La triple extrema derecha seguirá lanzando su veneno en las conciencias, tanto contra la decisión parcial, interesada y amenazadora del gobierno de Sánchez como contra los derechos democráticos del pueblo catalán a decidir su futuro. Con el aluvión de recursos que han presentado ante el Tribunal Supremo quizás esperan conseguir por la puerta de atrás lo que no pueden lograr por medios políticos. Y el putrílago judicial español es una puerta abierta a todo lo reaccionario, es cierto.

Más reveses en Europa

Si las derechas y los poderes del Estado tienen que soportar los indultos, aunque sean parciales, interesados y amenazadores, desde Europa les ha llegado otro bofetón. El 22 de junio, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa aprobó una resolución por una amplia mayoría de 70 votos a favor, 28 en contra y 14 abstenciones en la que se pide la libertad de los presos, la retirada de las órdenes europeas de detención contra los exiliados, la modificación de la definición del concepto de sedición y que se acabe con la persecución judicial contra el independentismo. En esta votación, como en tantas otras, los diputados de las derechas y del PSOE fueron en el mismo barco contra la posición mayoritaria del Consejo. Y por si no fuera suficiente para poner en duda el sistema judicial del Reino de España, el mismo día se hacía pública una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que condenaba al reino de España por vulnerar el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que garantiza la libertad de expresión. El Tribunal ordena al Estado a compensar con 11.000 euros a Tasio Erkizia, histórico dirigente abertzale. Es otra más de una larga lista de pronunciamientos internacionales contra las decisiones antidemocráticas de la justicia española.

Los indultos son un primer paso, pero los exiliados y 3.300 personas encausadas, se han quedado fuera. Nada parecido a generosidad, nada parecido a que la “gracia” haya sido ejercida todo lo ampliamente que permitía la ley, la ley vigente, el marco legal vigente, y ni eso. Amenazadores (y condicionales) porque se condicionan a no volver a “delinquir” por un período de tres a seis años. Algo muy monárquico, como il faut. El soberano dicta las condiciones.

Indulto interesado y sigue la represión

Indulto interesado porque el gobierno español ha querido evitar las consecuencias nefastas (si es que algo puede empeorar el prestigio de estos descendientes genéticamente de la herencia franquista) para el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional de mantener presos políticos en las cárceles. Utilizaremos las palabras de un constitucionalista moderado para que nadie crea que exageramos: “Estando, como está convencido [el gobierno español], de que el TEDH condenará al Estado por vulneración de derechos fundamentales y humanos de los condenados por el procés, el Gobierno ha preferido que se distancie en el tiempo la llegada de las sentencias europeas, a fin de no añadir otro elemento de tensión a la ya de por sí excesivamente tensionada política española”. Queda explicado lo de indultos interesados.

Con todas estas consideraciones, no es de extrañar que los presos políticos hayan salido de la cárcel con la cabeza bien alta, sin haber hecho concesiones y reclamando la amnistía y una solución democrática al conflicto.

Valga como ejemplo de la continua represión, la condena a cinco años de cárcel al joven Marcel Vivet, detenido tras una contraprotesta a una manifestación convocada por la asociación ultra policial Jusapol. El Tribunal de Cuentas pretende castigar económicamente y de forma indiscriminada para que nadie más ose organizar un referéndum, como en el caso de Andreu Mas-Colell, que ha reunido el apoyo solidario de treinta y tres premios Nobel de Economía contra una supuesta malversación. Tienen toda la razón quienes defienden que solo la amnistía puede realmente desjudicializar el conflicto, ya que, si depende de los jueces, estos siguen dispuestos a que siga funcionando la maquinaria represiva y vengativa del Estado.

Reencuentro

El día anterior a la concesión de los indultos, Pedro Sánchez reunió a distintas personas de la sociedad civil en el Liceo de Barcelona, una reunión que pareció un encuentro apostólico para transmitir la “buena nueva”. Su discurso estuvo lleno de palabras como “reencuentro”, “reconciliación” o “recomenzar”, pero pocas propuestas políticas se escucharon, más allá de la promesa sobre los fondos de recuperación europeos y la cursi expresión de “catalanes y catalanas, os queremos”. Todo un gran nivel intelectual y político.

