Fuente: https://attac.es/la-municipalizacion-de-servicios-basicos-por-que-confiar-en-la-gestion-publica/?utm_source=feedly&utm_medium=rss&utm_campaign=la-municipalizacion-de-servicios-basicos-por-que-confiar-en-la-gestion-publica                14 NOVIEMBRE, 2022                                                              María Sánchez Esteban                                                           Mundo Obrero.

Cuando en los ayuntamientos defendemos mantener o recuperar la gestión pública siempre nos encontramos con la misma oposición: “eso es una decisión ideológica”. Una crítica realmente curiosa, que parece intentar colarnos el bulo de que cabe hacer una política aséptica, a la que no guíen ideas o principios. Claro que hay un impulso ideológico, una convicción, tras la decisión de remunicipalizar servicios como el agua, por ejemplo. La convicción de que algunas cuestiones, como el acceso a bienes de primera necesidad, deben quedar fuera de la lógica del mercado. Que nadie debería poder hacer negocio a costa de derechos humanos básicos. ¿Es eso ideología? Por supuesto. Pero es una idea que, probablemente, suscribirían personas que han votado por opciones muy diversas.

Pero no deberíamos conformarnos con una defensa ideológica de lo público. Hay que ser capaces de defender también su eficiencia. El argumento central es sencillo de entender y de explicar a nuestras vecinas: si una empresa privada ingresa X millones hay un porcentaje que se reserva para repartir beneficios. Es lógico, es una empresa, no una ONG. Pero si una empresa pública ingresa la misma cantidad por el mismo servicio, ese porcentaje lo destina directamente a mejora del servicio, mejora de las condiciones laborales, inversión, a bonificaciones sociales… Es así de simple: hay más dinero disponible y, por tanto, va a haber mejor servicio.

Con las cuentas en la mano

Eso que parece evidente en teoría, ¿es realmente así en la práctica? Bien, nuestra experiencia de los últimos 7 años en el Ayuntamiento de Valladolid. Desde 1997 hasta 2017 el servicio de agua era gestionado por Aguas de Valladolid, una filial de la multinacional AGBAR, Aguas de Barcelona. El Ayuntamiento cobraba un canon de 5,6 millones al año a la empresa, pero tenía que hacerse cargo de las inversiones en la red. ¿Cuánto se invirtió en esos 20 años? 27 millones. Ahora, tras remunicipalizar el servicio, la empresa pública tiene 13 millones de beneficio al año y en solo 5 años se han licitado inversiones por valor de casi 50 millones de euros. Es decir, casi el doble de inversión en la cuarta parte de tiempo. La media por año es de 6 o 7 veces más inversión que con la gestión privatizada. Y todo esto, manteniendo congelado el precio del agua, con más bonificaciones en función de la renta, etc.

Obviamente, se trata de uno de los servicios municipales de mayor envergadura, con lo que plantearse un proceso de remunicipalización no es sencillo. Daré en primer lugar algunos datos para ponernos en situación. Como señalaba, en 1997 la gestión del servicio de aguas pasó de manos de la sociedad municipal ASVA a ser gestionada por la Unión Temporal de Empresas Agualid, actualmente Aguas de Valladolid, dependiente del grupo Agbar. Inicialmente la concesión se limitaba al Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado y posteriormente, en mayo de 2005, se amplió incluyendo control de vertidos y la depuración de aguas residuales. Por tanto, los servicios que presta hoy día son los de abastecimiento de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, control de vertidos y gestión de abonados.

Recuperar la gestión

Aguas de Valladolid abastece de agua a la ciudad de Valladolid y del suministro en alta a varias poblaciones cercanas, atendiendo por tanto a unas 350.000 personas. Para ello gestiona dos plantas de potabilización (ETAP), una estación depuradora de aguas residuales (EDAR) y un laboratorio, tanto de control de vertidos como de calidad del agua de consumo humano. La cantidad de agua potable distribuida desde las ETAP´s se eleva a casi 29 millones de metros cúbicos al año, proveniente tanto del Canal del Duero como del Canal de Castilla. Esta cantidad de agua se distribuye a través de una red de conducciones de más de 666 Km. Las aguas residuales de la ciudad son transportadas hasta la EDAR a través de los más de 777 Km de la red de alcantarillado. En la EDAR, tras los procesos de tratamiento oportunos, se devuelve el agua tratada al río Pisuerga.

