“Me detuvieron al principio de la marcha. En Sol ya me habían identificado. Cuando llegamos a Ópera me pongo a gritar ‘España, mañana, será republicana’ y se acerca un policía que me reclama de nuevo la documentación. Yo no me iba a negar a dársela, pero le contesto que no soy ningún delincuente, que los delincuentes están en la Zarzuela”. Tras más de 12 horas en dependencias policiales, Luis Gimeno, uno de los asistentes a la marcha republicana que tuvo lugar en Madrid la tarde del 9 de agosto, relata a Kaosenlared su versión de los hechos ocurridos momentos antes de su detención.

En un vídeo publicado en redes sociales se puede apreciar cómo un agente agarra la cartera de Gimeno y este trata de soltar el brazo del agente. “El policía intenta coger mi cartera. Yo intento proteger mi propiedad, en ese momento me tiran al suelo y me retuercen el brazo”. Según la versión del detenido, en la furgoneta pidió a los agentes que le aflojaran los grilletes ya que era diabético y esas heridas podían ser problemáticas, a lo que recibió un “habértelo pensado mejor” por parte de los agentes.

Gimeno relata en la entrevista que el trato en las comisarías de Leganitos y Moratalaz, donde pasó más de 12 horas hasta que fue liberado, fue cordial y correcto. Tras la detención, el sindicato Solidaridad Obrera ha sacado un comunicado exigiendo la dimisión del Delegado de Gobierno de Madrid, Jose Manuel Franco, por “permitir que se ejerza la violencia injustificada contra los manifestantes de las clases populares”.

“Nosotros no figurábamos entre los convocantes de la manifestación, sacamos el comunicado a raíz de la detención de esta persona afiliada a nuestro sindicato y nos centramos en su defensa jurídica”, señala Jose Luis Carretero, representante de Solidaridad Obrera. “De momento estamos a expensas de lo que quiera hacer Luis. Según muestran las imágenes, la detención está injustificada. Además, la acusación de atentado, resistencia y desobediencia que pesa sobre él es una triada que no se puede dar de forma conjunta. No se pueden dar de forma simultánea”, añade.

A pesar de la tibia respuesta institucional a la salida en secreto de Juan Carlos de Borbón de España derivada de sus casos de corrupción, la respuesta de la opinión pública en redes sociales ha sido reseñable. “El PSOE parece decidido a defender a esta panda de parásitos que son la monarquía y Felipe VI. De Podemos espero que sean capaces de decir algo en contra de esta detención, que ha sido anómala y violenta por parte de la policía”, señala el detenido en la entrevista.

“En una posición personal, que podríamos considerar común en el sindicato, considero que la jefatura de Estado está en manos de una familia que ha demostrado no estar a la altura de las circunstancias. La monarquía se encuentra absolutamente deslegitimada y, con ella, la parte del Estado que la apoya”, reflexiona Carretero, “tiene que darse el proceso de ruptura con el franquismo que nos e dio en el 78”.

Gimeno pertenece al colectivo ‘Leganés por la República’, que nació para llevar a cabo la consulta sobre monarquía o república que se realizó en Madrid el 2 de diciembre de 2018. “La idea era crear un movimiento popular republicano y asambleario. El escollo principal es conseguir una amplitud suficiente que nos permita tener un poder de decisión real sobre las instituciones”, explica el detenido. “Hemos creado la Coordinadora de Asambleas Republicanas de pueblos de Madrid para seguir creciendo. Es indudable que es un momento político crucial para incentivar el republicanismo. Tenemos que participar en las movilizaciones de otros colectivos sociales”, añade.

DENUNCIAR SALE CARO: “EXCUSA SANITARIA PARA LA DERIVA REPRESIVA”

Carretero señala que desde el sindicato de Solidaridad Obrera lo tienen muy claro: “se van acumulando las razones para iniciar movilizaciones contra esta deriva autoritaria y represiva que se le pretende dar a la emergencia sanitaria. A partir de septiembre seguiremos planteando movilizaciones por los derechos de los trabajadores y el derecho a la sanidad pública universal”.

Desde la plataforma señalan que se les ha prohibido en numerosas ocasiones el derecho de manifestación  en defensa de los derechos de los trabajadores y se está produciendo un aumento de expedientes a delegados que denuncian situaciones de vulneraciones en empresas tanto públicas como privadas.

Se critica que en todos los casos en los que se produjeron vulneraciones del decreto del Estado de alarma, la Delegación de Gobierno no actuase de la misma forma que está actuando en las protestas sociales, “imponiendo un espeso manto de silencio sobre nuestras denuncias ante los incumplimientos en las medidas de prevención y seguridad laboral en sectores como el de telemárketing”.

Así lo cuenta a El Salto Juan Luis Arandía, trabajador de la multinacional del sector de telellamadas GSS Covisian: “hemos puesto una querella criminal ante los tribunales contra la empresa debido a que la empresa no puso los medios de seguridad necesarios durante el Estado de alarma. No proporcionaban geles ni jabones. Compartíamos auriculares y micrófonos y no manteníamos la distancia de seguridad. A pesar de nuestra denuncias ni la empresa ni el gobierno nos hicieron caso”.

Lo mismo ocurrió con el caso de la multinacional Konecta, donde se inició un proceso por parte de CGT, USO y SO para la paralización total de actividades por no cumplirse las medidas de seguridad. “A pesar de que hubo una inspección de trabajo que ordenó a Konecta paralizar su actividad, la empresa siguió con centros abiertos. Esto fue puesto en conocimiento de Delegación de Gobierno, pero nadie hizo nada”, sentencia Carretero.

Manolo Fernández Suárez es trabajador de Metro de Madrid y denuncia la gravedad de la situación que viven los trabajadores: “Al tema del amianto, que ya venimos denunciando desde hace tiempo, se suma el tema de las aglomeraciones y el peligro que suponen por el covid19”.

Los trabajadores exigen un aumento significativo de plantilla y frecuencia en los trenes para poder descongestionar las aglomeraciones que se están produciendo, “a cambio, lo único que hemos obtenido es que se siga dando la matraca a la gente para que se ponga bien la mascarilla y respete la distancia de seguridad”, comenta Fernández.

Denunciar la falta de medidas y las aglomeraciones le ha salido caro a Cristina, delegada sindical de seguridad y salud. Tiene una sanción impuesta de falta muy grave y ocho días de empleo y sueldo por haber denunciado situaciones que contravenían las medidas de seguridad. A otra delegada se le ha abierto otro expediente disciplinario por negarse a atender al público sin las condiciones de seguridad necesarias para atender en los vestíbulos.A otro maquinista se le acusa por haber grabado un video desde la cabina haciendo uso del retrovisor de un andén atestado de viajeros donde era imposible que se cumpliesen las medidas de seguridad. “Retuercen las normativas de faltas y sanciones para poder condenar estas situaciones. En este caso se amparaban en el peligro que supone la publicación de imágenes de la cabina, cuando ellos mismos han publicado videos promocionales donde aparecían las cabinas”.