

Canarias financia a las redes de Desokupa con dinero público por tercer año consecutivo, blanqueando el negocio de quienes quieren echarnos de nuestras casas con violencia.
Es un insulto a la clase trabajadora. Mientras miles de familias en nuestras islas viven bajo la amenaza constante del desahucio y la precariedad habitacional, el Cabildo de Tenerife, el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Santa Cruz han decidido dónde poner sus prioridades: financiando el blanqueamiento institucional de quienes viven de la intimidación, otra vez, otro año más. Tercero consecutivo.
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