Menciono todos estos datos para hacernos una idea de la complejidad de abordar un proceso de recuperación de la gestión desde lo público, más aún teniendo en cuenta los límites legales y económicos impuestos a la administración local. Debido a esa complejidad, entendimos que lo más riguroso y sensato era la contratación de personal técnico cualificado que, junto con técnicos del propio Ayuntamiento, pudieran elaborar un informe detallado sobre las distintas opciones existentes.

A continuación se formó una comisión político-técnica, con representación de todos los grupos, para tomar una decisión lo más informada y consensuada posible. En las distintas reuniones, los representantes políticos solicitaron la aportación de diversos estudios o informes para valorar la situación y las distintas alternativas de futuro, que han ido siendo aportados por el equipo técnico. Asimismo, se realizaron diversos Foros abiertos al conjunto de la ciudadanía, con la participación de colectivos y personas interesadas en los que se ha aportado toda la información disponible y se recogieron opiniones y sugerencias.

Una vez culminado ese proceso, que creemos que ha sido riguroso y plural, entendíamos que era necesario un primer pronunciamiento sobre el modelo de gestión con el margen de tiempo suficiente para actuar, en caso de que se optara por un cambio. Y así, el 13 de julio de 2017, la comisión que antes mencionaba decidió elevar al Pleno la propuesta de que, a partir de julio de 2017, la gestión del ciclo integral del agua estuviera en manos de una empresa municipal de titularidad íntegramente pública. Se realizaron diferentes informes de intervención, secretaría y asesoría jurídica para completar la documentación precisa (Estudios sociales, jurídicos y económicos de la sociedad, estatutos, proyecto de reglamento y proyecto de tarifas) y el Pleno Municipal se pronunció por mayoría absoluta a favor de la municipalización a finales de ese mismo año.

La voluntad política ha estado clara desde un inicio, ya que desde Valladolid Toma la Palabra, de la que forma parte Izquierda Unida, planteábamos en nuestro programa la recuperación de la gestión pública del agua. No obstante, queríamos asegurarnos de que una decisión en ese sentido cumplía con unos requisitos en interés de la ciudadanía vallisoletana.

Considerábamos fundamental que la plantilla actual de Aguas de Valladolid pudiera continuar realizando las mismas tareas y cinco años después así es. No solo por una cuestión de derechos laborales, sino también porque se trata de personal muy cualificado que conoce bien el servicio y que, por tanto, va a ser una garantía para mantener la calidad. El modelo que se ha decidido proponer permite subrogar en la nueva empresa a las 159 personas que conforman la plantilla actual de Aguas de Valladolid, en condición de indefinidos, asegurando de esta forma que la gran experiencia de estos trabajadores pasará al nuevo servicio. Por lo que la ciudadanía vallisoletana tiene la tranquilidad de que las instalaciones y las personas que tratan el agua son las mismas que en la etapa anterior, más las que irán sumando gracias a las ofertas de empleo público.

En segundo lugar, contábamos con un importante inconveniente, que era el déficit inversor acumulado de los últimos 20 años, pues apenas se habían realizado las necesarias obras de mantenimiento y renovación. En los últimos 19 años, no habían reinvertido por parte del Ayuntamiento de Valladolid lo que estaba previsto para el mantenimiento de las instalaciones y redes, por lo que nos encontramos un déficit acumulado de al menos 96,7 Millones de €. Esto determina que el servicio estuviera en punto crítico: muchos elementos están obsoletos, su vida útil agotada y su estado es deficiente. Por este motivo, se ha valorado que en los próximos 10 años, más los 5 que llevamos de gestión pública, será precisa una inversión de al menos 178 millones de euros. Se considera que la gestión directa a través de la empresa pública permite un mayor control de las necesidades de mejora las infraestructuras que en las formas de gestión indirecta.

