Fuente: http://omal.info/spip.php?article9244 JUEVES 16 DE JULIO DE 2020
El entramado de las ayudas públicas a grandes empresas en el contexto COVID-19 puede seguirse a través de los actores institucionales, herramientas y procedimientos de las ayudas. Como también algunas de las empresas que son respaldadas por los Estados y que tienen un currículum socioambiental cuestionable.
Frente a ello, es posible poner en marcha una serie de propuestas adicionales concretas y viables en el corto plazo para una reconstrucción económica que revierta la creciente desigualdad y frene la crisis ecológica.
- 1. ¿Quién decide sobre las ayudas públicas?
- 2. ¿Cómo lo hacen?
- 3. ¿Cómo debería ser el rescate al tejido económico hacia una transición socioecológica justa?
- 4. Empresas rescatadas I: Iberia y Vueling
- 5. Empresas rescatadas II: NH
- 6. Empresas rescatadas III: Clece
- 7. Empresas rescatadas IV: Cepsa
- 8. Glosario
1. ¿Quién decide sobre las ayudas públicas?
1.1. Unión Europea
Banco Central Europeo (BCE)
- ¿Quién lo dirige?
El Consejo de Gobierno es el principal órgano rector del BCE. Está formado por los seis miembros del Comité Ejecutivo y los gobernadores de los bancos centrales nacionales de los 19 países de la zona euro.
- ¿Qué tipo de ayuda presta?
Compra de deuda de grandes empresas (bonos y pagarés). En caso de quebrar la empresa, la deuda comprada es asumida, mediante diferentes procedimientos, por el Banco Central Europeo y/o los bancos centrales de cada Estado miembro proporcionalmente a su población y PIB.
Programa de Compras de Emergencia para la Pandemia (PEPP) – subprograma del Quantitative Easing (QE): 1.350.000 millones €.
Tipos de compra de deuda:
a. Compra de deuda publica.
b. Compra de deuda corporativa.
c. Otros tipos de bonos.
Banco Europeo de Inversiones (BEI)
- ¿Quién lo dirige?
El órgano ejecutivo es el Comité Director formado por altos cargos en ministerios y otras instituciones públicas de los diferentes países de la UE. El Consejo de Administración está formado por altos cargos de los ministerios de Economía.
- ¿Qué tipo de ayuda presta?
Prestamos y avales – En caso de quebrar la empresa la pérdida se socializa, asumiéndola el Banco Europeo de Inversiones y por tanto sus accionistas que son cada uno de los 27 Estados miembros de la Unión Europea.
Fondo de emergencia Covid-19: 40.000€ millones.
Tipos de préstamos y avales:
a. Líneas de liquidez para bancos por nuevos préstamos adicional a PYMES.
b. Garantías para bancos sobre nuevos préstamos concedidos.
c. Compra de deuda de bancos garantizada por préstamos liberando a los bancos del riesgo.
Fondo de Garantías: 25.000€ millones
1.2. Estado español
Instituto de Crédito Oficial (ICO)
- ¿Quién lo dirige?
La Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
- ¿Qué tipo de ayudas presta?
Avales, compra de deuda corporativa (pagares): ayudas reembolsables, si quiebra la empresa, se hace cargo el Estado.
a. Línea avales arrendamiento COVID–19: 1.200€ millones
b. Línea avales para la liquidez de autónomos y empresas: 100.000€ millones que se reparte en:
b.1. Avales para liquidez a PYMES y autónomos: 67.500€ millones
b.2. Avales a PYMES y autónomos del sector turístico: 2.500€ millones
b.3. Incremento de garantías financieras de PYMES: 500€ millones
b.4. Avales a empresas y autónomos para adquirir o arrendar vehículos: 500€ millones
b.5. Avales a empresas no PYMES: 25.000€ millones
b.6. Compra y avales a pagarés de empresas: 4.000€ millones
c. Línea avales ICO Thomas Cook/COVID–19 a empresas turísticas: 400€ millones
d. Línea de avales para inversión para empresas 40.000€ millones
Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI)
- ¿Quién lo dirige?
Adscrita al Ministerio de Hacienda.
- ¿Qué tipo de ayudas presta?
Participación en empresas, ayudas reembolsables e indirectas.
Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas: 10.000€ millones
Ayudas indirectas a empresas
Contratos adjudicados vía la línea de emergencia y colaboraciones público-privadas (CPPs): 2.140€ millones por parte del Gobierno central y autonómicos (14 de marzo – 21 de junio).
Alivio fiscal para empresas, PYMES y autónomos.
Banco Central Europeo (BCE)
El equipo técnico de los 6 Bancos Centrales de Alemania, Francia, Italia, España, Bélgica y Finlandia elige en nombre del BCE qué bono/deuda corporativa compra según sus criterios de estabilidad financiera de la empresa, riesgo financiero/calidad de la deuda, situación de los mercados financieros, etc.
El BCE se queda con los bonos, y no los vende hasta que se amortizan años más tarde (hasta 30 años). Es una forma de inyección de liquidez para la empresa; se crea dinero de la nada.
Solo las empresas más grandes, como las del IBEX35 pueden acceder a este tipo de ayuda. Por ejemplo: Total, Airbus, Shell, Akzo Nobel, E.on, OMV, Carrefour, Suez, Repsol, Naturgy, Iberdrola, CEPSA y Red Eléctrica.
El BCE no publica la cantidad de deuda que compra según empresa. Solo los nombres de las compañías y la fecha de vencimiento del bono.
Banco Europeo de Inversiones (BEI)
El BEI proporciona liquidez a los bancos privados y públicos (por ejemplo el ICO) para que puedan prestar dinero a la economía real. En el caso de las líneas de crédito, el BEI presta dinero a los bancos por un porcentaje y ellos lo prestan a las empresas. En los avales, el banco europeo asume un porcentaje del riesgo del préstamo, el resto lo asume la entidad bancaria.
Los bancos eligen las empresas según sus criterios internos, por ejemplo, la estabilidad financiera de la empresa, sin tener en cuenta criterios socioambientales.
El BEI solo proporciona información detallada sobre las corporaciones seleccionadas para recibir ayuda pública si el promotor del proyecto no ha presentado objeciones legales por su confidencialidad.
La información proporcionada por la lista de proyectos financiados desde el anuncio del paquete de emergencia del BEI en marzo de 2020 sí ilustra a qué sectores va el dinero público: desde el comienzo de la pandemia, 30 proyectos para líneas de crédito para bancos, 16 proyectos para el sector energético, 12 para transporte pero solo 4 para proyectos de salud.
El BEI se ha ganado la reputación de financiar grandes proyectos de infraestructura (Plan Juncker) y de impulsar la privatización de servicios públicos, como salud, transporte y energía, mediante la promoción de colaboraciones público-privadas.
Instituto de Crédito Oficial (ICO)
El ICO proporciona liquidez a los bancos privados y públicos para que puedan prestar dinero a la economía real. El procedimiento para la compra y aval de los pagarés es:
la empresa emite pagarés que compra o avala el ICO asumiendo el riesgo de devolución de los fondos recibidos por la empresa.
Los bancos que realizan la intermediación son, entre otros, el Banco Sabadell, Bankia, Bankinter, BBVA, Caixabank, Ibercaja, Liberbank, Santander y Unicaja Banco. Deciden las condiciones del préstamo avalado por el Estado, aunque está parcialmente regulado, y ponen los criterios de selección de la empresa.
Empresas que han recibido aval: Iberia, Vueling; OHL i NH Hoteles.
La información de las empresas que han recibido este apoyo se ha obtenido por los medios de comunicación y no por fuentes oficiales.
3. ¿Cómo debería ser el rescate al tejido económico hacia una transición socioecológica justa?
Transparente
Es necesario un escrutinio público hoy día inexistente a través de:
- La publicación en la página web y en los informes anuales de los organismos e instrumentos de: a) el nombre de las empresas que hayan recibido financiación pública, su cuantía y condiciones, b) encuentros producidos entre las empresas y sus representantes y las administraciones.
- La creación de órganos de supervisión de las ayudas públicas y las empresas.
Justo
Se deben priorizar las ayudas a aquellas empresas cuya actividad contribuya a una transición socioecológica justa y un cambio en el modelo de provisión y gestión de servicios y bienes. Por ello se deben condicionar las ayudas a estrictos criterios en el que se excluyan por motivos:
- Climáticos: que contribuyen al cambio climático y que nos alejan del cumplimiento del Acuerdo de París como el sector fósil, la aviación, la agroindustria o el sector automovilístico.
