En lo que va de año son más de 240.000 hectáreas de superficie las que ardido en España, con 63 focos activos en la actualidad.

Las imágenes que publicitan los medios nos ofrecen habitualmente camiones de la UME, como si los protagonistas de la lucha contra los incendios fueran los militares.
En otras ocasiones hemos señalado la campaña de publicidad que aprovecha el militarismo patrio con la UME. El ministerio de Defensa no para de publicitar la solidaridad y abnegación de la UME ante los incendios y hace gran esfuerzo en justificar el militarismo por la actuación de esta unidad militar.

También hemos denunciado que la UME, que se publicita como un medio solidario y abnegado con el que Defensa colabora con las demás administraciones, en realidad tiene un interés bien lucrativo y unos intereses bastante diferentes cuando actúa en incendios o en otras catástrofes.

La UME es una unidad militar enfocada a servir a los ejércitos en sus misiones militares específicas. El ejército necesita contar con este servicio y con su material en perfecto estado de uso y entrenamiento. Esta es la razón de ser de tal cuerpo, no la de apagar incendios civiles.

De este modo, los incendios y catástrofes naturales donde la UME interviene son una especie de campo de entrenamiento pintiparado para sus objetivos y no una cuestión fundamentalmente de solidaridad.

De hecho, la solidaridad se desmiente porque la UME pasa factura por sus actuaciones. Así se lo autoriza el Real Decreto 1097/2011, de 22 de julio, que aprueba el Protocolo de Intervención de la UME: En este texto se indica que Defensa podrá celebrar con las otras administraciones publicas conciertos, convenios de colaboración, acuerdos técnicos o encomiendas de gestión, para financiar la actuación de la UME en catástrofes.

De modo que la solidaridad militar en catástrofes, que viene ordenada como una obligación de defensa en el art- 15 de la Ley de Defensa Nacional, no es gratis, sino bastante interesada.

Convenio con la Xunta de Galicia: pasta tonta para la UME.

Prueba de ello es el actual Convenio firmado el 29 de julio en Santiago de Compostela entre don Fernando José López del Pozo, director general de Política de Defensa, y Don José González Vázquez, Conselleiro del Medio Rural de la Xunta de Galicia, para la prevención de incendios forestales en Galicia durante la campaña de 2022.

La Xunta de Galicia prácticamente delega en la UME una gran parte de la intervención en materia de incendios y paga un precio por ello.

El convenio se encuentra publicado en el Boletín Oficial del Ministerio de Defensa de 12 de agosto de 2022 en las páginas 24.256 y siguientes (Resolución 420/38328/2022, de 2 de agosto, de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Defensa)
En concreto el convenio regula lo que cobra la UME por el despliegue operativo de patrullas terrestres, con misión de vigilancia y disuasión, de acuerdo con los niveles de riesgo medio, alto y muy alto, entre 16 de agosto y 30 de septiembre.

Advirtamos que este convenio regula la factura que cobrará la UME no por apagar incendios, sino por prevenirlos entre el 16 de agosto (ósea el martes próximo) y el 20 de septiembre.

La Xunta adquiere dos compromisos para estas labores:

1. Dotar a cada patrulla terrestre de un dispositivo GPS adecuado con la correspondiente cartografía digital actualizada, apta para desplazamiento por terreno forestal.
2. Pagar la actuación de estas patrullas.

Y ¿ qué precios contempla el convenio? Vamos a la cláusula cuarta, que dice:

• «Nivel de Riesgo Medio . Para el Nivel de Riesgo Medio se estima un presupuesto global de cuatrocientos sesenta y nueve mil seiscientos cuatro euros con cuarenta y un céntimos (469.604,41 euros) para el reconocimiento, despliegue, actividad operativa y relevos de unidades de las Fuerzas Armadas, que se abonará con cargo a la aplicación 14.02.551B 601.1 2002 15860.
• Nivel de Riesgo Alto. Debido a la imposibilidad de prever con antelación las circunstancias de los despliegues y de los respectivos gastos, se considerará el siguiente incremento de gasto adicional sobre el Nivel de Riesgo Medio.
• Gasto adicional (sobre riesgo medio): dieciocho mil ochocientos noventa y ocho euros con veinte céntimos (18.898,20 euros) por despliegue más repliegue, y seis mil sesenta y nueve euros con cincuenta y siete céntimos (6.069,57 euros) por cada día de mantenimiento de la fuerza en zona sobre el despliegue en el Nivel de Riesgo Medio.
• Nivel de Riesgo Muy Alto. Debido a la imposibilidad de prever con antelación las circunstancias de los despliegues y de los respectivos gastos, se considerará el siguiente incremento de gasto adicional sobre el Nivel de Riesgo Alto.
• Gasto adicional (sobre riesgo alto): diecinueve mil seiscientos sesenta euros con treinta y dos céntimos (19.660,32 euros) por despliegue más repliegue, y seis mil seiscientos cuarenta y un euros con dieciséis céntimos (6.641,16 euros) por cada día de mantenimiento de la fuerza en zona sobre el despliegue en el Nivel de Riesgo Alto.»

