El propietario del restaurante La Lusitana Tasca y dos vecinas voluntarias han sido sancionados con una suma total de 4.200 euros, por repartir comida de manera solidaria a más de 80 personas sin recursos en la ciudad española de Valencia durante el confinamiento de la pasada primavera.

Los hechos sancionados tuvieron lugar a mediados del pasado mes de marzo, justo después de que el coronavirus obligara a cancelar las tradicionales Fallas valencianas, un célebre festejo popular en el que se prende fuego a grandes figuras artísticas de carácter satírico, y que atrae anualmente a decenas de miles de turistas.

«El 12 de marzo nos vimos obligados a cerrar el restaurante debido al confinamiento –explica Javier Márquez, propietario de ‘La Lusitana Tasca’–, y nos quedamos con un montón de comida almacenada que teníamos preparada para las Fallas, así que decidí ponerme en contacto con diferentes colectivos locales, como las asociaciones Brúfol y Espai Veïnal Cabanyal, para organizar un reparto a las familias más vulnerables del barrio». «Hicimos un total de 84 raciones de comida«, añade.

Discrepancias entre el acta policial y la denuncia

Pero el plan, en principio tan sencillo como bienintencionado, se encontró con un obstáculo inesperado: la Policía Local valenciana se presentó en el establecimiento y acusó al restaurante de mantener su actividad normal cuando el estado de alarma decretado por el Gobierno lo prohibía.

Sin embargo, desde el local alegan que los agentes comprobaron in situ que lo que estaban llevando a cabo era «un reparto de comida a la gente desfavorecida del barrio».

Márquez recuerda el encontronazo con la Policía: «Llegaron en tono amenazante, incluso faltando un poco al respeto«, explica, señalando que un agente «le dijo a una de las voluntarias», que le explicó que repartían comida de manera solidaria, «que se callara y dejara de hacerse la buena samaritana«.

«A mí me dijo que haría lo posible porque no volviese a abrir mi negocio«, añade.

Un mes más tarde empezaron a llegar las notificaciones de la sanción: 3.001 euros de multa al dueño del restaurante y 600 euros a cada una de sus dos colaboradoras más cercanas.

A este respecto, Márquez señala un elemento crucial en su reivindicación: «En el acta policial que dejan escrita en el momento pone lo que estamos haciendo realmente,  repartiendo comida a gente sin recursos del barrio; pero después, en la denuncia que me llega a mí, indican que estábamos abiertos y desarrollando nuestra actividad normal«. Algo que desde el restaurante niegan rotundamente.

«Nos negamos absolutamente a hacer el pago de estas sanciones», asegura Márquez.

Este lunes, el abogado que representa a los denunciados se puso en contacto «con el funcionario que lleva el caso en el Ayuntamiento», según explica el propietario del restaurante, que no obstante lamenta que este contacto no haya surtido ningún efecto de momento.

Reacción del alcalde de Valencia

Sin embargo, el revuelo y la indignación generada por este caso en las redes sociales ha suscitado una reacción al más alto nivel municipal: el propio alcalde de Valencia, Joan Ribó, ha asegurado este martes, en un tuit publicado en su cuenta oficial, que «se revisarán los hechos y se actuará conforme a la ley y a la lógica humanitaria».

«Parece que la sanción tuvo lugar en los primeros días de confinamiento, cuando las indicaciones de las autoridades sanitarias estaban definiéndose», explica Ribó en su publicación, en la que asegura que «no tiene ningún sentido multar a quien reparte solidaridad«.

Hasta ahora, este pronunciamiento informal del alcalde es la única luz encendida en el oscuro horizonte jurídico de este caso. El propietario del restaurante mantiene la cautela en este sentido. Aunque admite que el tuit de Ribó permite albergar cierta esperanza, subraya que desde el consistorio «no se han puesto en contacto» con ninguno de los afectados, ni con su abogado «ni con la gente de las asociaciones que han participado en el reparto».

Habrá que esperar a la revisión prometida desde el Ayuntamiento valenciano para ver qué decisión se toma finalmente respecto a las sanciones impuestas a La Lusitana Tasca. Mientras tanto, en el restaurante de Javier Márquez siguen firmes en su convicción de que no deben pagar ninguna multa por haber llevado a cabo una actividad altruista, necesaria en tiempos difíciles y totalmente exenta de ánimo de lucro.