- Medioambientales: con un historial de denuncias de impactos sobre el agua, los recursos, la biodiversidad y denuncias por contaminación.
- Derechos humanos: que incumplan legislación española de DDHH o con procesos abiertos en tribunales internacionales de DDHH.
- Sociales y de genero: con claros impactos sociales negativos como aquellas del sector del juego, del armamento, o que precaricen los cuidados.
- Financieros: que hayan obtenido beneficios sustanciales y/o repartido recientemente dividendos extraordinarios, grupos implicados o condenados por corrupción o por delitos económicos graves y que tengan filiales en paraísos fiscales.
Efectivo
Aquellos rescates que se produzcan deben exigir el cumplimiento de cláusulas exigentes en materia social, de género, ambiental y climática, incluyendo un plan de reducción de las emisiones en línea con el Acuerdo de París. Así mismo se debe exigir:
- La prohibición de despidos en los 6 meses siguientes a la finalización de los ERTEs.
- La prohibición de repartir dividendos hasta la total devolución de las ayuda.
- La obligación de aceptar cierto control de la empresa por parte del Estado y de las personas trabajadoras hasta la devolución de las ayudas.
- Una limitación drástica de la retribución máxima los ejecutivos de la empresa.
- La renuncia a la posibilidad de demandar al Estado español.
- La obligación de tributar en el Estado español.
4. Empresas rescatadas I: Iberia y Vueling (IAG)
Sector: Aviación
Actividad: Transporte de pasajeros, mantenimiento de aviones, asistencia en aeropuertos y carga aérea.
IAG es el tercer grupo de aerolíneas por ingresos de Europa y sexto del mundo.
Cuenta con una flota de 598 aeronaves.
El accionista único de Iberia y Vueling es IAG (International Airlines Group), grupo al que pertenecen también British Airways y Aer Lingus.
El primer accionista de IAG son las líneas aéreas de Qatar, con un 25%.
IAG cotiza en las bolsas de Madrid y de Londres, y después de Qatar Airlines sus mayores inversores son fondos de inversión internacionales.
Ingresos 2019: IAG 25.506€ millones (Iberia 5.645, Vueling 2.455)
Beneficio 2019: IAG 1.715€ millones
En 2019, IAG repartió dividendos a sus accionistas por un total de 1.308€ millones.
De ellos 700 millones aproximadamente corresponden a un dividendo extraordinario propuesto por el Consejo de Administración.
Impactos / denuncia:
- Climáticos/Medioambientales
Aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero (el sector podría triplicar sus emisiones de aquí a 2050).
Pérdida de biodiversidad, fragmentación del territorio y paisaje asociado a construcción de infraestructuras y desarrollo del urbanismo por el turismo asociado.
Agotamiento y contaminación de acuíferos y zonas costeras asociados a ese urbanismo
- Sociales/de género
Masificación de ciudades y gentrificación de barrios asociados al turismo de masas.
En 2017 fue condenada por la inspección de trabajo por obligar a hacer el test de embarazo antes de contratar a mujeres.
- Otros: fiscales, corrupción, puertas giratorias
Proliferación de nuevas construcciones y ampliaciones aeroportuarias innecesarias. Política de subvenciones estatales y autonómicas y desregulación del sector.
Diversas ventajas fiscales
Exposición del dinero público a un sector que posiblemente enfrente reducciones vía regulaciones climáticas o vía presión popular sobre el consumo.
Apoyo del Estado en un préstamo de 1.010 millones de euros a Iberia y Vueling (750 y 260 respectivamente) mediante:
Préstamo del ICO por 190 millones de euros.
Aval del Estado a través del ICO por 568 millones de euros (70% de préstamos bancarios por 811 millones de euros).
Adicionalmente:
Iberia: ERTE por tres meses de 13.900 empleados (6).
Vueling: ERTE por tres meses de 3.800 empleados.
Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas: previsibles ayudas financieras adicionales en forma de capital, destinadas a la compra de Air Europa.
Condiciones/obligaciones vinculadas a las ayudas:
- Avales ICO:
No encontrase formalmente en crisis previamente al COVID.
No aplicar las ayudas a amortizar deudas anteriores.
No utilizar paraísos fiscales para eludir impuestos.
