En rueda de prensa virtual desde Bélgica, donde reside junto a su familia desde el fin de su segundo mandato, en 2017, el ex gobernante ofreció nuevos detalles en el contexto del plan en curso en su contra y también contra todos los representantes del llamado correísmo.

Anunció que adoptará acciones legales ante organismos internacionales después de la denuncia del dirigente de Juntos Podemos, y ex prefecto de la provincia de Azuay, Paúl Carrasco, quien aseguró haber recibido una llamada de Luis Verdesoto, miembro del Consejo Nacional Electoral (CNE), para que apoye el pedido de retrasar los comicios y dar tiempo a la sentencia definitiva en el Caso Sobornos 2012-2016, en el que Correa es uno de los procesados, y en caso de se declarado culpable enfrentar una condena de hasta ocho años de prisión.

Esa acción inhabilitaría al ex gobernante a presentar candidatura para cualquiera de los puestos, excepto al de presidente, por el cual no puede optar ya, por ley. Resaltó que Carrasco fue fuerte opositor a mi gobierno.

Lo que buscan es impedir que participe en las próximas elecciones generales. Esto es un secreto a voces, recalcó, al señalar que buscará la vicepresidencia. Nos persiguen por pánico, antes nos perseguían por odio, ahora por pánico, aseguró Correa, reportó el portal Confirmado.net.

Al detallar una serie de medidas con las que el gobierno de su sucesor, Lenín Moreno, así como otros actores políticos, económicos y judiciales buscan impedir su participación y la de su movimiento Compromiso Social en las elecciones indicó: Qué más claro rompimiento del estado de derecho, qué más claro intento de robarnos la democracia. Vivimos tiempos oscuros, tiempos de retroceso. Decimos ya basta, ya han destrozado demasiado, jueguen limpio.

Señaló que en ese empeño no ha importado implicar a inocentes involucrados en el mismo caso, y en ese sentido mencionó a María de los Ángeles Duarte (ex ministra de Transporte y Obras Públicas, de Inclusión Social y de Desarrollo Urbano y Vivienda); Alexis Mera (ex secretario jurídico de la presidencia) y Viviana Bonilla (asambleísta).

En ese proceso específico, la audiencia de apelación, luego de una sentencia de primera instancia, quedó pospuesta antier, sin que se informe una nueva fecha.

Correa precisó además que en su contra hay 31 juicios penales y 25 administrativos-civiles, de la Contraloría General del Estado.

Sobre esa instancia en particular, alertó que ahora intenta forzar la eliminación del registro electoral del Movimiento Compromiso Social, al cual se unió la Revolución Ciudadana y con el que ya sus miembros ganaron espacios en los pasados sufragios seccionales.

La acción la respaldó con un informe presentado al CNE, en el cual piden sacar del registro a cuatro organizaciones políticas, entre ellas, Compromiso Social, de Correa, Podemos y Libertad es Pueblo y Justicia Social, lo cual fue rechazado por la mayoría en el pleno del ente electoral, cuya presidenta, Diana Atamaint, y dos consejeros, Esthela Acero y José Cabrera, enfrentan pedidos de destitución por su actuación.

Correa aseveró que con esa postura, la Contraloría asume poderes que no le están conferidos. Reaccionemos, no nos están haciendo un daño a nosotros (…) le están haciendo daño a la patria, enfatizó y cuestionó ¿dónde queda la democracia y las elecciones libres?

En este contexto, la Corte Constitucional suspendió temporalmente un reglamento del gobierno encabezado por Lenín Moreno que permite el uso progresivo de la fuerza de militares durante protestas sociales, lo que ha sido criticado por organismos de derechos humanos.

La corte admitió una acción de inconstitucionalidad contra el acuerdo ministerial adoptado en mayo que permite a los militares ir escalando en el uso de fuerza hasta llegar al empleo de armas letales y dispuso la suspensión de su aplicación hasta que el pleno adopte una decisión, informó la Defensoría del Pueblo en su cuenta de Twitter.

En la resolución de la Corte, divulgada por la defensoría, se indica que la suspensión del acuerdo no implica pronunciamiento sobre el fondo de la acción de inconstitucionalidad.

La Defensoría del Pueblo de Ecuador y otras organizaciones habían presentado a inicios de junio demandas de inconstitucionalidad contra el acuerdo ministerial, por considerar que regula funciones de las Fuerzas Armadas no reconocidas en la Constitución.

En octubre pasado, durante protestas contra el alza del precio de combustibles –que dejaron una decena de muertos y más de mil 300 heridos– el gobierno ordenó la militarización de Quito.

En medio de la pandemia también se desplegó a la fuerza militar para el control de la movilidad, en medio de un estado de excepción.