El sector eléctrico ha mostrado su rechazo a las medidas  anunciadas este martes por el Gobierno de España para reducir la factura de la luz, después de meses de escalada alcista de los precios, que han batido el récord máximo histórico en numerosas ocasiones.

La reacción al anuncio de que se recortarán 2.600 millones de euros a las compañías de los beneficios extraordinarios que reciben ligados a los derechos de emisión de CO2 de aquellas tecnologías ajenas al gas ha venido de la mano de Foro Nuclear, una de las patronales que aglutina a Naturgy, EDP, Endesa e Iberdrola, las cuatro grandes del mercado energético español.

En un comunicado, esta patronal ha amenazado con detener la producción de las centrales nucleares del país si el Ejecutivo saca adelante esta legislación tal y cómo está planteada en la actualidad. En particular, sostienen que esta normativa no debe aplicarse a esta energía, porque, aún siendo de aplicación temporal, «ahonda aún más en la penalización a la generación eléctrica de origen nuclear».

En la misma nota de prensa solicitan que, de aprobarse, no se aplique de forma retroactiva. El Foro Nuclear señala que los reactores serían inviables económica y financieramente y «abocarían al cese anticipado de la actividad«. En este sentido, recuerdan también la «excesiva presión fiscal» y los 3.000 millones de euros que tienen previstos en calidad de inversiones hasta el cese de la actividad en 2035.

Asimismo, apuntan que no habrían solicitado la renovación de las autorizaciones de las centrales nucleares, «varias de ellas muy recientes», si hubiera estado este proyecto de ley en vigor, y que, en el caso de su aprobación, el precio de venta real de la generación eléctrica nuclear «no debería ser inferior a 57-60 euros el megavatio hora», lo que supone una elevación de los precios actuales.

Para el presidente del Foro de la Industria Nuclear Española, Ignacio Araluce, el «cese anticipado» de la tecnología que más electricidad produce en España «conduciría a un cierre desordenado de la generación nuclear y a la consiguiente pérdida de puestos de trabajo y tejido industrial», según ha declarado en una entrevista en la radio pública, donde también ha declarado que esto supondría «una mayor dependencia energética del exterior y un incremento de la volatilidad del precio en el mercado mayorista».

El Gobierno recuerda que no pueden decidir el cierre de centrales

Por su parte, el Ejecutivo presidido por el socialista Pedro Sánchez mantiene su propuesta y sostiene que todas las medidas han sido adoptadas conforme al derecho nacional y europeo y cuentan con el visto bueno de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y del Consejo de Estado.

Así, desde el Gobierno se recuerda que las compañías seguirán teniendo margen de beneficios y que la minoración temporal del exceso de retribución por la emisión de CO2 para las energías que no emiten CO2 (como la nuclear) tiene un suelo de 20 euros por tonelada de CO2, lo que «coincide con el precio que había cuando las compañías de energía nuclear firmaron el protocolo de cierre en marzo de 2019». Es decir, con la nueva norma seguirán percibiendo esos 20 euros por tonelada.

De este modo, desde el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico se rebate que la actual medida cambie las previsiones económicas de las empresas del sector, puesto que «no suponen detracción de los ingresos que recibían cuando lo firmaron», en referencia a la renovación de las autorizaciones hasta 2035. Más bien, se defiende lo contrario: «Es más, contempla sus expectativas de mayores ingresos por la subida del CO2 al concederles un 10 % de los ingresos sobrevenidos cuando el CO2 esté por encima de esos 20 euros por tonelada», han indicado fuentes del Ministerio a Europa Press.

Además, el departamento liderado por Teresa Ribera ha especificado que «el cierre de las centrales tiene que aprobarlo el operador del sistema, Red Eléctrica Española, considerando criterios de seguridad del sistema».

El plan de choque del Gobierno

Aunque ya había sido anunciado un día antes por el presidente Sánchez, el plan de choque del Gobierno fue desgranado este martes, tras el Consejo de Ministros, por la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera.

Ambos estimaron que la rebaja del recibo de la luz alcanzará para finales del año un 30 %, si se suma el impacto de las nuevas medidas a la disminución del IVA del 21 al 10 % aprobada en junio e implementada al mes siguiente.

La medida estrella es la minoración temporal del exceso de retribución de las eléctricas por los precios internacionales del gas, lo que supondrá la recuperación de alrededor de 2.600 millones de beneficios extraordinarios hasta ahora en manos de las eléctricas. Se trata de una retribución que percibían estas compañías por la emisión de CO2. A partir de ahora dejarán de tener esta retribución —salvo un suelo fijado en 20 euros por tonelada— aquellas empresas ajenas al gas que no emiten CO2 y que por tanto estaban siendo sobrerretribuidas.

Se rebaja el Impuesto de la Electricidad del 5,1% al 0,5%, el mínimo permitido por la normativa comunitaria, y se prolonga la suspensión del impuesto a la generación hasta fin de año, que grababa la factura otro 7 %.

Además, se crea el Suministro Mínimo Vital, que prohibirá el corte del servicio por impago a los consumidores vulnerables durante seis meses adicionales a los cuatro ya existentes, y se limitará la subida de la tarifa regulada de gas natural para las familias y las pequeñas y medianas empresas de cara al otoño e invierno, de manera que este semestre crecerá un 4,4 % en lugar del 28 % previsto.

Otro récord histórico tras el anuncio

Un día después el anuncio de las medidas del Gobierno, el precio de la luz en España volvió a pulverizar este miércoles el récord anterior. Durante esta jornada, el precio medio superará los 172 euros por megavatio hora, dejando muy atrás el anterior máximo, registrado hace solo dos días, de 154,16 euros. En las mismas fechas del año pasado se pagaban alrededor de 43 euros.

De hecho, las palabras «situación excepcional», «sin precedentes», «récord histórico» y otras de similar calado han sido las más frecuentes en boca de políticos y periodistas durante los últimos meses. Ya en junio, la situación llevó al Gobierno a aprobar una rebaja impositiva de la factura de la luz, aunque la escalada continuó hasta convertir agosto en el mes más caro desde que hay registros. Sin embargo, en septiembre volvieron a registrase precios máximos en numerosas ocasiones, sin que se vislumbre el fin de esta escalada alcista que afecta a hogares y a la viabilidad de numerosas empresas.