- Préstamo ICO:
Algunas limitaciones al reparto de dividendos (las mismas que los bancos).
ERTE:
No tener el domicilio fiscal en un paraiso fiscal (sí pueden tenerlo las filiales).
Algunas limitaciones al reparto de dividendos en el mismo ejercicio.
- Peticiones de la campaña:
Exclusión de cualquier programa de apoyo financiero público (excepto los ERTEs) por:
– Actividad incompatible con los objetivos del Acuerdo de París y de descarbonización y transición ecológica de la UE.
Inaceptable comprometer fondos públicos en beneficio de un grupo internacional, cuyo principal propietario son las líneas aéreas estatales de otro país (con un régimen antidemocrático).
Escrutinio exhaustivo del aval del ICO ya formalizado por la alta probabilidad de socializar pérdidas.
Cualquier apoyo financiero público ya comprometido deberá conllevar cláusulas que especifiquen:
a. El compromiso vinculante de reducir y alinear los impactos climáticos de la aviación a los objetivos establecidos en el Acuerdo de París e incluir un plan de reducción intrínseca de la actividad.
b. El establecimiento de una hoja de ruta para una descarbonización completa antes de 2040, con hitos intermedios al menos cada cinco años y sin posibilidad de recurrir a compensaciones. Deberá incluir la planificación de medidas de preparación de sus recursos humanos para un futuro escenario de descarbonización.
c. La no oposición a un sistema de gravamen a la aviación (vía IVA, tasación del queroseno y de los viajes frecuentes…) que elimine los actuales privilegios fiscales de los que goza el sector.
d. Fuerte incremento de la inversión en investigación e innovación, y objetivos concretos de utilización de combustibles más limpios como el e-queroseno sintético producido mediante energías renovables.
e. El compromiso de no aumentar las flotas y de no implementar estrategias de crecimiento mediante la compra de acciones o de compañías rivales.
f. Las obligaciones de la empresa en materia social, de género, ambiental y climática, recogidas en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional del Trabajo y al resto de convenios vinculantes sobre dichos ámbitos, aplicables tanto a la empresa receptora de las ayudas, como a sus filiales, contratistas y subcontratistas fuera del Estado español.
g. La prohibición de repartir dividendos hasta haberse completado la devolución de las ayudas.
h. La limitación de la retribución máxima por todos los conceptos a los ejecutivos de 20 veces el sueldo más bajo de la empresa.
i. La renuncia a la posibilidad de demandar al Estado, incluyendo desde filiales extranjeras, por cualquier medida adoptada en el marco de la lucha contra la pandemia y de los posteriores programas de recuperación y/o medidas en favor de una transición socio-ecológica justa.
j. La obligación de tributar en el Estado español, desmantelando cualquier estructura societaria encaminada a eludir el pago de impuestos no sólo desde los paraísos fiscales reconocidos como tales sino los encubiertos, como Luxemburgo, Holanda, etc.
k. La obligación de, en caso de haberse acogido a un ERTE, no llevar a cabo despidos durante los 6 meses meses una vez finalizado el ERTE.
l. La obligación de incorporar en su Consejo de Administración a representantes de los trabajadores y del Estado, hasta la fecha de devolución íntegra de las ayudas.
m. La prohibición de aceptar en su Consejo de Administración a personas que hayan ejercido un cargo público en los últimos 5 años.
Sector: turismo – hotelero
Actividad: Cadena hotelera entre las 10 primeras de Europa y las 30 primeras a nivel mundial.
Explota 361 hoteles en 29 países.
94,1% Minor International, un grupo tailandés hotelero, de restauración y comercial cotizado en la Bolsa de Bangkok y cuyos principales accionistas son multimillonarios asiáticos. Cuenta con 355 hoteles (incluyendo los de NH), 2.300 restaurantes y 475 tiendas de múltiples marcas.
Facturación 2019: 1.718€ millones
Beneficio 2019: 90€ millones
Adquirida en 2018 por 2.327€ millones
Su calificación crediticia por las principales agencias de rating es “Calidad crediticia pobre/dudosa. La capacidad a largo plazo es baja”.
Impactos/denuncia:
- Climáticos:
El sector turístico en su totalidad representa un 8% de las emisiones mundiales.