Y es que todas esas bonitas palabras exigen decisiones políticas, y ahí Pedro Sánchez y su gobierno están prisioneros, porque le son fieles, por una Constitución y un régimen político con aparatos judiciales, militares y policiales que este gobierno no quiere depurar: que existen diferentes naciones en el reino de España y que el “reencuentro” y la “reconciliación” exigen la aceptación libre y democrática de sus diferentes componentes. La represión no resuelve los problemas, los agudiza y puede retrasarlos, pero acaban volviendo a la superficie. No está de más recordar que el que ahora habla de “reencuentro”, Sánchez, apoyó sin pestañear la aplicación del 155.

Los indultos eran necesarios, incluso para los propios intereses del gobierno como queda dicho, pero resolver un conflicto político necesita propuestas políticas. Varios elementos forman parte de esa decisión: 1) que el movimiento independentista y soberanista catalán mantiene su fuerza y no ha sido cooptado a la unidad constitucional monárquica; 2) que el gobierno Sánchez solo puede vivir de la mayoría que proporcionó la investidura con el apoyo de ERC, PNV, Bildu; 3) que los indultos representan un cambio en la política gubernamental que le obliga a enfrentarse con otras instituciones del Estado, como la judicatura, y a las derechas desbocadas.

El siguiente paso debería ser la mesa de diálogo acordada entre los gobiernos de España y Cataluña. Pero si desde antes de empezar a hablar ya se coloca el corsé de lo que se puede o no se puede y de los límites que impone la Constitución, poco recorrido podrá esperarse de la mesa de diálogo. Se quiera o no se quiera aceptar, lo que define ese diálogo es la crisis de 2017, el 1 de octubre con el referéndum y el 3 de octubre con la huelga general, y la decisión que puede romper el círculo vicioso es que la ciudadanía vote, exprese cuál es su opinión sobre la relación entre los pueblos.

La cuestión es si se trata de rehacer un nuevo pacto entre Cataluña y el reino de España manteniendo las condiciones de los últimos cuarenta años, ofreciendo cierta financiación, ciertas medidas que después no se cumplen o que el Tribunal Constitucional prohíbe -esa dinámica es la que ha fracasado- o se establece un nuevo pacto sobre las bases de un referéndum en el que el pueblo catalán pueda decidir si mantener su relación bajo la monarquía o pasar a una etapa republicana.

De hecho, las propuestas a elegir son: seguir como hasta ahora, cambiando alguna cosa para que todo siga igual; las propuestas de las derechas de mantener la represión e incluso limitar los derechos autonómicos o resolver democráticamente las relaciones entre los pueblos a través de un referéndum.

En su discurso en el Liceo, Sánchez se refirió varias veces a un poema de Miquel Martí i Pol, pero sólo citó una frase: “som on som” (Estamos donde estamos) y se olvidó de los elementos de protesta, de lucha, de futuro que hay en el poema:

Tenim a penes

el que tenim i prou: l’espai d’història

concreta que ens pertoca, i un minúscul

territori per viure-la. Posem-nos

dempeus altra vegada i que se senti

la veu de tots solemnement i clara.

Cridem qui som i que tothom ho escolti.

I en acabat, que cadascú es vesteixi

com bonament li plagui, i via fora!,

que tot està per fer i tot és possible.

(Apenas tenemos/lo que tenemos y basta: el espacio de historia/concreta que nos corresponde, y un minúsculo/territorio para vivirla. Pongámonos/en pie otra vez y que se oiga/la voz de todos solemne y clara/Gritemos quien somos y que todos lo oigan Y al acabar, que cada uno se vista/como buenamente le apetezca, y ¡adelante! /que todo está por hacer y todo es posible.)

El debate en Cataluña

Pocos días antes de la concesión de los indultos se desarrolló una importante y agria polémica tras la publicación de una carta de Oriol Junqueras, presidente de ERC, y otra de Jordi Sánchez, de Junts per Catalunya. El fondo de la polémica tiene que ver con las diferentes tácticas de ambas organizaciones y, más en general, con la dificultad para definir un nuevo plan político y social para avanzar hacia la república catalana.

