El sistema alimentario global opera bajo una lógica de maximización de rentabilidad tan interiorizada que rara vez se pone en discusión, aunque esté en la base de una triple crisis: la superación de los límites biofísicos del planeta, la epidemia de malnutrición y la sumisión de territorios y poblaciones enteras a los privilegios del norte global.

Ejemplos sobran, pero el informe “Langostino barato, costes elevados” –una investigación de la organización Foodrise presentada por el Observatorio de Bienestar Animal (OBA)– ofrece uno especialmente oportuno. El camarón de cultivo ecuatoriano inunda hoy los mercados europeos, y en particular el español, a costa de un graves impactos ecosociales.

Cuando lo único que importa es maximizar la rentabilidad –y ese ánimo de lucro se combina con acuerdos de libre comercio y campañas publicitarias capaces de reeducar los hábitos alimentarios de una población entera– la producción de alimentos deja de responder a las necesidades locales. Como si obedeciera a la atracción de un ley gravitatoria, la comida viaja allá donde el poder adquisitivo es mayor. Así, extensísimos territorios de antiguos manglares ecuatorianos se han convertido en enormes piscinas marinas para la cría intensiva del camarón, hasta el punto de que, según el propio informe, este año “el éxito comercial del camarón en Ecuador ha superado en ingresos al petróleo”. De hecho, la capacidad exportadora del país ha escalado de las 40.000 toneladas del año 2000 a un estimado de 1,2 millones de toneladas en la actualidad.

Pero, como todo monocultivo, ese “éxito” viene acompañado de la expulsión de comunidades locales, relegadas a los márgenes de un mega-negocio controlado por un puñado de empresas (un tercio de todo ese valor se concentra en solo dos corporaciones: Industrial Pesquera Santa Priscila y S.O.N.G.A). Y aunque los defensores de la acuicultura argumentan que el sector genera empleo, las cifras indican que el 63% de la mano de obra del sector trabaja en condiciones precarias y desreguladas.

El impacto ambiental, sigue el informe, es devastador: en algunas zonas el 90% de los manglares naturales ha sido destruido. En términos climáticos, el meta-análisis de Poore y Nemecek calcula que cada 100 gramos de proteína de camarón de cultivo genera, de media, 18 kilos de emisiones de CO2 –un ratio incluso superior al de la producción lechera. A esto se suma el uso intensivo de antibióticos y químicos que contaminan el océano y las costas. En otras palabras, la rentabilidad privada se construye, literalmente, arruinando la reproducción de la vida.

El informe acuña un término certero para nombrar todo esto: “colonialismo nutricional”. Engordar los camarones que acabarán en las mesas europeas exige sustraer 178.000 toneladas de pescado al año de las costas sudamericanas, privando a las comunidades locales de sus propios recursos pesqueros. Y como de colonialismo España sabe bastante, no sorprende que el informe señale que “España importa más langostino procedente de la acuicultura intensiva de Ecuador que todo el volumen que se pesca o se cría conjuntamente en la totalidad de la Unión Europea”. Un negocio boyante en el que destacan empresas como Nueva Pescanova o Profand, principal proveedor de productos del mar de Mercadona.

Paradójicamente, esta dictadura del mercado se sostiene con fondos públicos, solo la lista de rescates y ayudas a Pescanova es interminable. Lo razonable, sin embargo, sería destinar esas inversiones a impulsar un modelo completamente distinto. Una de las alternativas, como explican Francisco Navarro y Pau Llonch, miembros del Seminario Taifa, en un reciente informe, es la planificación indicativa: una herramienta pública para orientar la economía hacia el bienestar común sin eliminar la iniciativa descentralizada ni recurrir a modelos de planificación centralizada como los planes quinquenales de la URSS.

En este marco encaja la propuesta francesa de la Seguridad Social de la Alimentación. Si la alimentación es un derecho vital, debería garantizarse con la misma lógica con la que los sistemas públicos protegen otros derechos básicos, como la salud o la educación. El mecanismo es sencillo: a partir de una transferencia económica y universal a la población, se orienta la demanda en favor de  adquirir suficientes alimentos frescos, de temporada y agroecológicos en una red de centros concertados.

Si además tenemos en cuenta que la gestión de estos fondos se desplaza a cajas comunitarias de base popular, cobra sentido pensar que se abre una verdadera posibilidad de ejercer soberanía alimentaria. De dejar de depender de multinacionales a confiar nuestra alimentación a productores y productoras locales que, en consecuencia, tendrían sus modos de vida resueltos tal como lo tiene el personal sanitario o de la educación. Porque la elección, en el fondo, es esa: entre camarones colonizadores y agricultura local, entre la acumulación de capital y la reproducción de la vida.