Las llegadas de turistas a nivel mundial en 2019 fueron de 1.500 millones, suponiendo un crecimiento del 64% en la última década. La expectativa hasta la COVID19 era crecer un 3-4% en 2020.
La aviación, un sector con un impacto climático al alza, contribuye de forma importante a este aumento del turismo, con un aumento del ratio pasajero-kilómetro recorrido del 5% anual en el periodo 2009-2019.
- Medioambientales:
El auge del turismo también ha espoleado el crecimiento del sector de los cruceros, que ha pasado de 9,3 millones de pasajeros en el año 2003 a casi 30 millones en 2018. Los cruceros generan problemas de contaminación por emisiones de óxidos de azufre (SOx). España se sitúa a la cabeza en este problema en Europa, siendo Barcelona y Palma las ciudades más afectadas.
La presión del turismo en el consumo de energía, agua y tierra es enorme en el Estado español, segundo en la lista mundial en número de turistas.
Las cadenas como NH están entre las más importantes del mundo posicionadas en hostelería de lujo en países del Sur, donde ejercen una presión considerable sobre los espacios protegidos.
- Sociales/de género:
Las grandes infraestructuras necesarias para el turismo (carreteras, aeropuertos…) benefician a las empresas turísticas pero son acometidas por los gobiernos con dinero público, en detrimento de otros sectores necesarios como la sanidad o la educación.
Las condiciones de trabajo de las camareras de piso son muy precarias. NH infringió además su derecho de huelga en hoteles de Bilbao, según una inspección de Trabajo.
- Otros:
El valor del suelo para desarrollos turísticos ha vinculado a grandes empresas inversoras con empresas de turismo clásicas, por las posibilidades de construir y especular convirtiendo al turismo en un poder transnacional con capacidad de doblegar posiciones políticas locales en materia de urbanismo.
Ayudas públicas recibidas:
Aval del ICO a préstamos bancarios firmados en abril por importe de 225 millones de euros a 3 años.
ERTE de 3.236 empleados inicialmente, cifra que se ha ido reduciendo posteriormente. El Estado paga a los trabajadores y exonera a la empresa de su contribución a la seguridad social. Primera empresa en anunciar su intención de seguir prorrogando el ERTE hasta octubre.
Posibilidad de exonerarse del pago del 50% de las cuotas de la Seguridad de los empleados fijos discontinuos entre julio y octubre, ambos inclusive.
Condiciones/obligaciones vinculadas a las ayudas:
- Avales ICO:
No encontrase formalmente en crisis previamente al COVID.
No aplicar las ayudas a amortizar deudas anteriores.
No utilizar paraísos fiscales para eludir impuestos.
- ERTE:
No tener el domicilio fiscal en un paraíso fiscal (sí pueden tenerlo las filiales).
Algunas limitaciones al reparto de dividendos en el mismo ejercicio.
- Peticiones de la campaña:
Exclusión de cualquier programa de apoyo financiero público (excepto los ERTEs). No es admisible destinar fondos públicos a una compañía cuyo accionista mayoritario (94,1%) es una multinacional extranjera, cuyos accionistas principales son diversos multimillonarios.
Respecto al aval del ICO recién formalizado es uno de los importes más elevados conocidos otorgados a una sola compañía por el ICO. Escrutinio exhaustivo de las ayudas ya concedidas, ante la probabilidad de conllevar pérdidas y la socialización de las mismas.
Cualquier otra ayuda comprometida previamente y los ERTES deberán conllevar cláusulas que especifiquen:
a. Las obligaciones de la empresa en materia social, de género, ambiental y climática, acordes al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional del Trabajo y al resto de convenios vinculantes sobre dichos ámbitos, aplicables tanto a la empresa receptora de las ayudas, como a sus filiales, contratistas y subcontratistas fuera del Estado español.
b. La obligación de diseñar y ejecutar un plan de disminución drástica de emisiones que deberá ser hecho público y presentado al Gobierno en un plazo de 3 meses tras la firma del contrato.
c. La prohibición de repartir dividendos hasta haberse completado la devolución de las ayudas.
d. La limitación de la retribución máxima por todos los conceptos a los ejecutivos de 20 veces el sueldo más bajo de la empresa.
e. La renuncia a la posibilidad de demandar al Estado, incluyendo desde filiales extranjeras, por cualquier medida adoptada en el marco de la lucha contra la pandemia y de los posteriores programas de recuperación. Dicha renuncia debería tratar de hacerse extensible al dueño del 94,1% de la empresa.