Aunque el PSC fue el que más votos reunió en las elecciones catalanas, el bloque independentista siguió manteniendo y ampliando la mayoría con un mayor peso de las izquierdas, ERC y CUP. Después de muchas dificultades, especialmente por las luchas internas en Junts y la aceptación de que no iban a ser la fuerza hegemónica, Pere Aragonés accedió a la presidencia de la Generalitat. La polémica, que probablemente continuará durante toda la legislatura, tiene que ver sobre la mesa de diálogo con el gobierno Sánchez; sobre el papel de Puigdemont en la vida política catalana; sobre las políticas sociales y económicas a desarrollar y la manera de continuar lo que quedó pendiente tras las jornadas de octubre de 2017.

Algunos sectores del independentismo rechazan los indultos porque podrían debilitar el movimiento e incluso se oponen a la amnistía en nombre de una independencia que lo resolvería todo. Esa política mágica de jugadas maestras que nunca pueden concretarse ha hecho mucho daño al movimiento. La amnistía y la autodeterminación es lo que permite fijar nuevos objetivos políticos y de movilización.

Lo importante, y también la mayor debilidad es la dificultad que tienen el gobierno, los partidos y los movimientos sociales para definir un nuevo plan para el ejercicio del derecho de autodeterminación. Un plan no se improvisa, tiene que partir del punto donde se llegó en 2017 e incorporar los elementos de balance, de lo que se hizo bien y mal, de las fortalezas y debilidades y, sobre todo, cómo resolverlas. Hay que concentrarse en la perspectiva concreta de políticas de ruptura social y política, tanto desde el gobierno como desde el movimiento, reforzando las organizaciones sociales, buscando apoyos en el municipalismo, el feminismo y el sindicalismo de clase, alianzas con las izquierdas del conjunto del Estado, etc. Y todo esto no será posible sin la más amplia participación y colaboración entre todos los implicados en la emancipación nacional, sean independentistas, soberanistas o demócratas que quieren resolver democráticamente el conflicto y avanzar hacia una salida republicana.

España, siempre España

La polarización política producida por los indultos y jaleada por las derechas ha vuelto a poner en primer plano qué es este país llamado “España”. No es este el lugar para profundizar en un problema que históricamente se viene arrastrando y que surge y resurgirá mientras no se resuelva. Para las derechas solo hay una nación: la española, y lo demás son regiones o comunidades con más o menos folklore y un idioma, que de vez en cuando se proponen eliminar. La debilidad de esa concepción se expresa cuando aparecen problemas políticos importantes, y el único argumento de las derechas es “se rompe España”.² Y la respuesta debería ser: lo que democráticamente decida el pueblo, si se le permite.

Esos que se llenan la boca con la palabra España quieren hacer creer que es la única que puede existir, pero hasta la organización de la nación ha sido diferente a través de la historia. Sin remontarnos muy atrás digamos que las provincias actuales son producto del siglo XIX, que los revolucionarios de los años 30 pensaban en una federación o confederación de repúblicas ibéricas, que las actuales comunidades autónomas es el resultado de los pactos de la Transición, por lo tanto, es posible una organización diferente, tanto en los económico y social liberándose del peso de la banca, las eléctricas, las grandes constructoras, etc., como en lo político. Una organización en la que las naciones, las comunidades y los municipios sean la base de un acuerdo libre y democrático entre ellas. Entre iguales.

Una perspectiva diferente permitiría romper con las concepciones de las derechas, y en algunos casos de sectores del PSOE -Felipe González también se ha pronunciado contra los indultos³-, y abrir un proceso de fraternidad entre los pueblos de la península, una fraternidad democrática y republicana que incluya a todas las naciones: la española, la catalana, la vasca y la gallega. Pero fraternidad quiere decir de igual a igual. De lo contrario, es cualquier relación menos de igualdad republicana. Para lograrlo, habría que hacer caso a lo que escribió el genial Franz Kafka en su no menos genial novela El Castillo: “Por más que animes tanto como quieras a alguien que tiene los ojos vendados a mirar a través de la venda, no verá jamás. No empezará a ver más que desde el momento en que se quite la venda”.

Notas: