Momentos después del violento asalto a la Embajada de España, el 31 de enero de 1980, a dos de los supervivientes los llevaron al hospital Herrera Llerandi. Uno era el campesino K’iché Gregorio Yujá Xoná, miembro del Comité de Unidad Campesina (CUC) y uno de los integrantes de la comisión proveniente de Uspantán y el área ixil que tomaron la sede diplomática para ser escuchados y denunciar los abusos del poder en la zona.

El otro sobreviviente fue el embajador Máximo Cajal (fallecido el 3 de abril de 2014). Los diplomáticos de esa época se organizaron para hacer guardia y protegerlo, pues se sabía que hubo una orden de no dejar testigos después de la quema de la embajada. Los embajadores se organizaron por turnos para custodiar a Cajal.

El gobierno de Fernando Romeo Lucas García había enviado a policías para vigilar el hospital y las habitaciones de Yujá Xoná y Cajal. En la madrugada del siguiente día, los policías de las puertas salieron y entró un comando armado de la Policía Judicial. La misión era secuestrar a los sobrevivientes. A Yujá Xoná se lo llevaron. Cuando entraron a la habitación del embajador Cajal, se toparon con la sorpresa de que su colega de Costa Rica estaba dentro. Confundidos, los miembros de la Judicial anularon la misión.

El cuerpo del campesino Yujá Xoná apareció horas después sin vida en la Rectoría de la Usac con un mensaje dirigido al embajador Cajal, que él sería el próximo.

En ese contexto, Yago Pico de Coaña, diplomático español quien se encontraba en Nueva York fue enviado por el Ministerio del Exterior de España para proteger a su colega. Llegó al hospital y le informaron sobre lo ocurrido a Yujá Xoná. Los embajadores señalaron que en la puerta de la habitación estaban los mismos de la Policía Judicial que secuestraron al miembro del CUC.

40 años después del violento suceso -en el que murió otro diplomático español, Jaime Ruiz del Árbol, 7 trabajadores locales de la Embajada y 26 campesinos, estudiantes y sindicalistas-, el embajador Yago Pico de Coaña reflexiona sobre ese episodio guatemalteco, las repercusiones sobre la realidad del país y la importancia de la lucha contra la impunidad.

Este es un extracto de la conversación sostenida vía skype con Eswin Quiñónez, de «Nomada» de Guatemala.

—El entonces canciller Eduardo Stein pidió a España, en 1996, excusas públicas por “uno de los episodios más negros de la historia guatemalteca”. Se refería a la quema de la Embajada de España ocurrida ya hace 40 años, ¿qué ha cambiado desde esa época? ¿cómo ve a la Guatemala de hoy con la de entonces?

—No se parece mucho a la Guatemala actual, aunque en ciertas cosas sí. Entonces era una Guatemala distinta con una tendencia a la extrema derecha preocupante. Stein, el canciller cuando era presidente Alvaro Arzú Irigoyen, estuvo en España en marzo de 1996, en la Casa de América, en el centro de la capital española, pidió excusas públicas al gobierno y al pueblo español por la vergonzante actuación de las fuerzas armadas en el asalto a la embajada que constituyó, dice él, no solo una violación del derecho internacional, sino uno de los episodios más negros de la historia guatemalteca.

Stein añadió y se confesó sentir vergüenza por la actuación tan brutal y por sobretodo las insidiosas y falsas campañas emprendidas en contra del embajador Máximo Cajal. Esa fue una declaración admirable, porque reconocía públicamente y apoyaba un punto resolutivo del Congreso que a su vez apoyaría la creación de una Comisión de la Verdad.

Portada de Prensa Libre, con la foto en primer plano del Embajador Máximo Cajal.

—Sobre el caso ya hay una sentencia (la de Pedro García Arredondo), informes y testimonios sobre lo ocurrido y que han evidenciado la responsabilidad del Estado; sin embargo, surgen nuevas posiciones y declaraciones que rebaten esa verdad, ¿cómo ve ello?

—Ha habido muchas opiniones, pero la verdad y la justicia no se discuten, se prueban. Y es por ello que Naciones Unidas tomó cartas en el asunto y crearon lo que fue llamada la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de los hechos del pasado (CEH), más conocida Comisión de la Verdad de la ONU. Creada y apoyada por todos los estados miembros, sin excepción alguna, incluida Guatemala, por supuesto. Que inició una investigación absoluta, completa, no se puede imaginar la cantidad de técnicas y expertos utilizados con la colaboración de todos los países amigos, estuvo toda la Unión Europea, estuvieron financiando el tema. Estados Unidos, Argentina, Japón. De los cuatro puntos cardinales se ocuparon de apoyar y financiar que les permitieron analizar el caso de la Embajada de España, punto a punto.

—¿Para usted es una verdad incuestionable entonces?

—La Comisión de la Verdad fue creada el 31 de julio de 1997 y presentó en febrero de 1999 el informe Guatemala, memorias del silencio, sentenciado implacablemente la culpabilidad y responsabilidad del presidente y gobernantes de las mal llamadas fuerzas del orden guatemaltecas, que en ese entonces asaltaron la Embajada y que constituyeron tres cuerpos: La Policía Nacional, la Policía Judicial y miembros “de paisano” del ejército.

Cuando yo he contado todo esto, algunos me decían “cómo es posible que los miembros del ejército no estarían en algo así”. ¡Pues sí estaban los miembros del ejército! Estuvieron “de paisano” y cumplieron una orden terrible que dio el malhadado presidente Lucas García que llegó a la conclusión, como reconoció su propio jefe del Ministerio del Interior que acabó exiliándose (Donaldo Álvaro Ruiz), quien dijo que la orden fue expresa: que no haya testigos.

—Ese ha sido uno de los argumentos con los que ponen en entredicho las conclusiones de la CEH y testimonios de sobrevivientes (como la del embajador Máximo Cajal), de que había funcionarios dentro y que esa orden de Lucas no pudo darse de esa manera, ¿qué opina de eso?

—Cuando le dijeron a Lucas García que dentro de la embajada estaban el exministro de Relaciones Exteriores Adolfo Molina Orantes y el ex vicepresidente Eduardo Cáceres Lenhoff, respondió. “No importa, ellos deben estar también implicados” ¿Implicados en qué? Si fue una ocupación pacífica.

La Comisión de la Verdad cierra definitivamente a mi juicio, o eso pensaba yo, a pesar que en determinadas oportunidades resulta que resurgen personas que no se lo creen. La Comisión de la Verdad llegó a la convicción de que agentes del Estado, en concreto, de la Policía Nacional, Judicial y miembros de inteligencia del ejército uniformados de civil atentaron contra el derecho habido de las personas, que fueron los responsables materiales de la ejecución arbitraria de quienes estaban dentro de la embajada de España y que las más altas autoridades del gobierno de Guatemala de la época son responsables intelectuales de esta gravísima violación de los derechos humanos.

¡Hay gente que decía que se habían inmolado! Osea, ¿a la gente le divierte eso de matarse a sí mismo? Yo, la verdad, no conozco gente así. Pues, la Comisión de la Verdad dice que “carece de toda base la hipótesis de que las víctimas se autoinmolaron”.

Luego añade que también se dijo que la reacción del Estado fue injustificable porque el operativo y despliegue ofensivo fueron totalmente desproporcionados en relación con la amenaza que representaban los ocupantes, quienes se encontraban prácticamente en estado de indefensión.

—Pero hablamos no solo de lo que ocurrió en la embajada, hay registros de que horas y días después también hubo persecución y desapariciones relacionadas al mismo hecho, testimonios que fueron escuchados en el juicio contra Pedro García Arredondo, ¿cómo ve esa situación?

—Son otras de las cosas que pasaron durante el tema del asalto a la embajada. Una vez producido este, (el embajador) Máximo Cajal fue hospitalizado en el Hospital Herrera Llerandi junto al indígena Gregorio Yujá, otro de los sobrevivientes.

Yo llego a Guatemala un día después y me reciben Jesús García Añoveros, un sacerdote español de misioneros extranjeros, un técnico experto cooperante que trabajaba con el Intecap y me informan alucinados lo que han visto.

Publicación del diario Prensa Libre del 2 de febrero de 1980, sobre el secuestro del campesino Gregorio Yujá. Foto: Hemeroteca de Prensa Libre

En la habitación del embajador Cajal había dos policías vigilando. Pero, ¿qué habían hecho los embajadores acreditados en Guatemala? Hacer guardia para vigilar a Cajal. A eso de las 8 de la mañana tenía el turno el embajador de Costa Rica, Mario Esquivel; de pronto los dos policías desaparecen y entran miembros de la Judicial fuertemente armados y se dirigen a la habitación del embajador Cajal, pero se toparon con el embajador de Costa Rica y no se atreven a hacer nada.

Los de la Judicial continúan e inmovilizan a todo el personal médico y paramédico, secuestran a Gregorio Yujá, lo asesinan y aparece 48 horas después muerto con un letrero que decía que la misma suerte correría el embajador Cajal.

—¿Y qué hicieron después para proteger al embajador Cajal?

—Cuando yo llego al hospital los que vigilaban al embajador eran los mismos que habían secuestrado a Gregorio Yujá. Tomo la decisión inmediata de trasladar a Cajal a la Embajada de Estados Unidos, que era el sitio más seguro de la época.

