La imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por parte de la Audiencia Nacional está relacionada con la llamada por la fiscalía los Estados Unidos como la «pata europea» del sistema de elusión y diseño de las operaciones para sortear las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela.

Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) declaró a principios de mayo a la agencia Reuters que su oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en Madrid «colaboró con la Policía Nacional española en una investigación sobre el blanqueo de fondos públicos internacionales», y que ya apuntaba al papel del ex presidente español y su contribución a eludir el bloqueo de Estados Unidos a Venezuela.

En 2021, y en plena crisis post confinamiento, el Gobierno español concedió a esta compañía un rescate público de 53 millones de euros a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Plus Ultra tenía importantes vínculos accionariales con personas cercanas al gobierno de Venezuela, en ese momento liderado por Nicolás Maduro, entre ellos Camilo Ibrahim, un empresario venezolano considerado hombre de confianza del propio Zapatero.

Alex Saab, considerado «testaferro» según la terminología empleada por la justicia estadounidense y presunto arquitecto de la red que permitió al Estado venezolano seguir teniendo comercio exterior a pesar del bloqueo, aparece reflejado en el auto judicial español, que copia y pega la documentación que ha entregado la fiscalía norteamericana a la policía española. La documentación del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN) signa a la aerolínea como receptora y emisora de fondos venezolanos, pero bajo bandera española. La pieza central que une a Zapatero con el entramado de Saab es la aerolínea Plus Ultra.

El auto judicial sostiene que el expresidente habría utilizado sus contactos al más alto nivel para facilitar la concesión del rescate millonario a la aerolínea, permitiendo así que el capital de supuesto origen ilícito —procedente del «saqueo de PDVSA y del programa de alimentos del régimen«, según el auto— se integrara en el sistema financiero español.

La imputación ha coincidido en el tiempo con el caso contra Alex Saab por una corte de Miami, lo que subraya la coordinación transnacional de las actuaciones judiciales. Para Washington, la capacidad de Saab para sortear las sanciones representaba una amenaza directa a su política exterior. La novedad es que, según la justicia española, la red necesitaba una figura de alto nivel para «legitimar» ese dinero en Europa.

Zapatero, que comparecerá en calidad de investigado el próximo 2 de junio, se enfrenta a presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y falsedad documental, en lo que parece una venganza de Washington en toda regla. De hecho la justicia estadounidense, a través de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, estaría evaluando iniciar un proceso penal contra él por presunto «colaborador necesario» del gobierno de Nicolás Maduro.