatamos es que hay tres puntos a tratar: el primero, las causas profundas de la migración irregular; el segundo, la promoción de la migración regular; y el tercero, la promoción del empleo juvenil. Hay programas de sensibilización y de formación, pero en mi opinión no funcionan. Cuando vamos sobre el terreno y hablamos con potenciales jóvenes migrantes, nos dicen que ya conocen los peligros de la migración irregular, pero que esto no les impide irse. Algunos de ellos se consideran muertos socialmente en Senegal, y la idea de morir otra vez no les inquieta.

Es por eso que pensamos que hay que cambiar de paradigma, intentar encontrar otros medios, porque tenemos una población mayoritariamente joven que aspira a encontrar empleos decentes. Estamos en un país donde el paro es muy elevado y los jóvenes intentan encontrar otros medios para sobrevivir y ayudar a sus familias. Si no les damos trabajos decentes, probarán todos los medios para irse.

¿Se está dando ese cambio de paradigma?

El dinero siempre va dirigido al primero de los tres puntos: la lucha contra la migración irregular, que es lo que más le interesa a la UE. Y luego está lo que llamamos la ‘realpolitik’. Se han firmado unos acuerdos que hablan de migración, pero al mismo tiempo se aprovechan para captar nuevos mercados. Somos un país que dispone de muchísimos recursos. En Senegal, dentro de dos o tres años se va a explotar petróleo y gas. Tenemos oro, zirconia, pesca, fosfatos… En definitiva, muchos recursos naturales. Más allá de los discursos sobre la migración irregular, todos los países están interesados en nuestro mercado. Eso hay que decirlo claro.

Los países de la UE no tienen esos recursos y los necesitan para su desarrollo. Es por eso que nuestros dirigentes tienen que tomar responsabilidades, y en la firma de los acuerdos para la explotación de estos recursos naturales tenemos que ser capaces de introducir cláusulas que permitan a los senegaleses desplazarse libremente como hacen los ciudadanos de otros países cuando vienen aquí.

¿Qué control de las fronteras se hace en África Occidental?

Tenemos un espacio comunitario, la CEDEAO (Comunidad Económica de Estados de África Occidental), donde la gente puede circular libremente. Sin embargo, constatamos que a la gente que va a Níger para llegar a Agadez se les bloquea para impedir que vayan a Libia o a Argelia. Hay mucha gente que invierte en dispositivos de control, pero esto no impide que la gente se vaya, porque hay muchos medios para hacerlo. Hay control marítimo, pero a nivel terrestre los senegaleses pueden coger un bus, o un avión, e ir a Marruecos para intentarlo desde ahí. Otros se van a la ruta de Níger, y no se les puede impedir la libertad de movimiento. Podrían ser migrantes pero también viajeros o comerciantes. No es un delito cruzar la frontera de Senegal, sino que es un derecho reconocido a nivel internacional, especialmente en la Declaración Internacional de los Derechos Humanos.

Pero desde Europa se pide el control exhaustivo de las salidas.

No podemos pedir a los países africanos que cierren las fronteras al mismo tiempo que se les pide que las abran para los bienes, servicios y empresas europeas. Actualmente estamos negociando la situación del Acuerdo de Cotonú, el acuerdo económico entre la UE y los estados de África, el Caribe y el Pacífico, y se nos pide a los países africanos la apertura de las fronteras para un 70% de productos europeos. Algunos de estos productos han sido subvencionados y cuando vengan a nuestro país no pagarán impuestos en la aduana. Esto va a perjudicar a las empresas locales. Por ejemplo, las pequeñas y medianas empresas que producen leche estarán obligadas a cerrar si entra leche subvencionada de Europa sin pagar impuestos. Si estas empresas cierran, la consecuencia directa será que las personas tengan que migrar.

Se nos está obligando a firmar acuerdos que causan la migración irregular. El caso de la pesca es similar. Firmamos acuerdos con grandes barcos extranjeros que vienen a robarnos los recursos, y los pescadores locales, que se quedan sin peces, están obligados a migrar. Hay cuestiones impuestas por la Unión Europea que están en la base de la migración irregular.

¿Cuál es la situación de las vías reguladas de migración?

