Por décima semana consecutiva, la ola de manifestaciones masivas y bloqueos de calle en Perú siguió desafiando la brutal represión a manos del régimen golpista de Dina Boluarte, el cual cuenta con el apoyo de EE.UU.

Los “paros”, que consisten en bloqueos de importantes rutas, marchas esporádicas en los centros de las ciudades y huelgas parciales de pequeños comerciantes, así como de trabajadores agrícolas y de servicios, permanecen concentradas en los departamentos empobrecidos y predominantemente indígenas de Cusco y Puno en el sur. También ha habido a diario protestas más pequeñas en la capital Lima y otras ciudades.

Fuera de los frecuentes bloqueos en La Libertad, el norte del país no se había movilizado significativamente hasta esta semana. El lunes, hubo bloqueos importantes colocados por ronderos (patrullas campesinas autónomas) en el departamento norteño de Piura, que es el principal productor de petróleo del país y alberga muchas minas importantes.

Esto fue seguido el viernes por cuatro días de paro exigiendo la renuncia de Boluarte que fueron convocados a partir del viernes por líderes de las rondas y de “comités de defensa” locales de toda la “macrorregión norte” costera, andina y amazónica, incluyendo Piura, La Libertad, Tumbes, Lambayeque, Áncash, Cajamarca, San Martín y Amazonas.

Las carreteras entre Lima y el norte de Perú, así como las rutas entre las regiones mineras y agrícolas y los puertos, fueron testigo de un gran número de bloqueos el viernes, cuando ya estaban siendo atacadas por la policía y el ejército.

Incluso antes de estos acontecimientos, el Financial Times subrayó el domingo anterior que una tercera parte de la producción de Perú o el 11 por ciento de la producción global está en riesgo, lo que se convertiría en “un factor más impulsando los precios del cobre cuando China reabre su economía”. Las calificaciones crediticias y los pronósticos de crecimiento también se han visto impactados.

El martes, en nombre de las mineras y la oligarquía peruana, el régimen de Boluarte extendió por 30 días más el estado de emergencia a nivel nacional, dentro del cual ha masacrado a casi 60 manifestantes, aterrorizado a la población, suspendido los derechos democráticos y desplegado el ejército.

El régimen ha justificado la represión alegando que las manifestaciones están siendo organizadas y financiadas por grupos criminales y “terroristas”. El general José Zavala, jefe de la Dirección contra el Terrorismo de la policía, ha sido el rostro de esta propaganda. Buscando pintar toda la oposición a la desigualdad social como “terrorista”, declaró en una entrevista reciente: “Justo en esos lugares que sirven de caldo de cultivo, donde vienen y comienzan a ver las diferencias sociales y dar su mensaje de odio y es donde trabajan en la mente de las personas”.

La nueva ofensiva se produce luego de la visita de la ministra de Asuntos Exteriores de Boluarte, Ana Cecilia Gervasi, a Washington, donde la Administración de Biden reafirmó explícitamente su apoyo a los esfuerzos del régimen para restaurar la “estabilidad”.

Habiendo recibido un cheque en blanco del imperialismo estadounidense, Gervasi se sintió lo suficientemente envalentonada como para decirle al New York Times en una entrevista publicada el 2 de febrero que “no tenemos ninguna prueba” de que las protestas estén siendo impulsadas por grupos criminales. “Estoy segura de que muy pronto tendremos esas pruebas”, añadió.

Las violaciones generalizadas de los derechos humanos y democráticos a manos del régimen cuentan con la aprobación y la ayuda del imperialismo estadounidense y europeo. La propia Boluarte fue instalada en un golpe parlamentario el 7 de diciembre que supuso la destitución y detención del presidente Pedro Castillo y que contó con el respaldo de Washington y la Unión Europea.

Estados Unidos ha seguido proporcionando ayuda de seguridad –unos 40 millones de dólares anuales, según Washington Office on Latin America— y Amnistía Internacional ha documentado esta semana que en la represión se está empleando material antidisturbios español exportado con el permiso del Gobierno PSOE-Podemos.

Además, se filtraron documentos oficiales de la Policía Nacional de Perú que muestran que el Gobierno del Partido de los Trabajadores de Brasil del presidente Lula da Silva, quien rápidamente respaldó el golpe el año pasado, autorizó la venta de 28.960 bombas lacrimógenas de la empresa brasileña Condor al régimen de Boluarte y la llegada el 14 de enero de un avión de la Fuerza Aérea de Perú para recoger las municiones.

El apoyo a Boluarte por parte del imperialismo estadounidense y europeo, así como del Gobierno brasileño, echa por tierra sus pretensiones de defender los derechos democráticos y humanos.

El Congreso y el régimen de Boluarte son defendidos como las instituciones legítimas en Perú. Pero cerca de tres cuartas partes de la población quieren la dimisión tanto del Congreso como de Boluarte y la celebración de nuevas elecciones, según varias encuestas. En respuesta, Boluarte se ha negado a dimitir, lo que obligaría legalmente al presidente del Congreso a convocar elecciones, y el Congreso ha votado repetidamente en contra de la celebración de nuevas elecciones.

Tras una visita a Perú, la Misión de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos de Argentina concluyó que el carácter “sistemático y generalizado” de las ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, abusos sexuales, torturas, acoso judicial y amenazas por parte del régimen encajan en la definición de “crímenes de lesa humanidad” según el derecho internacional.

En una rueda de prensa, Marianela Navarro, de la misión, describió su visita a Juliaca, donde las fuerzas de seguridad mataron a 19 manifestantes y dejaron al menos a 60 más heridos de bala el 9 de enero. “Podemos señalar que ha existido un plan y una intención de matar”, dijo. “Muchas víctimas tienen disparos por la espalda. El Estado ha masacrado a gente humilde. Mujeres indígenas, campesinos, lloraban y decían: ‘500 años de discriminación, de opresión, y nos matan como animales’”.

La misión también visitó Ayacucho, donde los militares marcharon en formación y emplearon sus fusiles para acribillar a los manifestantes el 15 de diciembre. Aunque las autoridades afirman que la masacre pretendía simplemente expulsar a los manifestantes del aeropuerto local, los periodistas de investigación de IDL-Reporteros y los fiscales descubrieron que los manifestantes fueron seguidos tras salir del aeropuerto y asesinados de forma sistemática. Confirmaron que nueve de los diez manifestantes muertos habían recibido disparos con municiones de fusiles utilizados por los militares.

La represión ha sido tan brutal que la Fiscalía se vio obligada a aprobar una investigación contra Boluarte y su primer ministro, Alberto Otárola, por “genocidio”. En respuesta, Otárola afirmó absurdamente el viernes que “el responsable político de esta asonada, incluyendo los fallecidos,” es el expresidente Castillo. Asimismo, el Congreso votó a favor de recomendar el procesamiento de Castillo por alterar la “tranquilidad pública” y dirigir una organización criminal, mientras que el partido Avanza País del presidente del Congreso, José Williams, pidió a Boluarte que aprobara una amnistía para los policías y militares.

(Publicado originalmente en inglés el 17 de febrero de 2023)