Más de un mes después del cruce masivo de finales de julio, en la playa del Trampolín de Ceuta siguen viviendo más de un millar de personas en tiendas improvisadas sobre la arena. El reparto de alimentos llega una vez al día, tras cuatro horas de espera al sol, y consiste en una bolsa con dos quesitos, un zumo y una pieza de fruta que debe cubrir la jornada entera. Se instalaron treinta duchas. No se habilitó ningún refugio. Las organizaciones que trabajan sobre el terreno llevan semanas repitiendo que esa cantidad de comida no alimenta a nadie.
Conviene decir lo que eso es. A miles de personas se las está manteniendo con hambre en territorio español. Lo llamativo no es la falta de recursos, en un país que ha comprometido trescientos nueve millones de euros para la ciudad hasta final de año, con el sistema de acogida incluido en el plan. Lo llamativo es que una parte de la sociedad española defiende ese hambre en voz alta. El 27 de agosto un grupo de manifestantes cortó la carretera sentándose en el asfalto para frenar los camiones de Cruz Roja que llevaban comida a la playa. Días después volvieron con banderas, intentaron impedir otra vez el reparto y entraron luego en el asentamiento a destrozar y quemar las tiendas. Impedir que unas personas coman se ha convertido en una forma aceptable de protesta ciudadana en España.
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