Ha habido un endurecimiento de las condiciones de los países de la UE para dar visado. El proceso es cada vez más largo y hay un aumento descomunal de los costes. Los últimos estudios han constatado, por ejemplo, que el año pasado hubieron 19.000 solicitudes de visados a Francia desde Mali, lo que representó 760 millones de francos CFA [1 millón de euros] para Francia. Hay una externalización de las gestiones, que se han convertido en un negocio. Dicen que quieren endurecer el acceso a los visados pero no deja de ser una forma de enriquecerse. Esto es algo que venimos denunciando desde hace años.

Las autoridades senegalesas, pero también a nivel africano, tienen que asumir responsabilidades para que estos países dejen de tratar así a los africanos. La espera es larga, y el hecho de tener que esperar hasta el último minuto también encarece los billetes de avión. Una vez en la UE los controles son a menudo humillantes. Lo que le pedimos a Senegal es que aplique las políticas de forma recíproca; si España pide visados a los senegaleses, Senegal también debería pedirlos a los españoles. Sería lo mínimo.

¿Cuál es la relación actual entre Senegal y España?

En 2008, España y Senegal firmaron un acuerdo de readmisión, que permite a España repatriar a los senegaleses. No estamos de acuerdo en esto, pero lo que nos preocupa realmente es que cuando estas personas son repatriadas, la sociedad civil no es informada. La información que tenemos de las repatriaciones es a través de los medios, dos o tres días después de haber sido repatriados. A veces ni tan solo los medios están al corriente.

Tenemos que pedir al gobierno senegalés y a la OIM (Organización Internacional por las Migraciones), que en caso de repatriación, nos permitan hacer un seguimiento para ver las condiciones en las que han sido repatriados y organizarnos para ofrecer un apoyo. En Senegal, tenemos que ver cómo podemos dar información a los repatriados para su reinserción económica y social. Desafortunadamente, se les trae de vuelta sin ningún tipo de información ni seguimiento.

¿Qué ocurre con una persona deportada en el momento que llega al aeropuerto de Dakar?

Los testimonios de los repatriados que volvieron entre 2006 y 2008 nos cuentan que a la llegada les daban 10.000 CFA [15 euros] para que volvieran a sus casas. Unos años más tarde hubo una organización que les daba 100.000 CFA [152 euros], pero esto es en función de los programas y la financiación que haya en cada momento. En el caso de la oleada que llegó de España en septiembre del año pasado, en los dos primeros aviones no les ofrecían dinero y en los otros sí. No sabemos el criterio.

¿Y qué representan esos 150 euros?

Los 100.000 CFA son el máximo que se les ha dado. Habría que evaluar las cantidades que se destinan y el impacto que tiene estos programas en las vidas de la gente. ¿Imagináis alguien que ha pasado varios años en un país, que ha trabajado, ha podido ahorrar algo y lo devuelven de repente a su país sin poder ni siquiera coger sus bienes? Ese dinero no es mucho tampoco para una persona que vive en Senegal, y la situación es muy compleja. Cuando llegan se sienten frustrados, tristes, avergonzados por no haber logrado establecerse en su lugar de destino.

Estos sentimientos crean un clima enrarecido en las familias, muchas de las cuales han dado apoyo financiero a los viajes. Mucha gente se avergüenza y en vez de volver a casa se quedan en Dakar u otras ciudades para encontrar los medios o la ocasión para poder irse otra vez. Europa gasta mucho dinero en devolver a los inmigrantes, y no sirve de nada, porque seis meses más tarde intentan irse otra vez. Si este dinero fuera invertido aquí podríamos destinarlo al desarrollo con estas personas para que no necesiten volver a irse.

También hay quien decide volver voluntariamente.

Hay migrantes de regreso voluntario y forzoso, y hay algunas devoluciones forzosas que las calificamos de voluntarias. Muchos de los senegaleses que han vuelto de Libia fruto de la colaboración entre la OIM y el Estado de Senegal nos cuentan que no lo han hecho de forma voluntaria, que han sido forzados. La OIM recibe financiación para el retorno voluntario. Por eso siempre abordamos con prudencia la cuestión del retorno voluntario, para saber a través de los propios migrantes si se tratan de retornos voluntarios o no.

Este reportaje forma parte del proyecto ‘Deportaciones’, del centro Irídia, que ha recibido el apoyo de la Beca DevReporter 2019, impulsada con financiación del proyecto Frame, Voice, Report! de la Unión Europea, el Ayuntamiento de Barcelona y la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo.

Puedes leer aquí la primera y la segunda entrega.