f. La obligación de tributar en el Estado español, desmantelando cualquier estructura societaria encaminada a eludir el pago de impuestos no sólo desde los paraísos fiscales reconocidos como tales sino los encubiertos, como Luxemburgo, Holanda, etc.
g. La obligación de no llevar a cabo despidos durante los 6 meses una vez finalizado el ERTE.
h. La obligación de incorporar en su Consejo de Administración a representantes de los trabajadores y del Estado, hasta la fecha de devolución íntegra de las ayudas.
i. La prohibición de aceptar en su Consejo de Administración a personas que hayan ejercido un cargo público en los últimos 5 años. La renuncia debería hacerse extensiva al accionista dueño del 94,1% de la empresa.
6. Empresas rescatadas III: Clece
Sector: cuidados y mantenimiento urbano
Actividad: Empresa multiservicios, vende servicios de cuidados, mantenimiento, limpieza, restauración, jardinería, logística interna y seguridad.
Tiene 39 filiales repartidas en 10 sectores de actividad.
Accionistas:
Clece es propiedad 100% de ACS, y concentra su negocio de servicios a las personas, mantenimiento de edificios, ciudades y entorno. El accionariado del Grupo ACS es el siguiente:
Florentino Pérez, presidente de ACS así como del Club de fútbol Real Madrid: primer accionista con un 12,6%.
Los empresarios Alberto Cortina y Alberto Alcocer, investigados por casos de corrupción, a través de Corporación Financiera Alcor, con otro 8,6%.
Les siguen instituciones transnacionales como Société Générale, con una participación del 5,3%, el gestor de fondos BlackRock con un 4,9% y Goldman Sachs con un 3%.
Facturación 2019: 1.579€ millones (creciendo al 12% anual entre 2003 y 2018)
Beneficio bruto 2019: 94€ millones
Beneficio neto 2019: 38€ millones
ACS, la matriz de Clece, ha repartido solo en 2020 dividendos por 630€ millones.
Impactos/denuncia:
- Sociales/de género
Clece se fundó en 1992, y tiene registradas numerosas denuncias de abusos laborales desde hace más de 10 años, tanto por parte de las trabajadoras de la filial, como de Inspección de Trabajo o de instancias municipales que alegan incumplimiento de contratos establecidos para la provisión de sus servicios.
Las denuncias hacen referencias a la precariedad laboral y situaciones de abuso: jornadas laborales por encima de lo que marcaban sus contratos, remuneración baja o no ajustada, contratos temporales en lugar de indefinidos marcados por convenio, despidos improcedentes, trabajo con materiales insuficientes o en mal estado, entre otras.
El 80,81% de la plantilla de Clece está conformado por mujeres, y el 51% de la misma están en la franja de edad de los 45 a los 60 años (datos de 2018). Además, el 11,6% del personal, 8.749 trabajadoras, forman parte de colectivos de especial atención o en situación de riesgo de exclusión, como son las personas con diversidad funcional, mujeres víctimas de violencia de género, personas en riesgo de exclusión y jóvenes en desempleo de larga duración. Es por este motivo que su situación podría ser de mayor vulnerabilidad, y podrían requerir condiciones adaptadas a su trabajo, pero en cambio malas condiciones han sido reportadas por algunos de estos colectivos.
- Fiscales, corrupción, puertas giratorias
Clece se ha visto involucrada en denuncias de casos de puertas giratorias y de presunto delito de cohecho aunque en este último fuera exonerado.
Ayudas públicas recibidas:
Recibidos al menos 7€ millones en contratos por la vía de emergencia en la Comunidad de Madrid, relativos a servicios de limpieza de 32 hoteles, el Hospital de Campaña Ifema y otros dos servicios relativos a la empresa pública del metro de Madrid. En el caso del Hospital de Campaña Ifema ha seguido supuestamente recibiendo compensación incluso con el hospital ya clausurado.
También ha recibido tres contratos públicos por la vía de emergencia por parte del Ministerio de Defensa: el servicio de limpieza intensiva del Centro Militar de Farmacia de la Defensa, el del Hospital General de Zaragoza y el del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla.
