El secuestro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y de su esposa Cilia Flores el pasado 3 de enero, fue ilegal e inconstitucional. Se trató de una intervención militar, sin el conocimiento del Congreso ni su aprobación, y además, el presidente Donald Trump violó el derecho internacional. Entre otros, el artículo 2, sección 4, de la Carta de Naciones Unidas, que a la letra dice: “Los miembros de la organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de Naciones Unidas”.
La ONU eludió una mínima postura de condena para dar cuenta de esta grave violación. La geopolítica en acción, los intereses en juego en los otros conflictos abiertos y vigentes determinan el no involucramiento, una suerte de dejar hacer, dejar pasar. Ni siquiera llamaron a consulta a sus embajadores en Estados Unidos.
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