Fuente: https://www.wsws.org/es/articles/2022/09/15/aeda-s15.html?pk_campaign=newsletter&pk_kwd=wsws                  César Uco                                                                                 Armando Cruz                                                                         15.09.22

Un año después de que Pedro Castillo asumiera la presidencia de Perú, en medio de los aplausos de la pseudoizquierda, su gobierno está sumido en un mar de acusaciones que involucran actividades delictivas por parte de él, familiares y funcionarios de su gobierno.

Las acusaciones son parte de una virulenta campaña de oposición de derecha, centrada en el Congreso, que pretende forzar su renuncia o juicio político. Esta campaña comenzó inmediatamente después de que el exmaestro rural y líder sindical fuera elegido inesperadamente en julio de 2021

Si bien no hay duda de que los cargos de corrupción tienen fundamento, su escala palidece en relación con el escándalo masivo de Odebrecht en el que prácticamente todos los partidos e instituciones burgueses estuvieron implicados. Mientras tanto, seis de los expresidentes de Perú han sido condenados, procesados o investigados por corrupción o lavado de dinero.

El incesante esfuerzo de los partidos de derecha en el Congreso —encabezados por Fuerza Popular de Keiko Fujimori, a quien Castillo derrotó en las elecciones— para derrocar al presidente ha creado una crisis de gobernabilidad, debido a los despidos y destituciones de figuras clave a medida que su administración se mueve cada vez más hacia la derecha.

Esto ha llevado a un récord de 67 ministros designados por Castillo hasta el momento, lo que llevó a Bloomberg a observar el mes pasado que “Cada seis días se nombra un nuevo ministro en el Perú de Castillo”.

El último en caer este mes es el canciller, Miguel Ángel Rodríguez Mackay, tras poco más de un mes en el cargo. El nombramiento de Rodríquez provocó la renuncia de los embajadores de Perú ante las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos luego de que expresara su apoyo a la negativa del Congreso a ratificar el Acuerdo de Escazú, un acuerdo de alcance continental destinado a proteger el medio ambiente y, específicamente, el medio ambiente. y la defensa de derechos humanos en la región amazónica. El rechazo al acuerdo estuvo en línea con las demandas de la gran minería y otras industrias extractivas.

Paralelamente a esta crisis, y alimentándola, ha sido la devastación causada por el COVID-19, y ahora la guerra en Ucrania. Este doble golpe, que desencadena una desaceleración económica, un alto desempleo y un aumento drástico en los precios de los alimentos, los fertilizantes y el transporte urbano, está hundiendo a la clase trabajadora en la pobreza.

El ascenso de Castillo representó, de manera distorsionada, un rechazo a las políticas de libre mercado por parte del grueso de la población económicamente más marginada, que no ha visto ninguna mejora en sus niveles de vida desde la implementación de esas políticas hace tres décadas.

Su ascenso a la presidencia es parte de una ola más amplia de políticos populistas en el continente sudamericano para reemplazar a los gobiernos de derecha que cayeron en medio de la mayor crisis económica que azota a la región desde la Gran Depresión en la década de 1930. Incluyen a Gabriel Boric en Chile, Gustavo Petro en Colombia, Luis Arce en Bolivia, Alberto Fernández en Argentina, y en Brasil, el potencial regreso de Luiz Ignacio ‘Lula’ da Silva del Partido de los Trabajadores, quien lidera las encuestas para las elecciones presidenciales. a realizarse el 2 de octubre.

A pesar de que las políticas de Castillo en muchos casos son indistinguibles de las de la extrema derecha, y sus frecuentes garantías de que respetará la propiedad privada e incluso dará a los inversionistas extranjeros más incentivos para explotar los recursos naturales del Perú, no ha logrado ganarse la confianza de las grandes empresas.

El diario español El País escribió recientemente que teme que “la crisis institucional de Perú, en la que está sumergida la clase política desde hace años, se encamine hacia un punto de no retorno”. En defensa de los sustanciales intereses de las empresas españolas en Perú, El País advierte que los escándalos del gobierno peruano están socavando peligrosamente la “estabilidad nacional”.

