Desde 1958, año en que se da por terminado el periodo conocido como La Violencia, hasta 2020, el conflicto armado colombiano ha registrado más de 400.000 víctimas mortales. De ese casi medio millón de personas asesinadas durante 60 años, 250.000 fueron campesinas. En ese mismo tiempo fueron desplazadas más de siete millones de personas, de las cuales cerca de cuatro millones y medio fueron campesinas.

Para dar cuenta de los orígenes, las causas y las consecuencias de esta violencia, distintas expresiones del movimiento social campesino —la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (ANZORC), el Coordinador Nacional Agrario (CNA), la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia (ANUC), la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (FENSUAGRO-CUT), la Mesa de Unidad Agraria (MUA) y la Mesa Campesina Cauca (Integrada por el Pupsoc y el CIMA)—, acompañadas por el Instituto de Estudios Interculturales, de la Universidad Javeriana sede Cali, y Dejusticia, presentaremos a la Comisión de la Verdad (CEV) el informe Guerra contra el campesinado: dinámicas de la violencia y trayectorias de lucha (1958-2020).

Este documento, en esencia, plantea que esta ha sido una guerra contra el campesinado. Una de las conclusiones predominantes de este informe es que esta guerra apuntó hacia las expresiones de organización política y social del campesinado mediante la violencia contra sus liderazgos —muchos de ellos declarados objetivos militares por los distintos actores del conflicto— y, como consecuencia, resquebrajó el proceso de participación democrática y redujo las posibilidades de inclusión de esta población en Colombia.

La entrega de este informe es importante porque el campesinado es la principal víctima del conflicto armado en Colombia, no solo por la magnitud de la violencia en su contra, sino también porque no se han generado cambios sociales a su favor. Todo lo contrario, a pesar de la firma del Acuerdo de Paz y de algunas propuestas para garantizar la dignidad de esta población, al día de hoy se han reforzado los patrones de violencia, exclusión y discriminación que profundizan los déficits de reconocimiento, redistributivos y de participación, que el campesinado ha enfrentado históricamente.

En el documento encontramos que la guerra contra el campesinado adquirió formas sistemáticas y muy elaboradas para desplazarlo de sus territorios, despojarlo de sus tierras, acallar sus demandas políticas y minimizarlos culturalmente. El objetivo de este informe es sustentar estos hechos y plantear doce recomendaciones para que, a través de un campesinado organizado y políticamente reconocido, las diversas violencias mermen hasta desaparecer. La materialización del Acuerdo de Paz por parte de las diferentes entidades del Estado, así como el trabajo de la CEV, pueden ser la oportunidad para que la guerra contra el campesinado pueda culminar.

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