La delegación venezolana del Gobierno no asistirá a la ronda de negociación que iniciaría mañana en México, señaló Jorge Rodríguez, jefe negociador del Ejecutivo, en un comunicado, tras la extradición de Alex Saab de Cabo Verde a EE.UU.

Asimismo, el alto funcionario señaló que se llevará este caso ante todas las instancias de derechos humanos alertando que la vida de Saab «corre peligro en manos de un sistema judicial instrumentalizado para agredir al país» y exige su liberación inmediata.

La delegación del Ejecutivo «repudia la ilegal operación de extradición llevada a cabo por el Gobierno de EE.UU.», menciona el comunicado, denunciando la detención hace 491 días de su representante en el país africano mientras se encontraba en una misión diplomática.

Además, el texto menciona que «la persecución a su persona, la violación de sus derechos humanos, las innumerables violaciones al debido proceso y la negativa del Gobierno de Cabo Verde a cumplir las decisiones jurisdiccionales que han ordenado su liberación […] es consecuencia del compromiso de las autoridades de este país con la política de agresión a Venezuela por parte del Gobierno norteamericano».

«Alex Saab ha sido objeto de torturas y en diversas ocasiones se ha negado el acceso de su familia y sus abogados a conocer su estado de salud», denuncia el documento oficial, al mismo tiempo que tilda de «ilegal e inhumana» esta acción por parte de EE.UU. contra el país sudamericano.

Venezuela denuncia el «secuestro» del diplomático Alex Saab, por parte de EE.UU. «en complicidad con autoridades de Cabo Verde»

En respuesta a la «brutal agresión contra la persona y la investidura» del embajador, Caracas anunció que lo «defenderá con todos los recursos legales y diplomáticos», y en señal de protesta, la delegación suspende su participación en la ronda de negociaciones prevista para el 17 de octubre en Ciudad de México.

Alex Saab permaneció detenido bajo arresto domiciliario en Cabo Verde desde 2020, mientras hacía una parada técnica, pese a su condición diplomática de enviado especial de Venezuela, después de ser sancionado por el Departamento del Tesoro de EE.UU. en julio de 2019, acusado de supuestamente tener «contratos sobrevalorados» para la construcción de viviendas de interés social en Venezuela, y por permitir que Nicolás Maduro se «beneficiara significativamente» de la importación y distribución de alimentos, a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).

El Gobierno de Venezuela sostiene que el presunto entramado judicial es una pieza más de las agresiones de Washington contra el país sudamericano. Asimismo, Saab denuncia que todo el proceso en su contra «tiene una motivación política», que es «derrocar al presidente Maduro y poner a Venezuela de rodillas».