No utilizaré este reducido espacio para argumentar contra la inconsistencia jurídica de las espurias medidas impuestas a Evo y a Correa por jueces venales o intimidados. Esos adefesios judiciales forman parte de la misma familia de los golpes de Estado contra los presidentes Zelaya (Honduras, 2009), Lugo (Paraguay, 2012), Dilma Rousseff (Brasil, 2016) y Evo Morales (Bolivia, 2019). Todos justificados por los medios de comunicación hegemónicos; en algunos casos promovidos, o aprobados, por los parlamentos y hasta convalidados por los órganos de administración de justicia, como en el caso brasileño. También tienen cercano parentesco con la embestida mediática que linchó al kirchnerismo en Argentina y abrió la puerta, en gran medida, al gobierno saqueador de Macri y al ensañamiento judicial contra Cristina Fernández de Kirchner y su familia. Además, con la desacreditada farsa del juez Moro para impedir la candidatura de Lula a la presidencia, que le puso la alfombra de plata a la privatización del rico yacimiento petrolero presal y a la irrupción de Bolsonaro. Estas acciones, cuando interviene el aparato de administración de justicia para perseguir o inhabilitar a políticos de raigambre popular, de tan reiteradas, han dado ya lugar al surgimiento del vocablo inglés lawfare (guerra judicial) para calificarlas. Por cierto, un caso escandaloso fue el intento de desafuero contra López Obrador. Pero debe quedar claro que el lawfare es sólo una línea de acción, muy importante, sin duda, entre el repertorio de atropellos que la derecha ha ido perfeccionando para interrumpir los procesos de cambio o evitar que lleguen, o retornen al gobierno, candidatos que los promueven.

Paola Pabón, Virgilio Hernández y Christian González, distinguidos militantes del Movimiento de la Revolución Ciudadana, constituyen en Ecuador un caso paradigmático de persecución judicial únicamente por motivos políticos. Los tres fueron acusados de rebelión armada a raíz del gran levantamiento indígena en Ecuador de octubre de 2019, que dejó más de mil prisioneros y 11 muertos. Sí se identificaron con las demandas del movimiento pero sin participar en su organización y llamando a ventilar políticamente sus reclamos a través de la Asamblea Nacional. Las pruebas presentadas contra los tres no son más que tuits, uno de ellos de Paula, llamando al no ejercicio de la violencia y, en todo caso, por su contenido están dentro del campo del derecho a disentir. Paola, prefecta electa de la provincia de Pichincha, fue detenida de madrugada y allanada su casa brutalmente. Los tres recibieron condena a prisión preventiva, hasta que el 25 de diciembre de ese año les fue conmutada por medidas sustitutivas de presentación semanal en la fiscalía y fijación de un brazalete electrónico, gracias a la presión ejercida por una resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. También la acusación disminuyó a sólo rebelión pues lo de armada ponía en aprietos a los mismos jueces. Pero en estos días ha continuado el juicio y ahora Paola deberá presentarse ante la fiscalía tres veces por semana en lugar de una mientras dure la investigación. En una extraordinaria entrevista (https://ctxt.es/es/20200901/Politica/33352/Ecuador-paola-pabon-rafael-correa-lula-america-latina-revolucion-ciudadana-marcelo-exposito.htm), en la que muestra la entereza y convicciones de que está hecha, Paola afirma: “aquí hay también intereses trasnacionales que… no estaban cómodos con nuestros regímenes progresistas, y las embajadas de Estados Unidos han jugado un papel en estos procesos que hemos llamado Nuevo Plan Cóndor. Entonces, ya no es el caso de Paola Pabón, ya no es el caso de Lula, de Rafael Correa. El problema es que ya no se trata de estados democráticos y con el tiempo se hablará y se escribirá sobre cómo actuaron los regímenes neoliberales-autoritarios en esta época en América Latina”.

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