La oficina de estadística europea Eurostat publicó el mes pasado los últimos datos sobre el gasto que supone hacer frente a la deuda pública y a los intereses que genera. Un año más se comprueba el gigantesco despilfarro que lleva consigo tener un banco central que no financie directamente a los gobiernos.

El conjunto de los 27 países miembros de la Unión Europea tuvo una deuda pública total de 13,86 billones de euros en 2023. Un 4,4 % más que en 2022: 559.715 millones de euros adicionales.

La deuda de los 19 gobiernos de la zona euro fue de 12,68 billones de euros el pasado año. Un 3,8 % de aumento y 462.437 millones de euros más que el año anterior.

Lo interesante, sin embargo, es comprobar el peso de los intereses en el aumento de esta deuda pública europea.

En 2023, los 27 países de la UE pagaron 289.997 millones de euros en intereses (13 % de aumento anual) y los 19 de la eurozona 246.785 millones de euros (8,4 % más).

Esto último significa que algo más de la mitad del aumento de la deuda pública de toda la UE (27), exactamente el 51,8 %, corresponde al pago de intereses. Y, en el caso de la eurozona, el 53,37 %. Son porcentajes muy altos, pero más bajos que los correspondientes al periodo 2000-2023.

En estos últimos 23 años, la deuda pública de la UE-27 aumentó en 8,63 billones de euros y en ese periodo se pagaron 6,56 billones de euros de intereses: el 76 %. Prácticamente el mismo porcentaje que en la eurozona, pues ahí la deuda aumentó en 7,81 billones de euros desde el año 2000 y se dedicaron 5,96 billones de ese aumento a pagar intereses.

En pocas palabras: las tres cuartas partes del incremento de la deuda pública en la Unión Europea y la Eurozona desde el año 2000 corresponden al pago de intereses a la banca privada. Es fácil deducir, por el contrario, la enorme cantidad de billones de euros que se podrían haber ahorrado o dedicado a otros fines productivos si, en lugar de ser la banca privada quien financie a los gobiernos, lo hiciera el banco central sin cobrar intereses. Algo que es técnica, política y económicamente posible y conveniente y que haría que la deuda pública fuese muchísimo menos voluminosa.

La prohibición de financiar a los gobiernos no tiene ninguna razón económica. Es un despilfarro, un privilegio que se concedió a la banca privada y que tiene, al menos, cuatro efectos muy negativos:

– Deuda más elevada, puesto que hay que pagar intereses, como hemos visto.

– Presión constante de la banca para que las políticas económicas generen deuda, puesto que es su negocio, lo que provoca que se terminen aplicando políticas contrarias al interés general y a la actividad productiva y empresarial.

– Aumento de la corrupción, pues la banca financia a los partidos, a las autoridades y a todo tipo de operadores para que tomen decisiones que impulsen su negocio crediticio como un fin en sí mismo.

– Peor funcionamiento de las economías como consecuencia de todo lo anterior, más inestabilidad y crisis económicas recurrentes.

¿Están oyendo hablar de esto a los partidos (de derechas o de izquierdas) que se presentan a las elecciones europeas?

Ahí tenemos otro problema.