Por otra parte, considerábamos fundamental que el cambio en el modelo de gestión supusiera un esfuerzo económico asumible y no comprometiera el mantenimiento de otros servicios municipales. En cuanto a la financiación inicial, la menos costosa hubiera sido mantener el régimen de concesión, debido a que el concesionario realiza el aporte económico, pero a cambio exigiría que se le asegurasen unos beneficios. Sin embargo, de acuerdo con el informe económico, que prevé escenarios a 15 y 20 años, con la creación de una empresa municipal es posible acometer las inversiones recomendables para mantener las redes y las plantas de tratamiento y depuración, sin que sea preciso recurrir a la inversión del sector privado, y por lo tanto, sin tener que concederle unos beneficios por su participación. Gracias a ello, en 15 años se habrá capitalizado la red e instalaciones con una inversión de 178,5 millones de euros, y sin endeudamiento.

Por el contrario, el modelo que más financiación inicial hubiese requerido sería el de empresa mixta, que exigiría la mayor financiación inicial de 9,1 millones, mientras que tanto la gestión directa a través de servicio, como la empresa municipal exigen la financiación inicial de 8 millones de euros. Por tanto, entre los modelos que suponen recuperación de la gestión pública, se trata del más económico, y además el que menor subida de tarifas exigiría para que al final del periodo no se tenga ni préstamo ni excedente de tesorería y se puedan acometer las necesidades en las infraestructuras del ciclo urbano del agua. En el caso de haber optado por una empresa mixta la tarifa se habría incrementado, al tener que aportar un mínimo de 5% de rentabilidad para el socio privado.

Doy datos a este respecto: en los 19 años de gestión privada se ha producido una subida acumulada del 37% de la tarifa. Si se mantuviera la concesión, el modelo prevé que en los próximos 15 años la subida tendría que ser de otro 34%. En el caso de que optáramos por empresa mixta, sería de casi el 28%, mientras que en la gestión directa por empresa pública, seguimos con las tarifas congeladas 5 años después. Se trata, por tanto, de la opción menos gravosa para la ciudadanía con mucha diferencia. Además, la propuesta que hemos puesto en marcha es que AquaVall tenga en cuenta la situación económica con un fondo social para personas con necesidades económicas y bonos para pymes por la crisis provocada por la pandemia.

Gestión pública, sobran las razones

Por tanto, en resumen, nos hemos decantado por el modelo de gestión 100% pública a través de entidad pública empresarial:

• Porque es la mejor forma de garantizar la capacidad total de la toma de decisiones acerca de un servicio público atendiendo a criterios sociales y medioambientales.
• Porque garantiza la calidad del servicio manteniendo la plantilla y mejorando el control sobre las necesidades de mantenimiento e inversión en infraestructuras.
• Porque permite un mayor control de las necesidades de mejora las infraestructuras que en las formas de gestión indirecta.
• Porque es viable económicamente y permite recuperar en un plazo razonable la inversión al no tener que compartir los beneficios con un socio privado.
• Y, por último, porque es la fórmula que permite establecer precios adaptados a la renta y el consumo real.

En Valladolid hubo una intensa contienda tanto mediática como judicial. Presentaron recurso a la decisión tanto la empresa concesionaria Aguas de Valladolid, S.A., como el Ministerio de Hacienda a través de la Abogacía del Estado, la Confederación Vallisoletana de Empresarios (CVE) y la Asociación de Empresas Gestoras del Agua (AGA).

Por el interés público

Posteriormente la justicia ha fallado reiteradamente a favor de la legitimidad y legalidad de la decisión municipal. En una de las resoluciones judiciales se aseveraba que existe un interés público digno de protección en la autonomía de la Corporación local para poder elegir el modo de gestión de los servicios de los que es titular. Y, si bien eso se plasma en una decisión administrativa, como la que tomó el Pleno de Valladolid, “la misma (cito) no puede quedar desvinculada de una opción política que corresponde ejercer a quién tiene mayoría en el Ayuntamiento dado que ello es propio del carácter democrático de las Corporaciones Locales, más concretamente de los Ayuntamientos”.

