En menos de cuarenta y ocho horas estaba sentado en un banco del aeropuerto de Dakar, agotado, sin dormir, sin dinero suficiente para llegar a su pueblo natal a más de doscientos kilómetros de la capital. El teléfono que encendió era el que un agente policial español le había entregado tras el aterrizaje, como gesto mínimo de humanidad al final de una cadena de actos sin ninguna. Le mandó una nota de voz a Àngela. Le dijo que estaba «un poco bien». Ella, que lo conoce desde sus peores momentos, sabe que ese «un poco bien» significa lo contrario.
Lo que le ocurrió a Abdou tiene un nombre concreto. Se llama «cita trampa», una práctica policial que consiste en utilizar las comparecencias periódicas de firma obligatoria para activar una deportación exprés en menos de setenta y dos horas, dentro del plazo legal que permite la detención sin autorización judicial, siempre que exista una orden de expulsión firme. La persona migrante acude porque se le dijo que acudiera, porque está colaborando, porque confía en que ese cumplimiento la protege. Y es precisamente esa confianza la que el sistema convierte en trampa. Su abogada, Marta Llonch de Cáritas, registró de urgencia su solicitud de regularización extraordinaria con los documentos disponibles en ese momento, intentando frenar lo que ya estaba en marcha. El informe médico que acreditaba su situación de máxima vulnerabilidad —tenía cita ese mismo día en el centro de salud por secuelas del tiempo vivido en la calle— no llegó a ningún juzgado. Abdou estaba camino de Madrid antes de que nadie pudiera hacer nada.
Sus antecedentes policiales merecen un párrafo aparte porque son parte central de lo ocurrido. El trabajador social de Abdou estaba en proceso de cancelar esos antecedentes antes de presentar la solicitud de regularización. La primera causa era por usurpación: entraba a ducharse a un piso de la Sareb porque no tenía hogar. La segunda, por supuesto delito contra la salud pública: fue detenido junto a alguien que vendía drogas, sin pruebas contra él, señalado por estar cerca. Su abogada lo describe claramente como perfilamiento racial. Ese juicio ya no se celebrará. España lo expulsó antes de que pudiera defenderse.
Aquí es donde nosotras necesitamos decir algo. Esto ocurrió durante el mandato de un gobierno del PSOE que lleva semanas presentando la regularización extraordinaria como uno de los grandes logros históricos de la legislatura. El mismo gobierno que el día anterior frenó la deportación de un temporero marroquí cuando su caso ganó suficiente visibilidad mediática. La diferencia entre los dos casos no estaba en los méritos jurídicos ni en la vulnerabilidad de las personas implicadas. Estaba en quién presionaba, cuándo y con qué capacidad de generar ruido. La maquinaria policial ejecutó la deportación de Abdou de manera paralela y simultánea al proceso de regularización, y ninguna voz del Ejecutivo activó el freno. Un gobierno que aprueba una regularización con fanfarria y no fiscaliza que su propio aparato policial no la sabotee en tiempo real tiene una contradicción que no puede resolverse solo con comunicados de prensa.
Que la iniciativa para el desalojo del B9 venga de Albiol no exime al gobierno central de haber mantenido, con la Ley de Extranjería intacta y sin reformar, las condiciones que permiten expulsar en cuarenta y ocho horas a una persona con arraigo real, con red de apoyo, con una abogada, con un trabajador social y con una regularización registrada. Esa ley funciona igual bajo el PP que bajo el PSOE cuando nadie la cuestiona desde adentro. Y llevamos demasiados años esperando que la izquierda en el gobierno haga exactamente eso.
El otro problema, el que nosotras llevamos tiempo nombrando, es el del gasto político que implica el antirracismo en este país. Mientras el caso de Abdou circulaba entre las vecinas de la comunidad B9, en la red del colectivo Regularización Ya y en algunos medios, la prensa progresista española estaba consumida por el caso Zapatero. Los análisis, los editoriales, los podcasts, las columnas, las tertulias, todo apuntaba en la misma dirección. Un hombre negro y senegalés deportado en plena regularización, con una red entera de personas que había construido meses de trabajo junto a él, no tenía el peso político suficiente para competir con ese titular. Esa jerarquía de lo que merece atención pública es racismo estructural. Y tiene consecuencias materiales para personas reales.
¿Cuánta energía política ha gastado el movimiento antirracista en España defendiendo a una izquierda institucional de sus propias crisis internas, de la derecha, de los jueces, mientras personas como Abdou seguían siendo invisibles dentro de ese mismo perímetro? La fatiga es real. El coste, también. Y una izquierda que exige lealtad sin reciprocidad, que pide que la defendamos de Vox, de Feijóo, de cualquier amenaza exterior, y que al mismo tiempo deporta, no puede seguir reclamando nuestra energía sin dar cuentas. El antirracismo no es un servicio que prestamos a los partidos. Es una exigencia que le hacemos al poder, a cualquier poder, incluso al que lleva la palabra progresista en el nombre.
Como hemos señalado en Afroféminas al documentar el racismo policial como patrón estructural, las personas migrantes tienen tres veces más probabilidades de ser paradas en la vía pública que el resto de la población, y el 37% de las denuncias a SOS Racismo provienen de personas en situación irregular que no denuncian las agresiones que sufren porque temen que hacerlo les cueste la deportación. Ese miedo no es irracional. Es el mecanismo. Abdou sabía que tenía que ir a firmar cada lunes. Fue cada lunes. Lo deportaron.
El racismo institucional en España opera de múltiples maneras, y una de las más efectivas es la que convierte la colaboración en vulnerabilidad. Abdou no fue detenido en la calle, no fue sorprendido en ninguna redada, no intentó esconderse. Fue detenido mientras hacía exactamente lo que el sistema le exigía. Esa es la crueldad específica de la cita trampa: penaliza la obediencia y destruye la confianza de comunidades enteras en cualquier proceso administrativo futuro. Las vecinas del B9, los colectivos, los trabajadores sociales, las abogadas que construyeron una red de apoyo real —con él, no solo en torno a él, como Àngela precisa— ven cómo ese trabajo colectivo de meses quedó destruido en cuarenta y ocho horas.
Àngela consiguió enviarle dinero para que pudiera llegar a su pueblo, cerca de Saint Louis, a más de doscientos kilómetros de Dakar. Lo que no pudo enviarle es lo que España le quitó: el tiempo, el arraigo, la red de cuidados, el proceso de regularización, la posibilidad de un juicio justo para los cargos que nunca debieron existir. Todo eso, mientras el gobierno de este país anunciaba que España se convertía en un país mejor porque reconocía derechos en lugar de recortarlos.
Lo que le ocurrió a Abdou es el sistema funcionando exactamente como fue diseñado para expulsar con rapidez a quien no tiene quien presione, quien no acumula suficiente visibilidad mediática a tiempo, quien confió en las instituciones en el peor momento posible. La pregunta que nos queda es qué hacemos nosotras con esa certeza.
Afroféminas