Condiciones/obligaciones vinculadas a las ayudas:
El otorgamiento de los contratos por vía de emergencia se hace sin concurso público. La poca transparencia en las que se han tramitado ha sido objeto de crítica.
Peticiones de la campaña:
Obligaciones en materia social, de género, ambiental y climática, aplicables tanto a la empresa, como a sus filiales y contratistas dentro y fuera del Estado español.
Cualquier contrato por la vía de emergencia ya comprometido deberá incorporar:
a. Obligación de incorporar en espacios de decisión representantes de los trabajadores y del Estado hasta concluir la ejecución.
b. Renuncia de Clece a demandar al Estado por cualquier decisión adoptada en el marco de la lucha contra la pandemia y de los posteriores programas de recuperación.
c. Limitación de la retribución máxima por todos los conceptos a los ejecutivos de 20 veces el sueldo más bajo de la empresa.
d. Obligación de tributar en el Estado español y desmantelar cualquier estructura societaria encaminada a eludir el pago de impuestos.
e. En relación a los ERTEs: revisión de los mismos según contratos con las instituciones públicas y penalizaciones en caso de destruir empleo en un plazo de 6 meses una vez finalizados.
7. Empresas rescatadas IV: Cepsa
Sector: petróleo
Actividad: Exploración y producción de petróleo y gas, refino, transporte y comercialización de los derivados petrolíferos y del gas natural.
Accionistas:
Mubadala Investment Companel (67%): fondo soberano de Abu Dhabi. Equivalente al 20% del PIB del Estado español.
Carlyle (33%): fondo de inversión estadounidense, uno de los mayores fondos de capital riesgo del mundo, cuyo origen se vincula a miembros de la Administración de EEUU, entre ellos los dos presidentes Bush que trabajaron como asesores y consejeros. Gestiona 217.000$ millones.
Facturación 2019: 23.859€ millones
Beneficio 2019: 820€ millones
En 2019 realizó múltiples repartos de dividendos, tanto ordinarios como extraordinarios, distribuyendo a sus accionistas un total de 1.100€ millones
Cepsa pagó en 2019 a su consejero delegado saliente 9,35€ millones de retribución y bonus.
Impactos/denuncia:
- Climáticos
CEPSA es la quinta empresa que más contribuye al cambio climático en España (4.686.458 toneladas de CO2 en 2018).
Ha participado en proyectos de gasoductos como el MEDGAZ, que contribuirá a perpetuar la dependencia fósil de la UE durante décadas.
- Medioambientales
Denuncias en San Roque (Cádiz) por ejecutar sin licencias definitivas obras que implicaban desmontes y movimientos de tierras para la urbanización del terreno destinado a la instalación ¨Fondo de Barril” que pretende ampliar la refinería de Gibraltar.
En 2019 Cepsa negoció y consiguió los derechos de explotación petrolera del lote 200 en Perú. Es un área de 477.126 hectáreas en las regiones de Ucayali y Huánuco, en medio de la Amazonía peruana, una de las zonas con mayor biodiversidad del planeta. El periodo de exploración y explotación será de hasta 40 años para petroleo y hasta 50 años para gas.
Parte de sus proyectos en Argelia podrían incorporar a medio plazo el uso del fracking, una técnica altamente controvertida y prohibida en muchos países que cuenta con un largo historial de contaminación química de los acuíferos y la atmósfera.
- Sociales/de género
En marzo de este mismo año y tan sólo dos meses antes de aplicar un ERTE a los trabajadores de sus gasolineras la Inspección de Trabajo sancionó a Cepsa con 4.856.606,26 euros a abonar a la Seguridad Social por emplear a 400 falsos autónomos en filial de gasolineras Cedipsa.
El Lote 200 que explotará en la Amazonía peruana afectará según reconoce el Ministerio de Energía y Minas a las comunidades de los pueblos shipibo, asháninca y awajún, a quienes ha informado del proyecto pero no reconoce su derecho al consentimiento previo. Se trata de un derecho de los pueblos indígenas reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo en su artículo 16.2: «Cuando excepcionalmente el traslado y la reubicación de esos pueblos se consideren necesarios, solo deberán efectuarse con su consentimiento, dado libremente y con pleno conocimiento de causa».
