El 11 de septiembre de 1973, un golpe de Estado militar puso fin al gobierno democráticamente elegido de Salvador Allende en Chile, marcando un punto de inflexión en la historia del país y desencadenando una dictadura militar de 17 años, liderada por el General Augusto Pinochet que duraría hasta 1990. La condena social a la dictadura no tiene duda, la judicial, en cambio, no fue lo suficientemente contundente, bien porque faltaron fundamentos suficientemente sólidos en derechos humanos para determinar la sistemática violación y criminalidad de estado o simplemente porque la justicia atemorizada o cómplice disolvió las pruebas o subvaloró el desastre para sanar heridas a costa de impunidad. Finalmente, el juez español Garzón tomó la iniciativa de aplicar la justicia internacional, que llevó a la detención de Pinochet en Londres y a su extradición a Chile, donde sus apariciones esporádicas en una silla de ruedas, podrían asegurarle indulgencia e impunidad judicial.
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