—¿Por qué cree usted que no querían dejar rastros ni supervivientes del asalto a la embajada?

—Los ocupantes tenían como única intención la denuncia pública y pacífica de las graves violaciones a los derechos humanos que sufría la población maya en zonas rurales. No haber sido escuchados por autoridad alguna ni por la prensa les llevó al extremo de ocupar la embajada.

Añade la Comisión de la Verdad que el Estado no llevó a cabo investigación real alguna encaminada a establecer la responsabilidad de los hechos, incumpliendo su deber de perseguir, enjuiciar y sancionar a los responsables y favoreciendo de este modo la impunidad.

Además, añade que hubo una violación flagrante de los convenios de Viena que no permiten la entrada ni ninguna misión diplomático sin el consentimiento expreso del jefe de misión.

—Usted menciona que la verdad se ha abierto definitivamente camino en la historia, pero hace un momento decía también que habían personas, o que resurgen personas, que cuestionan esa verdad, ¿a qué se refiere con esa afirmación?

—Yo lamento mucho tener que decir esto. Tenía un respeto enorme por el doctor Molina Orantes, que fue uno de los 37 fallecidos; pero un hijo de Molina escribió una carta en un diario del norte de España que se llama La Nueva España que yo respondí en su momento porque consideraba plena de desajustes, medias y falsas verdades, sobre todo falsas afirmaciones, que son fácilmente comprobables, por eso yo insisto tanto en decir que la verdad y la justicia no se discuten, sino hay que probarlas.

En aquel entonces Guatemala no era gobernada por su clima, sino por un general enloquecido. La verdad se prueba y Lucas García estaba considerado como un hombre delictivo que tenía que responder ante la justicia por los delitos que había cometido.

Yo, al ser tan amigo de Adolfo Molina Orantes, he visto a su hijo mal informado,  lamento muchísimo que su hijo haga esto, pero lo está haciendo porque considera y pretende de una u otra forma, responsabilizar al embajador Cajal como el, digamos iniciador de los hechos, lo cual es falso, pero falsísimo.

[Yago Pico de Coaña hace mención al libro Historia verdadera de la quema de la Embajada de España, presentada por el abogado Adolfo Molina Sierra, hijo del excanciller Adolfo Molina Orantes, uno de los 37 fallecidos el 31 de enero de 1980]

—Hay una expresión que acaba de mencionar que me parece importante traerla a la actualidad de Guatemala que es el temor a la impunidad que existía en esa época, ocurrió también con la Embajada, hubo mucha impunidad o un esfuerzo del poder para que hubiera impunidad, desapareciendo testigos, censurando a medios, ocultando información, etcétera, pero hay un clima de impunidad que aún todavía se percibe, ¿usted cómo ve esa influencia represiva de los 80 cuya persiana se abrió con la quema de la Embajada y una seguidilla de hechos violentos, pero cómo ha influido en la historia, cómo ve desde afuera esa influencia de la época?

—El temor a la impunidad permanece, eso desde luego. Ilustremos, hay cosas que son poco admisibles. Las consecuencias de lo que pasó en la Embajada no solo fue la impunidad y la falta de investigación total; por ejemplo, las consecuencias posteriores que increíblemente el señor Molina cuestiona.

Veamos, se vio y lo dice además el informe de la Comisión de la Verdad, dice claramente de que no se quemaron, sino que “algo pasó” para que no pudieran salir. Cuando una persona se está quemando tiende a salir a toda prisa, entró policía con un arma que la dirección general de armamento de España analizó como un arma represiva disparada a corta distancia y que puede causar enorme daño y que inmoviliza a las personas, de ahí que Molina Orantes está en una posición con las manos encogidas como si lo hubieran conseguido sorprender, pero no es solo eso, sino que le pegaron un tiro en el pecho; un tiro frontal en el tórax.

Nunca se investigó la bala, usted sabe que cada bala lleva nombre y apellido, ¿por qué no se investigó que fue disparada por un policía siendo y obedeciendo a las órdenes extremas de Lucas García de que no hubiesen testigo y claro Molina Orantes hubiera sido un testigo primordial.

Segunda parte, la cadena de hechos posteriores que suceden, tres sacerdotes españoles, misioneros del Sagrado Corazón —José María Gran Cirera, Faustino Villanueva y Juan Alonzo Fernández— fueron asesinados, los dos primeros el 4 junio y 10 de julio de 1980 y el tercero el 15 de febrero de 1981. Yo estuve cuatro meses investigando los hechos, tuve que sacar a sacerdotes españoles, cada vez que había alguien que me hablaba diciéndome la verdad de lo que había pasado, eran sacados.

