Al menos 45 indígenas guajajara han sido asesinados en Maranhão como consecuencia de conflictos con productores de madera entre 2000 y 2019, 12 de ellos solamente en el interior de Araribóia, donde falleció Paulo Paulino, y 11 de ellos en Cana Brava, según datos del Consejo Indigenista Misionario (CIMI).

Solo en octubre de este año se han abierto 105 kilómetros de caminos clandestinos para la tala ilegal en la tierra indígena Araribóia, según datos del Instituto Socioambiental (ISA). Desde que comenzaron a monitorizarlo, en septiembre de 2018, se han emitido 4.863 alertas de deforestación ilegal y se ha detectado la apertura de más de 1.200 kilómetros de ramales para la explotación maderera.

Indígenas y guardianes del bosque como Paulo Paulino reciben amenazas constantes por las denuncias a los invasores de sus tierras. Agência Pública entrevistó el mes pasado a 15 guardianes cuando había pasado poco de la muerte de Paulino. Para ellos, su asesinato solo sirve de combustible para seguir en la lucha. «Eso solo va a fortalecer nuestro trabajo», afirmó Marcilene Liana Guajajara, integrante del grupo de Guerreras del Bosque de la tierra indígena Caru.

«Nosotros tenemos que proteger nuestro territorio, incluso cuando a veces no tenemos apoyo. Lo que sucedió con Paulino también nos podría pasar a nosotros, pero nuestra idea es unirnos más para fortalecer nuestro trabajo. Nuestro sueño es que los niños conozcan estos territorios», dice Akadjurichã Ka’apor, coordinador de los Guardianes del Bosque de la tierra indígena Alto Turiaçu.

Actualmente, cerca de 17 grupos de guardianes vigilan las tierras indígenas maranhenses. Todos los que fueron entrevistados para el reportaje coinciden en que viven en contextos semejantes a los que Paulino se enfrentaba antes de morir. Algunos mostraron cicatrices que quedaron de acciones pasadas. «En 2015, mi cabeza valía 60.000 reales. Hoy el valor debe ser mayor», dice un cacique Guajajara.

Agência Pública tuvo acceso a vídeos grabados por los propios guardianes que muestran la actuación de los indígenas en la vigilancia de los territorios. Realizan rutinas periódicas, cerca de ocho por año, con camionetas 4×4, quads, drones, dispositivos GPS, escopetas, arcos y flechas. A menudo identifican áreas de actividades criminales de cazadores, madereros y traficantes de drogas y actúan conjuntamente con el Instituto Brasileño de Medioambiente y de los Recursos Naturales Renovables (Ibama), la Policía Federal y la Policía Militar, guiándolos en la represión a los invasores. En acciones aisladas, los indígenas también identifican puntos donde están los invasores, marcan las coordenadas y envían informes a las autoridades.

En ausencia del Estado, los guardianes asumen riesgos

El trabajo de los Guardianes del Bosque, que comenzó a estar estructurado en 2010, surge a raíz del debilitamiento de la Fundación Nacional del Indio (Funai), que representa al Estado en la protección de los indígenas, y del no cumplimiento del artículo 231 de la Constitución brasileña, que prevé la demarcación y protección de las tierras indígenas.

Ante esta ausencia del Estado, grupos de guardianes que son reconocidos por la Funai fueron asumiendo la función de vigilar la tierra, varias veces, deteniendo e incendiando camiones, enfrentándose directamente con los invasores para expulsarlos del territorio ―inclusive con episodios de intercambios de tiros―, lo que no está respaldado por la legislación.

Muchos indígenas se oponen al hecho de que los parientes asuman funciones del Estado, como la protección territorial, pero los guardianes desean seguir desempeñando ese trabajo. «Nos cansamos de esperar una respuesta del Estado y acordamos asumir la protección de nuestras tierras», afirma Cláudio José da Silva, coordinador general de los Guardianes del Bosque de la tierra indígena Caru.

El secretario de Derechos Humanos y Participación Popular de Maranhão, Francisco Gonçalves, ha dicho que el agravamiento de los conflictos que provocaron la muerte de Paulo Paulino es resultado de la postura adoptada por el gobierno de Jair Bolsonaro. «Los conflictos son de décadas, pero se agravó este año con el desmantelamiento de los órganos federales y el abandono de las políticas de protección a los pueblos indígenas; el discurso beligerante y de odio que el Gobierno de Bolsonaro envía a los grupos criminales funciona como un salvoconducto para entrar en tierras indígenas», afirma. «Nos preocupa mucho la ausencia de órganos federales en la protección de las comunidades», opina Gonçalves.

En la aldea de Lagoa Comprida, donde vivía Paulino Guajajara, el clima es de tensión y miedo. Cansados, los indígenas cuenta que están pasando las noches en medio del bosque, temiendo posibles ataques de productores de madera y habitantes de poblados cercanos. El entorno de la aldea es blanco de la codicia de los madereros venidos de poblados rurales de municipios vecinos como Bom Jesus das Selvas y Buriticupu, en el estado de Maranhão, debido a la gran concentración de lo que quedaba de maderas nobles.

Según ellos, después de que la Policía entrara para buscar el cuerpo de Paulino Guajajara, corrió el rumor de que iba a haber un ataque a la aldea por personas no indígenas indignadas con la llegada de las autoridades. Según líderes y fuentes de la Funai, después de la llegada de la Policía a Araribóia, cinco casas de indígenas fueron quemadas en un poblado a las afueras de la aldea en la región conocida como Cerolzal.

Es la misma región por la que deambula un grupo de indígenas aislados del pueblo Awá-Guajá, filmados por el fotógrafo y documentalista Flay Guajajara en julio de este año, que los Guajajara intentan proteger a cualquier precio de los constantes invasores, sobre todo madereros y cazadores.

Traducido por Diajanida Hernández

Este reportaje es parte del proyecto de la Agência Pública llamado Amazonia sin Ley, que investiga la violencia relacionada con la regularización de tierras, la demarcación de tierras y la reforma agraria en la Amazonia Legal.