El 13 de agosto, los gobiernos de Argentina, Bolivia, Ecuador y México emitieron un comunicado expresando su temor sobre la viabilidad de la democracia en Perú, que dijeron podría colapsar debido a la “tensión social y política en ese país, donde su presidente, Pedro Castillo, se encuentra en su sexta investigación judicial”.

Según una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), el 85 por ciento de los peruanos desaprueba la gestión de Castillo, un aumento sustancial frente al 60 por ciento de rechazo registrado en agosto del año pasado, un mes después de que Castillo asumiera.

Sin embargo, a sus oponentes de derecha en el Congreso no les está yendo mejor. Atrapados en sus propios escándalos de corrupción, y detestados por la población por sus políticas opresivas, sus payasadas y su desorganización del gobierno, el IEP informa que el Congreso tiene una tasa de rechazo del 90 por ciento, algo inédito en la historia reciente del país. Solo el 1 por ciento de los entrevistados dijo que el Congreso está haciendo un “buen” trabajo.

Castillo sobrevivió a su primer año como presidente porque su disfraz de populista de izquierda como maestro rural y líder sindical, y el alineamiento de todas las fuerzas de pseudoizquierda detrás de él, fue útil para que la clase dominante pudiera contener un movimiento emergente de la clase trabajadora.

Sin embargo, sería un error evaluar la crisis del gobierno de Castillo como la de un régimen más que se derrumba bajo el peso de su propia corrupción. Los exsimpatizantes de Castillo se han vuelto en su contra por no cumplir en lo más mínimo su fantasiosa promesa de ‘no más pobres en un país rico’. Esto expresa un punto de quiebre en el intento de contener a la clase obrera y las masas a través de las pretensiones de “izquierda” y nacionalistas de un régimen burgués.

Con la élite política completamente desacreditada y la ausencia de cualquier fuerza como los sindicatos u otras figuras de “izquierda” que puedan controlar una explosión social, los sectores más astutos de la burguesía peruana saben que forzar la destitución de Castillo podría ser jugar con fuego.

Con la propia imagen de Castillo hecha añicos, y su caída es cuestión de tiempo, la liberación el 20 de julio de Antauro Humala —el hermano del expresidente Ollanta Humala— ha sido motivo de gran preocupación para la clase dominante.

Antauro es el fundador del “etnocacerismo”, un movimiento político que exalta la raza indígena y promueve el ultranacionalismo y la xenofobia. Lideró un levantamiento armado en la ciudad andina de Andahuaylas en 2005.

Los medios corporativos de derecha han aprovechado la liberación de Antauro para lanzar otra virulenta diatriba anticomunista, con dudosas afirmaciones de que Castillo había indultado a Antauro para promover una alianza destinada a mantener a su gobierno en el poder.

Hoy Castillo ni se atreve a dar la cara. No solo mantiene un cordón policial que impide que los ciudadanos se acerquen a la casa de gobierno, un acto sin precedentes, sino que realizó el tradicional desfile militar por las fiestas patrias a finales de julio en el interior del Cuartel General del Ejército, conocido como el Pentagonito.

Mientras cientos de ciudadanos enojados se manifestaban en las afueras de las instalaciones similares a una fortaleza, la imagen de Castillo, flanqueado por generales saludando a la bandera, fue transmitida a todo el país por todas las estaciones de televisión nacionales.

Aunque durante la campaña electoral del año pasado, un pequeño grupo de generales retirados abogó por un golpe militar para detener el “comunismo” de Castillo, los niveles superiores de las Fuerzas Armadas no se oponen tan duramente a Castillo como lo hacen la élite corporativa y sus representantes políticos. Esto, supuestamente, se debe en parte a que encubrió la corrupción en sus filas.

Sin embargo, no hay duda de que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas está siguiendo con atención la crisis gubernamental que se intensifica y tomará la decisión que considere mejor para proteger sus propios intereses, así como los de la burguesía nacional y el capital extranjero.

(Publicado originalmente en inglés el 13 de septiembre de 2022)