Ahora Boston es una de las sedes del Mundial de Futbol. Pero Massachusetts está afectado negativamente en la actividad económica por las medidas migratorias del presidente Trump. Un informe elaborado por la Boston Foundation y el MassINC Policy Center muestra cómo dicho estado depende de la llegada de miles de inmigrantes cada año, lo que permite mantener su fuerza laboral.
Se trata de 60 mil procedentes de otros países que arriban a ocuparse en diversos oficios: son casi una cuarta parte de la fuerza laboral y desempeñan un papel clave en la educación superior, las universidades, los hospitales y la industria de las ciencias biológicas; en restaurantes, manejo de residuos, transporte y pequeños negocios. Casi un tercio de esos inmigrantes tienen una maestría o un grado superior, en comparación con una quinta parte de los residentes nacidos en Estados Unidos.
El estado también depende en gran medida de estudiantes internacionales y de mano de obra en el sector de la construcción. El investigador Kimberly Goulart advierte que uno de los principales problemas en Massachusetts y en el área metropolitana de Boston es la limitada oferta de vivienda. Afecta en especial a los latinos. Pero ahora no se cuenta con la fuerza laboral requerida para construirlas por las medidas antimigrantes de la Casa Blanca.
Otra arista: los inmigrantes son básicos por el poder adquisitivo de sus hogares (más de 50 mil millones de dólares al año); aportar cerca de 7.4 mil millones en impuestos estatales y locales, y más de 23 mil millones en los federales. Además, los estudiantes internacionales generan más de 5 mil millones de dólares a la economía estatal. Para Lee Pelton, presidente ejecutivo de The Boston Foundation, el informe que elaboraron demuestra cómo las políticas destinadas a cerrar o restringir las vías migratorias tienen un impacto negativo notable en Massachusetts.
Y agrega que sin los inmigrantes el estado tendrá un crecimiento poblacional más lento y la reducción del número de personas en edad laboral disponibles para sostener la economía. Y es que cada año, cerca de 9 mil personas se jubilan y unos 20 mil residentes en edad laboral abandonan Massachusetts, que tiene la segunda tasa de natalidad más baja del país. Por eso, la inmigración es necesaria para compensar ambas pérdidas.
Como respuesta a las redadas contra los inmigrantes, la gobernadora del estado, Maura Healey, publicó una guía que instruye cómo actuar cuando agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) llegan a escuelas, iglesias, clínicas o juzgados. Los latinos la recibieron favorablemente, pues es en los estacionamientos de estos lugares donde los agentes del ICE suelen reunirse para hacer las detenciones. Por miedo, muchos padres de familia no llevan a sus hijos a la escuela; los fieles no van a la iglesia y quienes padecen alguna enfermedad no acuden a sus citas médicas.
En la guía igualmente se explica lo que escuelas, centros médicos e iglesias, por ejemplo, deben hacer en caso de la presencia de agentes del ICE en sus instalaciones. Ante todo, exigir una orden judicial válida y negar el acceso si no la presentan. También, designar a un empleado como punto de contacto con el ICE, proteger la información confidencial, documentar cada interacción y tener abogados disponibles.
Se pide además a la población documentar y reportar los arrestos, con fotos y videos. Todo lo anterior se apoya en una orden ejecutiva que la gobernadora Healey firmó el pasado enero y que limita la cooperación con el ICE en propiedades del estado.
Por su parte, el concejo municipal acordó reconocer el mes de junio como un momento para honrar a las comunidades inmigrantes. Todas estas medidas positivas, muestran que en Estados Unidos no todo es negro, como suele predicar el señor Trump cuando se refiere a los inmigrantes.