“A mi padre lo mataron luchando por la libertad el 20 de julio del 36. Sabía leer y escribir. Ese día iba andando por la calle y salió un tiro de una reja. No estaban luchando ni nada. Lo hirieron, lo llevaron al hospital y al otro día al cementerio. Como todavía no habían empezado las matanzas, lo metieron en un nicho. Luego lo sacaron y lo echaron en una fosa común”, contaba hace ya algunos años Antonio Narváez, con más de 80 años. De él, de su padre, guardaba algunos rasgos, pero no recordaba nada de su madre: “A ella, después de raparla junto a mi abuela y mi tía, la sacaron de la cama y le dijeron que la llevaban a dar un paseo”.

Antonio tenía tres años cuando mataron a uno y a otra, con tres semanas de diferencia, en su pueblo natal, Marchena (Sevilla). Y es una de las personas que no ha faltado nunca a un acto, a un evento, a un lugar, que pudiera darle alguna esperanza de encontrar a su padre y a su madre. Con cinco años guardaba pavos: “Mi hermano y yo nos íbamos al campo y nos hartábamos de llorar. Y a mi abuela le recriminaban que llorara. Tanto quejarse, tanto quejarse porque le habían matado a la hija”.

Ninguna institución, ninguna administración, ningún tribunal le ha abierto las puertas para escucharle. La única vez que declaró ante la justicia fue en septiembre de 2015, a requerimiento de la jueza argentina María Servini. Hoy Antonio ya está muerto. No encontró a sus padres, no encontró los huesos que, de alguna manera, hubieran aliviado su ausencia de recuerdos. Nadie pidió perdón a este niño que creció sin sus padres, que murió esperando  como tantas otras víctimas.

Catorce años después de la ley aprobada por el gobierno de Zapatero, el Consejo de Ministros conformado por PSOE y Unidas Podemos ha aprobado una nueva ley de memoria histórica que parte de asumir como propia la deuda que la democracia mantiene aún con estas víctimas: «Es una responsabilidad directa del Estado la adecuación permanente de las políticas de memoria democrática a las nuevas necesidades a escala nacional, autonómica y local, así como a los nuevos paradigmas memoriales y de defensa de los derechos humanos que se articulan en el ámbito internacional».

Y remarca el anteproyecto: «Esta Ley persigue preservar y mantener la memoria de las víctimas de la Guerra y la dictadura franquista, a través del conocimiento de la verdad, como un derecho de las víctimas, el establecimiento de la justicia y fomento de la reparación y el establecimiento de un deber de memoria de los poderes públicos, para evitar la repetición de cualquier forma de violencia política o totalitarismo».

Negacionismo del golpe de Estado y de la memoria

La ley, que ha pasado de la exvicepresidenta Carmen Calvo al ahora ministro de Presidencia, Félix Bolaños, llega en un momento de máxima polarización, sin el consenso de la derecha –que ya ha anunciado que la derogará si llega al Gobierno– y con 52 diputados de extrema derecha sentados en el Congreso. Las recurrentes declaraciones del líder del PP, Pablo Casado, sobre la memoria histórica y las últimas declaraciones difundidas por eldiario.es del exministro Francisco Camuñas, en las que niega que hubiera un golpe de Estado en 1936, siguen evidenciando los pasos atrás en un ámbito en el que el tiempo no solo corre en contra, sino que incluso ya se acaba o ha acabado para muchas víctimas. “En esta causa hay varios protagonistas, pero uno de ellos es el tiempo. Y con eso juegan, con que el tiempo se vaya llevando a las víctimas”, decía la abogada Ana Messuti en El silencio de otros, el documental dirigido por Almudena Carracedo y Robert Bahar.

«Es la primera ley en la que se condena y se repudia el golpe de Estado y la dictadura posterior, el periodo más negro de la historia de España», ha remarcado Bolaños, que aspira, en este escenario político, al consenso unánime en el Congreso. Según argumenta –un argumento de peso que nunca ha funcionado–, no se puede estar en contra de una norma que hace «más digno» y «humanitario» este país.

El ministro ha resumido la norma en cuatro principios: verdad, justicia, reparación y deber de memoria como obligación para no repetir los hechos que ocurrieron. «El principio de verdad se traduce en que es el Estado el que tendrá la responsabilidad de buscar a las personas desaparecidas». Para ello, ha informado, se hará una planificación cada cuatro años, se creará un banco nacional de ADN y se facilitará el derecho de acceso a los archivos y fondos de consulta para que se pueda conocer la verdad.