Las protestas contra las explotaciones de gas en Argelia, en zonas con elevadas tasas de paro y donde el uso de los acuíferos compite con la agricultura de subsistencia, generaron una elevada conflictividad social en Argelia a partir de 2015 y fueron reprimidas con dureza ante el silencio de las compañías beneficiadas.
Participa en explotaciones petroleras en Turkana (Kenia), una región donde se ha reportado falta de participación adecuada de las mujeres en las decisiones entre las empresas petroleras y la comunidad, así como una mayor vulnerabilidad en casos de desplazamientos (11).
Ayudas públicas recibidas:
Financiación del Banco Central Europeo mediante compra de bonos. Importe no desvelado.
ERTE de 2.586 empleados. El Estado cubre el pago a los trabajadores y exonera además a la empresa de su contribución a la seguridad social.
Posibilidad de acceso a los avales de ICO por el importe en Cepsa haya reducido sus ingresos como consecuencia de las medidas de alivio del pago de suministros energéticos aprobadas por el Gobierno.
Condiciones/obligaciones vinculadas a las ayudas:
Compra de bonos:
Domicilio social en un país de la UE.
Calificación crediticia de “grado de inversión” por las agencias de rating.
ERTE:
No tener el domicilio fiscal en un paraíso fiscal (sí pueden tenerlo las filiales)
Algunas limitaciones al reparto de dividendos en el mismo ejercicio.
Peticiones de la campaña:
Exclusión de cualquier programa de apoyo financiero público (salvo los ERTEs) por:
Ser su actividad actual incompatible con los objetivos del Acuerdo de París y los objetivos de descarbonización y transición ecológica de la UE.
Ser inadmisible comprometer fondos públicos en beneficio de accionistas del perfil de los de Cepsa. Los dueños de Cepsa son un fondo estatal de otro país (con un régimen antidemocrático) y uno de los mayores fondos de capital riesgo de EEUU.
Cualquier ayuda comprometida previamente y los ERTES deberán conllevar cláusulas que especifiquen:
a. Las obligaciones de la empresa en materia social, de género, ambiental y climática, recogidas en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional del Trabajo y al resto de convenios vinculantes sobre dichos ámbitos, aplicables tanto a la empresa receptora de las ayudas, como a sus filiales, contratistas y subcontratistas fuera del Estado español.
b. La obligación de diseñar y ejecutar un plan de disminución drástica de emisiones que deberá ser hecho público y presentado al Gobierno en un plazo de 3 meses tras la firma del contrato.
c. La prohibición de repartir dividendos hasta haberse completado la devolución de las ayudas.
d. La limitación de la retribución máxima por todos los conceptos a los ejecutivos de 20 veces el sueldo más bajo de la empresa.
e. La renuncia a la posibilidad de demandar al Estado, incluyendo desde filiales extranjeras, por cualquier medida adoptada en el marco de la lucha contra la pandemia y de los posteriores programas de recuperación y/o medidas en favor de una transición socio-ecológica justa.
f. La obligación de tributar en el Estado español, desmantelando cualquier estructura societaria encaminada a eludir el pago de impuestos no sólo desde los paraísos fiscales reconocidos como tales sino los encubiertos, como Luxemburgo, Holanda, etc.
g. La obligación de, en caso de haberse acogido a un ERTE, no llevar a cabo despidos durante los 6 meses meses una vez finalizado el ERTE.
h. La obligación de incorporar en su Consejo de Administración a representantes de los trabajadores y del Estado, hasta la fecha de devolución íntegra de las ayudas.
i. La prohibición de aceptar en su Consejo de Administración a personas que hayan ejercido un cargo público en los últimos 5 años.
Aval: Un tipo de respaldo del pago de un préstamo. Si quien ha recibido un préstamo avalado no lo devuelve está obligado a hacerlo quién ha avalado.
Bono: Instrumento de deuda que emite una empresa o administración pública para financiarse, equivalente a un préstamo pero en un formato diferente. El emisor obtiene dinero con la venta de los bonos y se compromete a devolver el dinero recibido más intereses al comprador de ese bono.
Garantía: Un bien que avala el cumplimiento de un contrato, por ejemplo de un préstamo.
Pagaré: Instrumento de deuda similar a un bono pero a plazos más cortos.
Deuda subordinada: Instrumento de deuda que respalda la deuda ya existente de la empresa. Es el último tramo de deuda que debe hacer frente la empresa.