Este señor Molina se permite decir tranquilamente que eran miembros del Ejército Guerrillero de los Pobres y lo dicen con toda claridad. Esa es la primera cosa que dice y la segunda es que “y como tal estaban implicados”.

Tiene mala suerte el señor Molina, porque el Vaticano acaba de conferir que se inicie el proceso de beatificación por mártires a los tres misioneros del Sagrado Corazón que trabajaron en Guatemala y que habían defendido, evidentemente la posición del embajador Cajal. Todos los misioneros afirmaron en un escrito fundamental que lo único que había hecho el embajador Cajal como diplomático era visitar la colectividad española en Quiché.

—Esas declaraciones pueden coinciden con un clima de división ideológica que vive Guatemala desde hace algún tiempo y que ha tenido hincapié en los últimos años, ¿cree usted que ese tema ideológica o esas versiones radicales coinciden con una autoafirmación del poder para invisibilizar temas trascendentales como el racismo, la violencia, la lucha indígena a través de la represión que ocurrió en los 80?

—No solo eso. Además, en el marco más amplio de lo que es la doctrina de la seguridad nacional que fue ejercida por Estados Unidos, ¡qué curioso con la doctrina de la seguridad nacional! si me lo permite. Era esgrimida por el peligro tremendo del comunismo en la zona, que se llegó a afirmar que hasta Nicaragua de Ortega, que por cierto hoy hay que lamentar lo que está haciendo, pero digamos que era el sandinismo nica que podía y corría el peligro Estados Unidos de que intentaran invadir Florida, pero era ya el colmo de los colmos.

Hay una cosa que hemos ganado mucho. Yo trabajé muchísimo en los Acuerdos de Paz, si estos se hubieran respetado en su totalidad la cosa hubiera mejorado notablemente, pero desafortunadamente no ha sido; pero en relación con el tema de los Acuerdos, quizá para que lo entendamos, volviendo un poco si usted me lo permite a la Comisión de la Verdad, considera que un grupo de campesinos hizo suyos los sufrimientos y necesidades de la inmensa mayoría guatemalteca que se debate en la pobreza y pobreza extrema al tomar la embajada de España con el único fin de que el mundo pudiera considerar y conocer su situación.

Creo que las cosas han mejorado, porque tenemos elecciones que son celebradas, hay que decirlo, en plena libertad y yo creo que electoralmente se ha conseguido una democracia, desde el primer presidente que fue elegido libremente —Vinicio Cerezo—.

—Del 80 para acá hablamos de 40 años, pero también hablamos de una generación cuya infancia, adolescencia y juventud estuvo condenada a la represión. Y ahora con 40 años comienzan a ocupar espacios importantes en el ejercicio público, en el ejercicio privado, medios de comunicación, etcétera, ¿cuáles son los puntos de no repetición que deberían tomar como ejemplo?

—Yo no lo tomaría tanto como referencia, porque el tomar una embajada a sangre y fuego no es algo que ocurra con frecuencia. Yo he conocido un caso, porque yo había estado cinco años y medio en Guatemala, estaba destinado en Nueva York, me faltó tiempo y al ministerio para enviarme a Guatemala e investigar los hechos, por eso llegué el día siguiente. La gente no se divierte tomando embajadas así por así. Ha pasado también en Irán, pero es una cosa puntual; lo que sí no es tan puntual es que las consecuencias fueron terribles.

Yo creo que en lo que hay que procurar para las nuevas generaciones son dos ideas fundamentales: 1) La libertad de expresión, es fundamental y la protección de la misma, también; 2) La democracia electoral con la participación libre de todas las personas y pueblos, es también fundamental.

Libertad y democracia correctamente ejercidas para que podamos con esa libertad y esa democracia ejercer una justicia que pueda terminar con la impunidad.

Los grandes males que tenemos en los países iberoamericanos, y en España se está combatiendo también, porque la justicia es lenta, son la seguridad por un lado (que puede ser tanto desde el punto de vista físico, político, como lo que está pasando con el coronavirus) y la lucha contra la impunidad; esa impunidad es lo que me preocupa de Guatemala.

Guatemala tuvo tuvo la CICIG, que hizo una gran labor. Yo aconsejaría al nuevo presidente guatemalteco recién llegado al cargo, y le deseo todo lo mejor de todo corazón, que la restaurara. ¿Por qué? Porque en España consideramos que se puede conseguir plenamente que todos aquellos responsables de hechos que tengan que ser calificados por los jueces y se establezcan las oportunas condenas, si estas son necesarias, que se haga.

Es decir, acabar con la impunidad.