Un proyecto de ley que refuerza la protección jurídica de los policías que usan sus armas e incrementa penas para los ciudadanos que ataquen a los uniformados ha desatado una fuerte controversia en Chile ante el temor de que aumenten los abusos de las fuerzas de seguridad y los casos de «gatillo fácil».

La ley Nain-Retamal, nombrada así por el cabo segundo Eugenio Nain y el suboficial Carlos Retamal, quienes fallecieron tras ser atacados mientras realizaban operativos, fue aprobada la semana pasada en la Cámara de Diputados y este martes será el turno del Senado.

En uno de sus artículos, la iniciativa establece la controvertida figura de «legítima defensa privilegiada», que permite que los policías cuentan con una presunción de uso justificado de su arma de servicio si actúan en defensa propia, de terceros o para impedir un delito.

El Gobierno intentó modificar la redacción para que los oficiales solo puedan usar sus armas si está en peligro su vida o su integridad, pero no lo logró.

De hecho, el debate se tensó de manera significativa el lunes, luego de que los ministros del Interior, Carolina Toha, y de Justicia, Luis Cordero, se retiraran de la sesión de trabajo que estaba llevando a cabo la Comisión de Seguridad del Senado, que rechazó por mayoría de votos su propuesta para limitar el uso de las armas de fuego por parte de las fuerzas de Seguridad.

En las últimas semanas, la oposición partidaria y mediática usó los casos de la sargento Rita Olivares, quien falleció al recibir un balazo; y el cabo primero Alex Salazar, muerto tras ser atropellado durante un operativo, para reforzar el discurso de que la policía está «desprotegida» y no puede actuar contra los delincuentes.

Hacia la impunidad

La solución que caló en el debate público fue que Carabineros, Gendarmería y la Policía de Investigaciones deberían contar con mayores facultades para disparar sin arriesgarse a ser sancionados.

Esto significa que, en lugar de ser imputados, simplemente serían testigos o víctimas y difícilmente se harían acreedores a alguna pena. Y, contrario a lo que ocurre hoy, no sería retirado de sus funciones mientras dure la investigación.

Por otra parte, la Ley aumenta la pena para el delito de homicidio de algún elemento de las fuerzas de Seguridad, lo que podrá ser sancionado con prisión perpetua.

El proyecto ya fue criticado por Naciones Unidas y Amnistía Internacional, quienes advierten que puede representar un retroceso en materia de derechos humanos.

«En vez de dotar a las policías de herramientas más eficaces para su función, (lo que hace) es reducir la rendición de cuentas, obstaculizando el acceso a la justicia para las víctimas de eventuales abusos y favoreciendo la impunidad», señaló la Oficina de Derechos Humanos de la ONU.

Amnistía Internacional, por su parte, recordó el uso excesivo de la fuerza, las torturas, traumas oculares y detenciones ilegales cometidas por las fuerzas de seguridad durante el estallido social de 2019.

Saldos

En los meses de las protestas, se registraron alrededor de 8.000 agresiones por parte de agentes del Estado, y en más de 400 casos se trató de personas que fueron afectadas por traumas oculares debido a que les dispararon perdigones directo a la cara.

La discusión es de tal intensidad, que la ministra vocera del Gobierno, Camila Vallejo, reconoció la dificultad de encontrar un equilibrio entre la agenda de seguridad y la de derechos humanos.

«No queremos ‘gatillo fácil’ porque después lo vamos a lamentar», dijo en referencia al eufemismo que define los casos de policías o militares que disparan sin justificación alguna.

Este martes, más de 300 organizaciones de derechos humanos dieron a conocer un pronunciamiento en el que advierten que la iniciativa refuerza la vocación de impunidad de las policías e instituciones del país, que de por sí han impedido la sanción de los delitos cometidos por agentes estatales durante el estallido.

«Este peligroso escenario parece destinado a salvaguardar la impunidad de agentes estatales en el uso de la fuerza y se halla lejos de cualquier estándar y control de convencionalidad en materia de derechos humanos, en tanto resulta inaceptable que la justificación del uso de la fuerza letal dependa del criterio del funcionario que utiliza las armas», alertaron.