Con respecto a la justicia, se investigarán todas las violencias de derechos humanos desde el 36 hasta 1978 y se creará una Fiscalía específica. En este punto, familiares de víctimas mantienen sus dudas sobre su efectividad sin la derogación de la Ley de Amnistía, que es lo que, en la práctica, alegan los jueces para no investigar los asesinatos denunciados. Esos obstáculos fueron los que los llevaron a recurrir a la justicia argentina. La norma considerará ilegítimos aquellos tribunales de excepción y todas las sentencias dictadas se declararán nulas.

Sobre el principio de reparación, Bolaños ha remarcado que se trata de una medida moral, porque no habrá compensaciones económicas: «Se hará una auditoria e inventarios de bienes expoliados por el franquismo». Y sobre el deber de memoria, se introducirá en el contenido curricular. «En concreto, se disponen medidas en materia educativa y de formación del profesorado, actualizando los contenidos curriculares de la ESO y Bachillerato para garantizar el conocimiento de la historia y de la memoria democrática española, y adoptando también medidas similares en la formación inicial y permanente del profesorado», explicó el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez en esta entrevista.

Por otra parte, y complementariamente, «se incorporarán contenidos específicos de capacitación y sensibilización en relación con la memoria democrática en los planes de formación continua de la Administración General del Estado, así como en las actividades formativas que integran los procesos de selección». Martínez insistía en que la nueva ley pretende evitar la polarización: «La ley señala expresamente como objetivo fomentar la cohesión y solidaridad entre las diversas generaciones en torno a los principios, valores y libertades constitucionales, suprimir elementos de división entre la ciudadanía y promover lazos de unión en torno a los mismos».

Entre otras novedades, se incluye la eliminación de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, como adelantó eldiario.es: «Vamos a resignificar el Valle de los Caídos. No podrá haber ningún cuerpo de ninguno de los protagonistas en un lugar preponderante del Valle de los Caídos y también vamos a afianzar las medidas para evitar la exaltación del franquismo, retirando símbolos, distinciones y títulos nobiliarios. Modificaremos la ley para que se puedan extinguir las fundaciones que hagan apología del franquismo y para que no puedan ser consideradas de interés publico aquellas asociaciones que hagan apología del franquismo». Estas medidas conllevarán la exhumación de los restos de Primo de Rivera, como ha confirmado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Bolaños fue quien estuvo al frente de la exhumación de Franco.

Reconocimientos y olvidos

Habrá dos días de reconocimiento de las víctimas: el 31 de octubre será el día de todas las víctimas de la guerra civil, del golpe de Estado y de la dictadura; y el 8 de mayo será el día de las personas exiliadas. Se creará un centro de memoria documental en Salamanca, un consejo interterritorial para la cooperación entre las administraciones, un consejo de memoria democrática en el que las asociaciones asesorán al Gobierno y a las administraciones, y se establecerán dos nuevos supuestos de nacionalidad: hijos e hijas de españolas que se casaron con extranjeros durante la dictadura y se extiende a los mayores de edad los casos previstos en la norma de 2007.

«Queremos que las miles de familias que todavía hoy siguen buscando los restos sepan que cuentan con el Gobierno para ayudarles en esa misión, personas que solo quieren saber dónde yacen los restos, a veces para darle una digna sepultura y otras para saber qué ocurrió», ha asegurado Bolaños. El ministro también ha destacado el reconocimiento a las mujeres: «Algunas fueron represaliadas simplemente por ser mujeres, hijas, madres de personas que se significaron… Queremos que esta ley también sea para ellas un homenaje». Y el papel fundamental del movimiento memorialista: «Con este anteproyecto damos satisfacción a algunas de sus reivindicaciones». Entre las asociaciones, sin embargo, ya se están convocando actos de protesta para propiciar la mejora de la norma.

La ley, que abarcará desde 1936 hasta 1978, vuelve a dejar al margen los crímenes que quedaron impunes en ese espacio de tiempo que va desde la aprobación de la Constitución a principios de la democracia. No se acuerda, en principio, de víctimas que todavía hoy siguen sin ser reconocidas por el Estado y que continúan sufriendo las consecuencias de unos hechos que, en muchos casos, no llegaron ni siquiera a ser juzgados, como el caso de María José Bravo del Valle, violada y asesinada en un crimen reivindicado por el grupo de ultraderecha Batallón Vasco Español.

«Con esta ley –ha concluido el ministro, que ha recordado las llamadas de atención de los organismos internacionales y ha admitido que la norma pueda mejorar en el trámite parlamentario– conseguimos que España tenga un régimen asimilable al de los países de nuestro entorno que también han sufrido dictaduras, como Alemania, y que seamos un país más digno y más humanitario».