Hoy [por 3 de enero, N. de la R.] hemos sabido que la Junta Electoral Central (JEC), órgano administrativo especializado en la tutela del derecho de sufragio y dependiendo de facto de las Cortes Generales, ha decretado la incompatibilidad sobrevenida del presidente Torra del cargo de diputado autonómico al haber sido condenado en primera instancia, aunque la sentencia no sea firme, por un delito contra la administración. Por otra parte, avanzado por lo que parece ser uno de los que manda realmente, Pablo Casado, hemos sabido que Oriol Junqueras ha sido privado de su condición de eurodiputado.

Vayamos por partes. En cuanto al presidente Torra no ha sido, por ahora, despojado de nada. No hay resolución de la JEC, sólo, de forma excepcional, se ha avanzado el acuerdo y la existencia de seis votos particulares, tres de los ocho magistrados del Tribunal Supremo y tres de los cinco catedráticos de derecho constitucional y ciencia política que integran la JEC. Significativa esta división.

La JEC, en cuanto tenga redactada la resolución, votos particulares incluidos, la hará llegar a la Junta Electoral de Barcelona para que la ejecute. Es decir: esta última se dirigirá al Parlamento de Cataluña para comunicarle que Torra ya no es diputado por orden de la JEC y haciéndole saber quién es su sustituto, el siguiente de la lista de JuntsxCat por la provincia de Barcelona. Ahora bien, seguro que el Parlamento no hará, no puede hacer, de estafeta.

Por dos motivos, el Parlamento es inviolable (art. 55. 3 del Estatuto de Cataluña). Por lo tanto, aunque parezca mentira no puede recibir órdenes de nadie. Y menos aún de un órgano administrativo. En segundo término, cierto que el Estatuto de Cataluña se aprobó por Ley orgánica, pero no es una ley orgánica: ni por el contenido ni por tramitación (es una iniciativa exclusiva del Parlamento y al final debe ser aprobado en referéndum). Pertenece a dicho bloque de constitucionalidad (art. 28 Ley del TC), bloque al que no pertenece el régimen electoral o el código penal, ambos leyes orgánicas. Una cosa es el vestido, ley orgánica, y otro el contenido material, la autonomía constitucional reconocida en el artículo 2 de la Constitución.

Así, la brama madrileña de esta tarde afirmando que el presidente Torra estaba depuesto efectivamente es interesadamente falaz y golpista, en suma. Al momento actual no hay en puridad ninguna resolución.

En cuanto a Junqueras, parece ser que la JEC desconoce la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE), la sentencia de 19 de diciembre sobre cuando un eurodiputado es eurodiputado y, por tanto, inmune. Decir, como ha adelantado su portavoz de facto Pablo Casado, que condenado Junqueras a pena de prisión ha perdido su condición de eurodiputado, es una falacia. Incluso la abogada del Estado no lo comparte. Junqueras ha sido condenado cuando no debería haber sido condenado, dado que el Tribunal Supremo (TS) pidió una opinión vinculante sobre su status al TUE. Parece que, como Dios, algunos jueces españoles quieren escribir recto con renglones Torcidos.

Estamos ante un golpe institucional que pretende varios objetivos. Por un lado, aniquilar la resistencia pacífica, democrática y en derecho de un sector claramente dominante de la sociedad y las instituciones catalanas, independentistas o no. En segundo término, y en el momento actual, impedir el acceso de la Moncloa de un gobierno de coalición de centro-izquierda. Un centro-izquierda, todo hay que decirlo, apoyado por el inteligente centroderecha del PNV -alérgico los fanatismos carpetovetónicos- y otros partidos emergentes. Dicho de otro modo: peligroso para los privilegiados consagrados por el PP y por Ciudadanos -sus despojos ahora-. Lo que pretende la coalición de centro-izquierda es de una centralidad europea absolutamente dentro del molde.

Con las declaraciones conocidas hoy de la JEC lo que queda escandalosamente claro es que La Moncloa podrá controlar la Administración en sentido estrictísimo, pero no el Estado. El Estado, como ha demostrado uno de sus portavoces hoy, Pablo Casado, lo controlan otros. La administración es poder, pero el Estado parece disponer de más.

La batalla por el control de la situación, como ha puesto de manifiesto la fúnebre declaración de Adriana Lastra, es sin cuartel, en campo abierto. El PSOE a estas alturas disfrutará de la medicina del «todo vale» contra el enemigo que él ha contribuido a recetar, fabricar y administrar. Ahora el PSOE conocerá bien el percal y que el Estado, el Estado con mayúsculas, quiere continuar dando.

O dicho en plata: PSOE, ¡bienvenido a la apisonadora de la democracia!