Se ponía de manifiesto así el verdadero conflicto político de fondo. Negar a los ayuntamientos la potestad de decidir cómo gestionar los servicios públicos que la ley le obliga a prestar es tanto como reducir la influencia del voto popular a la hora de que la ciudadanía decida cómo quiere que sean gobernados sus municipios.

Y es que, pese a las enormes trabas legales que se introdujeron sobre todo a través de la llamada “Ley Montoro”, la forma “natural” de prestar el servicio público debe ser la gestión por la propia entidad, y la contratación es la forma “residual”, puesto que la contratación debe estar motivada y justificada en una necesidad que no pueda ser cubierta por la gestión pública.

Remunicipalización de servicios funerarios, limpieza, basura, transporte…

Más reciente es la remunicipalización de NEVASA, la empresa que gestiona los cementerios y el tanatorio municipal. Hasta ahora se gestionaba de forma mixta, 51% del ayuntamiento, 49% de Ferrovial. Nos hicimos con el 100% del accionariado con una inversión de 4,5 millones, que esperábamos amortizar en 7 años. Con el primer balance de 2021, el primer año en que la empresa fue pública (no todo el año) el beneficio fue de 1.428.000 euros, con lo que la inversión podría amortizarse en solo 4 o 5 años. Si hubiéramos mantenido la empresa mixta, el 49% habría ido a Ferrovial y el 51% al Ayuntamiento.

En menos de un año se comprueba que es un servicio que se puede prestar perfectamente con gestión 100% pública y de forma absolutamente eficiente económicamente, beneficiando a las arcas municipales. Si hay un margen de beneficio, debe destinarse íntegramente a mejorar el servicio.

Por tanto, no se trata solamente de discurso. Los hechos, los datos, las cuentas, demuestran que es perfectamente posible gestionar de forma directa. El Ayuntamiento de Valladolid es hoy una de las corporaciones locales que más servicios municipales gestiona directamente. De hecho, es la única ciudad europea de más de 200.000 habitantes en la que la limpieza, la recogida de basuras, el transporte público, los aparcamientos, la gestión del agua y de los servicios funerarios es 100% pública.

Hay que convencer no solo con ideología, sino también con hechos. En el caso de la municipalización del agua se toman como base estudios técnicos rigurosos, informes económicos y jurídicos, y así demostramos que, además de ser nuestra opción preferida política o ideológicamente, era la más eficiente. Y eso fue abriendo camino, para la funeraria como he contado antes, pero cada vez para más servicios.

Recientemente desde el gobierno de coalición hemos recuperado también la gestión directa del aparcamiento de la Plaza Mayor. Y después el servicio de préstamo de bicicletas que pasará a tener el triple de estaciones y de bicicletas disponibles. Y hemos pasado de tener una empresa pública que gestionaba únicamente el servicio de autobuses a tener una empresa integral de movilidad, 100% pública, que también gestiona aparcamientos, bicicletas de alquiler, ascensores para facilitar la accesibilidad en los barrios, etc.

Valladolid versus Salamanca

En este sentido he aprendido durante este proceso que hay que desmontar los mitos. No, la gestión pública no es más cara, sino todo lo contrario. Según el informe de la Organización de Consumidores y Usuarios, Salamanca y Valladolid están entre las 15 ciudades más limpias, más o menos al mismo nivel. ¿Cuál es la diferencia? Que en Salamanca, con el servicio privatizado, el coste es de 96 € por habitante al año. En Valladolid, con el servicio de limpieza 100% público son 32 € por habitante al año, la tercera parte. La inversión para mejorar la red supera los 40 millones de euros licitados frente a los 27 invertidos por el gobierno del PP con el servicio privatizado durante 20 años.

Es ideología, pero también son datos. Y es que una cosa y la otra van de la mano. Las vecinas y vecinos pagamos un dinero importante para tener servicios públicos. En parte vía impuestos y en algunos casos también mediante precios públicos. Si una parte de eso que pagamos tiene que ir a rentabilizar la inversión de una empresa, nos va a salir más caro sí o sí. Porque la lógica de la empresa no es la del interés público, es la del beneficio. Prestamos un servicio público y nos debemos al interés general. Por eso es por lo que la ciudadanía debe confiar en lo público.