Es decir, al menos 469.604,42 euros por cada unidad operativa que despliegan durante mes y medio, por niveles de riesgo medio, a los que sumar una cantidad inconcreta de un mínimo de en caso de riesgo alto, de 494.572,18 euros más otros 6.069 euros por cada día de despliegue, o de 495.905,89 euros más otros 6.642,16 euros por día de despliegue en caso de riesgo muy alto.

Si esto es lo que cobran por cada unidad desplegada por vigilar, imaginen la factura por actuar en cada caso (factura de la que a pesar de haber intentado saber algo de momento no tenemos noticia).

Suponemos que la tarifa será extensible a otras comunidades autónomas, de las que de momento no he encontrado datos fiables y públicos.

Otros convenios de Defensa con las CC.AA

En la práctica, desde el año 2012 a la fecha, el Ministerio de Defensa tiene suscritos convenios de colaboración en materia de colaboración para situaciones de riesgos y catástrofes y de protección civil con casi todas las comunidades autónomas (no he encontrado convenios con Cataluña y Euskadi) y en todos ellos se regula una cláusula que dice que se podrán celebrar convenios específicos, conciertos o encomiendas de gestión para la intervención de la UME y la indemnización correspondiente a esta, aunque no he sido capaz de encontrar mayores precisiones (fuera de la que actualmente ofrece la Xunta de Galicia antes referida) sobre el modo en que las comunidades autónomas financian a la UME y, en consecuencia, una parte del gasto militar español.

En concreto, y con el fin de que en cada comunidad autónoma se puedan pedir cuentas a los responsables políticos, he encontrado convenios de colaboración con la UME que autorizan a suscribir acuerdos económicos para financiar a esta, he encontrado los siguientes convenios:

1. – Suscrito el 29 de septiembre de 2014 el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Defensa y la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía.
2. – Suscrito el 8 de julio de 2014 Convenio de colaboración entre el Ministerio de Defensa y la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León.
3. – Suscrito el 19 de marzo de 2014, el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Defensa y el Gobierno de Canarias.
4. – Suscrito el 14 de marzo de 2014 el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Defensa y la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno de la Comunidad de Madrid en materia protección civil y gestión de emergencias.
5. – Suscrito el 21 de noviembre de 2013 el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Defensa y el Gobierno de la Rioja, a través de la Consejería de Presidencia y Justicia.
6. – Suscrito el 15 de noviembre de 2013 el Convenio marco de colaboración entre el Ministerio de Defensa y la Vicepresidencia y Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia de la Junta de Galicia.
7. – Suscrito el 28 de noviembre de 2012 el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Defensa y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
8. – 8 de noviembre de 2013 el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Defensa y la Consejería de Presidencia y Justicia del Gobierno de Cantabria.
9. – Suscrito el 22 de octubre de 2013 el Convenio marco de colaboración entre el Ministerio de Defensa y el Departamento de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad Foral de Navarra.
10. – Suscrito el 15 de julio de 2013 el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Defensa y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
11. – Suscrito el 23 de abril de 2013 el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Defensa y la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.
12. – Suscrito el 27 de junio de 2013 el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Defensa y la Consellería de Gobernación y Justicia de la Generalitat de la comunidad de Valencia.
13. – Suscrito el 5 de febrero de 2013 el Convenio marco de colaboración entre el Ministerio de Defensa y la Consejería de Administración Pública de Extremadura.
14. – Suscrito el 22 de noviembre de 2012 el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Defensa y la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
15. – Suscrito el 11 de diciembre de 2012 el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Defensa y la Ciudad de Ceuta.
16. – Suscrito el 10 de diciembre de 2012 el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Defensa y la Ciudad de Melilla.
17. – Suscrito el 10 de septiembre de 2012 el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Defensa y el Departamento de Política Territorial e Interior de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Escandaloso

Es escandaloso. Mientras las comunidades autónomas no cuentan con medios suficientes para intervenir tanto en la prevención como en los incendios una vez se desencadenan, el ministerio de defensa cuenta con un dispositivo y unos medios espectaculares y sobredimensionados para sus propios fines que, además, es en parte financiado desde las comunidades autónomas cada vez que tienen que activar su uso en un incendio.

Gobiernos regionales y comunidades autónomas con competencias evidentes en medio amiente, de protección civil y en este tipo de catástrofes, miran para otro lado a la hora de invertir y se ahorran crear dispositivos, pero acuden a la UME y a la militarización de cualquier tipo de problema para salir del paso cada vez que ocurre uno de los muchos y previsibles incendios anuales.

Mientras los colectivos de bomberos y de trabajadores locales contra incendios braman por el desprecio y el desinterés con que son tratados por las autoridades políticas, éstas se dedican a menospreciar los problemas del campo y del monte, a menospreciar a los profesionales del ramo, a menospreciar a las poblaciones afectadas, a desatender sus necesidades y a financiar a la UME, que resulta más barato y disciplinado, cada vez que se enciende un fuego en parte alimentado por el combustible de la desidia de los gobiernos autonómicos.

Militarizar cualquier situación social y ambiental siempre será más barato desde el punto de vista cortoplacista y egoísta del poder que desarrollar a los pueblos y comarcas. Un militar y su idea de seguridad renta más para el poder que un civil y su ideal de seguridad humana.

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Ver también:

La UME como engañabobos