10/05/26
Madres e hijas de la comunidad Mbya.
La comunidad Mbya Guaraní Tekoa, de Puente Quemado II fue víctima de un operativo represivo impulsado por el poder judicial, y ejecutado por las fuerzas policiales de Misiones para favorecer el avance del extractivismo forestal sobre territorio indígena ancestral. Esto es una denuncia en contra de convertir el territorio ancestral de la comunidad Mbya en una nueva zona de sacrificio, al servicio de intereses privados. Por Clarisa Néztor, para ANRed.
El pasado 5 de mayo, el mburuvicha Santiago Ramos fue detenido por orden del juez Manuel Balanza Gómez, titular del Juzgado de Instrucción N°1 de Puerto Rico. La detención se realizó sin notificación previa, mediante un llamado telefónico a la comisaría de Garuhapé. Horas después, efectivos policiales volvieron a ingresar al territorio comunitario con camionetas y armas para avanzar contra la comunidad. Mujeres, hombres, niños y familias enteras fueron trasladadas por la fuerza a la comisaría, en un procedimiento irregular y violento.
Cuatro integrantes permanecieron incomunicados durante más de 12 horas. Las mujeres fueron separadas de los hombres e interrogadas sobre sus hijxs y sobre la composición familiar. Veinte personas fueron demoradas dentro de la comisaria, incluyendo a menores. La policía secuestró teléfonos celulares que continúan retenidos hasta hoy, donde existen registros fotográficos del operativo y de las armas utilizadas durante la represión.
Luego, parte de la comunidad fue liberada, no sin antes imponerle la prohibición de acercamiento a su propio territorio, bajo amenaza de inmediata detención. La utilización de una causa penal por “usurpación” funcionó como una herramienta de desplazamiento territorial contra una comunidad indígena cuyo territorio se encuentra relevado bajo la Ley 26.160, y reconocido oficialmente por el INAI mediante la Resolución 514/2015.
Familias de la comunidad Mbya
El propio Estado argentino reconoce la posesión ancestral de Puente Quemado II. Por eso resulta ilegal el intento de acusar de “usurpadores” a quienes habitan y protegen ese territorio desde hace varias siempre, son raices encarnadas de la tierra colorada, no vinieron en barcos. Nadie puede ser acusado de usurpar su propio territorio.
Esta avanzada judicial y policial se produce en el marco de las denuncias impulsadas por el empresario forestal Alfredo Ruff, quien intenta responsabilizar a la comunidad de desmontes y daños ambientales. No obstante, son las forestales y empresarios vinculados al extractivismo quienes vienen destruyendo la selva misionera para imponer monocultivos industriales de pinos sobre territorios indígenas.
La comunidad de Puente Quemado II lleva años denunciando desmontes que las gobernaciones vienen ninguneando. Han señalado la contaminación del agua, fumigaciones, destrucción de biodiversidad y afectación del territorio sin consulta previa ni consentimiento indígena producidas por la forestal Arauco. Incluso promovieron acciones judiciales reclamando acceso al agua potable luego de que estudios determinaron que las fuentes de agua utilizadas por la comunidad no eran aptas para el consumo, y provocan afecciones gastrointestinales en niños.
El Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (EMIPA), que acompaña jurídicamente y territorialmente a las comunidades Mbya, denunció la gravedad del operativo y las múltiples violaciones de derechos cometidas durante las detenciones. Señalaron que la defensa no tuvo acceso inmediato al expediente judicial, y que las medidas impuestas constituyen un mecanismo de desalojo indirecto de una comunidad cuyo territorio ya fue reconocido por el propio Estado. Además, advirtieron sobre el uso del sistema penal para criminalizar a autoridades indígenas y facilitar el avance de intereses forestales sobre territorios ancestrales.
El equipo denunció reiteradamente la ausencia de consulta previa, libre e informada, así como las autorizaciones irregulares otorgadas para desmontes y plantaciones dentro del territorio reclamado por la comunidad.
El extractivismo forestal destruye la vida comunitaria, destruye la selva nativa, contamina y extingue cursos de agua, degrada suelos, expulsa comunidades indígenas y rompe las condiciones materiales, culturales y espirituales necesarias para la supervivencia del pueblo Mbya. La expansión de monocultivos forestales redujo drásticamente el monte nativo alrededor de Puente Quemado II y avanzó sobre espacios esenciales para la subsistencia, la espiritualidad y la memoria territorial guaraní.
Informes científicos (abajo enlaces) elaborados por el CONICET y universidades nacionales (IBS- UNaM) vienen advirtiendo sobre los impactos devastadores que genera el reemplazo de selva nativa por monocultivos forestales en territorios indígenas Mbya.
Mientras empresarios forestales hablan de “seguridad jurídica”, las comunidades indígenas enfrentan persecución judicial, criminalización y violencia institucional por defender el monte. El aparato penal está siendo utilizado como herramienta para desplazar comunidades y garantizar negocios forestales sobre territorios que han sido ya caratulados de posesión ancestral indígena.
La liberación de Santiago Ramos y del resto de la comunidad fue consecuencia directa de la presión social que se activó en todo el país a través de las redes sociales de Rebelión o Extinción Misiones, organizaciones sociales, comunidades indígenas, defensorxs ambientales y cientos de personas que en pocas horas se hicieron eco para denunciar públicamente lo que estaba ocurriendo. Difundieron información, realizaron llamados a la comisaría, al juzgado de Puerto Rico y al director de Asuntos Guaraníes. Expusieron la gravedad del operativo represivo para impedir que el despojo avanzara en el silencio cómplice de una sociedad que está siendo atacada simultáneamente en varios frentes.
Denunciamos públicamente al juez Manuel Balanda Gómez por ordenar detenciones ilegales y ejecutar un desalojo encubierto contra una comunidad indígena reconocida por el Estado argentino.
Denunciamos al gobierno de Misiones por garantizar la persecución y criminalización del pueblo Mbya.
Denunciamos al empresario forestal Alfredo Ruff.
Y denunciamos a la multinacional Arauco por destruir la selva misionera y avanzar sobre territorios indígenas para convertirlos en nuevas zonas de sacrificio.
Lo ocurrido en Puente Quemado II constituye una gravísima violación de derechos humanos, territoriales y ambientales.
Defender el monte nativo no es delito.
El verdadero crimen es destruir la selva y perseguir a quienes la protegen.
FUERA ARAUCO DE MISIONES.
EL PUEBLO MBYA RESISTE.
*https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/266517
https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/130764?show=full