La reciente declaración hecha pública por el exvicepresidente y excanciller venezolano Elías Jaua Milano fija una postura categórica ante la pretensión de entregar la riqueza energética de Venezuela a intereses corporativos y militares extranjeros. Las declaraciones del dirigente político fundamentan la invalidez de este llamado «acuerdo petrolero» a partir de tres ejes centrales que explican el alcance de la denuncia.
En primer lugar, Elías Jaua precisa que la denuncia de nulidad apelando a la Convención de Viena de 1969 se sustenta en un principio universal y consuetudinario del Derecho Internacional: la invalidez absoluta de cualquier contrato, pacto o acuerdo alcanzado bajo coacción, amenaza o uso de la fuerza. En segundo término, Jaua enfatiza que el núcleo del debate no reside en discusiones procedimentales sobre la ratificación de convenios internacionales, sino en la realidad del hecho sustancial: el país ha sido presionado mediante la amenaza militar para ceder la explotación de sus reservas petroleras a una empresa privada vinculada directamente al estamento militar de la potencia tutelar. Finalmente, la declaración de Jaua sostiene que el acuerdo padece de nulidad absoluta por quebrantar abiertamente la Constitución venezolana vigente, vulnerando de forma específica sus artículos 150, 156, 187, 302 y 303, los cuales resguardan el control estatal inalienable sobre los recursos estratégicos y el interés nacional.
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