07/05/26

La respuesta del Estado ya no sorprende, pero sigue indignando: cuando dos trabajadores denuncian precariedad, vetos laborales y persecución sindical, la solución vuelve a ser la misma de siempre —policía, orden judicial y desalojo.

Así ha terminado la protesta de los soldadores gaditanos Manuel Balber y Jesús Galván, obligados a bajar de la grúa de Navantia en San Fernando tras 28 días de resistencia. Su “delito”: señalar lo que muchos callan, la existencia de listas negras en el sector del metal que castigan a quienes se organizan y luchan.

Durante casi un mes, ambos permanecieron a 25 metros de altura, sin condiciones dignas, para visibilizar una situación que arrastran desde hace años: seis años sin poder trabajar en su propia tierra pese a contar con experiencia y demanda de mano de obra en la Bahía de Cádiz.

Lejos de abrir una negociación real o investigar las denuncias, las autoridades optaron por el camino más rápido: ejecutar una orden judicial y desplegar un fuerte dispositivo policial para poner fin a la protesta.

El mensaje es claro: quienes denuncian las injusticias laborales serán desalojados; quienes señalan posibles represalias sindicales, ignorados. Mientras tanto, empresas y administraciones niegan la mayor, rechazando la existencia de esas listas negras que, sin embargo, los trabajadores llevan años denunciando.

La escena final no fue la de una solución, sino la de una advertencia. Balber y Galván descendieron entre aplausos de compañeros y familiares, puño en alto, dejando claro que la lucha no termina aquí. Porque lo ocurrido en Navantia no es un caso aislado: es el reflejo de un modelo laboral donde la organización colectiva se castiga y la precariedad se normaliza.