El ‘súperregulador’ que echó a andar en octubre de 2013 ha impuesto a la primera constructora española un total de 82.913.513 euros en multas por esas prácticas ilegales, más que a ninguna otra empresa. ACS es también, junto a Abengoa, la única gran compañía que ha sido multada por la CNMC por participar en esos acuerdos ilícitos en hasta tres expedientes distintos resueltos por el organismo.

Este expediente ha propiciado que por primera vez la CNMC haya planteado al Ministerio de Hacienda que prohíba a la Administración contratar a las infractoras, tal y como prevé la nueva Ley de Contratos Públicos, y ha llevado a Adif a anunciar que les pedirá daños y perjuicios. Con esas cuatro sanciones, la empresa que preside Florentino Pérez ha pasado a liderar el ránking de multas por cárteles de la CNMC. Hasta ahora era octava, empatada con Caixabank.

Esos 82,9 millones equivalen a lo que facturó ACS en España en 2018 en 5,8 días y comprenden seis sanciones en poco más de tres años recogidas en tres expedientes resueltos entre enero de 2015 y marzo de 2019, todos relacionados con presuntos amaños de contratos de la Administración pública. A día de hoy, la constructora no ha pagado ninguna multa y la primera de ellas ha sido ya anulada en los tribunales por un defecto de forma en la instrucción del expediente.

Se trata del denominado cártel de la basura, por el que en enero de 2015 la CNMC impuso 98,2 millones en sanciones a 42 empresas y asociaciones dedicadas a la limpieza urbana y el tratamiento de residuos. Urbaser y Sertego, entonces filiales de ACS, recibieron la mayor multa (23,2 millones), pero la resolución fue anulada por la Audiencia Nacional en dos sentencias dictadas en diciembre de 2017 y febrero de 2018. La CNMC volvió a abrir expediente sancionador a las infractoras hace un año, aunque esas dos filiales ya no son de ACS: las vendió a un grupo chino en 2016.

La segunda sanción, que la constructora también tiene recurrida, ascendió a 8.567.000 euros y fue impuesta en diciembre de 2015 a Dragados por participar en el denominado cártel de los barracones escolares. Junto a otras seis empresas, la filial de ACS pactó entre 2008 y 2013 el reparto ilegal de adjudicaciones de licitaciones de suministro de construcciones modulares destinadas a colegios e institutos públicos en Andalucía, Castilla-La Mancha, Cataluña, Murcia y Valencia.

En Valencia, las adjudicaciones dependían de la empresa pública Ciegsa, que según la investigación del caso Taula permitió a los gobiernos del PP en esa comunidad autónoma acometer un expolio de fondos públicos aprovechando la construcción de centros escolares, con sobrecostes que la Intervención de la Generalitat cifró en más de mil millones en un informe conocido días antes de hacerse pública la resolución de la CNMC.

Por delante de Procter & Gamble

Hasta ahora, la primera empresa en el ránking de multas de la CNMC era Procter & Gamble (P&G), tras la sanción de 68,5 millones que recibió en mayo de 2016 su filial Arbora & Ausonia (adquirida por la estadounidense en 2012) por participar en un cártel de fabricantes de pañales para adultos.

Tras ella figura el Grupo Volkswagen, con trece sanciones por importe de 53,2 millones recogidas en dos expedientes resueltos en 2015. P&G y Volkswagen se libraron de pagar esas multas, porque denunciaron y documentaron los hechos y se acogieron al denominado programa de Clemencia de la CNMC, que otorga reducciones o exenciones de las sanciones a las empresas que participan en un cártel y deciden destapar su existencia.

No consta que ACS, que ni menciona las millonarias multas que le acaba de imponer la CNMC en el apartado de «hechos posteriores» de las cuentas anuales que publicó el miércoles, se haya acogido a esa medida de gracia. La constructora, que no ha querido hacer comentarios, tiene actualmente abiertos otros tres expedientes sancionadores de la CNMC, de los que dos corresponden a licitaciones de la Administración pública.

Se trata de un expediente relativo a servicios de seguridad y comunicaciones en la red ferroviaria en el que se investiga, entre otras, a su filial Cobra; otro en el sector de la construcción y rehabilitación de edificios públicos que afecta a Dragados y a sus rivales Acciona, Corsán-Corviam, FCC, Ferrovial y Sacyr; y otro en el mercado de los servicios de montaje y mantenimiento industrial en la industria energética que afecta a sus filiales MAESSA, MASA y Moncobra, junto a otras 23 empresas.