Siguiendo al secuestro de cuatro estadounidenses la semana pasada en la ciudad fronteriza mexicana de Matamoros, el senador republicano Lindsey Graham, un aliado cercano del expresidente Donald Trump, se comprometió a introducir un proyecto de ley para declarar los cárteles de la droga mexicanos organizaciones terroristas y preparar el uso de la fuerza militar en México.

Dos de los cuatro estadounidenses fueron asesinados, así como un transeúnte mexicano, cuando su vehículo fue interceptado presuntamente por miembros del Cartel del Golfo el 3 de marzo. Los otros dos fueron hallados con vida por las fuerzas de seguridad mexicanas el martes en una “operación conjunta” con inteligencia estadounidense. Según las autoridades mexicanas, tres de los cuatro estadounidenses tienen un historial delictivo vinculado a la venta y producción de drogas.

“Si siguen ofreciéndoles un refugio seguro a los narcotraficantes, entonces son enemigos de Estados Unidos”, dijo Graham a Fox News. Hablando como si fuera jefe de la mafia, añadió, “Si no mejoran su conducta, nosotros se la mejoraremos”.

El mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador, conocido como AMLO, condenó estas declaraciones, calificándolas como una “agresión” contra México y una amenaza de invasión. “¿Por qué no atienden su problema grave de descomposición social, no atemperan el incremento constante al consumo de las drogas?”, dijo en una rueda de prensa.

Pero, al mismo tiempo, ha minimizado repetidamente estas amenazas, tildándolas de “politiquería” electoral y respondiendo absurdamente que, si insisten, llamará a los estadounidenses de origen mexicano a votar en contra de los republicanos.

Las amenazas de Graham han sido repetidas por un gran número de líderes republicanos y no son nada nuevo. En noviembre de 2019, varios legisladores republicanos y el entonces presidente Trump también amenazaron con enviar tropas a México después de la masacre de nueve mujeres y niños estadounidenses en Sonora. En general, uno de los principales temas de los republicanos ha sido la amalgama fascistoide de los trabajadores migrantes y los cárteles como si fueran un solo ejército invasor.

El fiscal general bajo Trump, William Barr, dijo a Fox News que el Gobierno mexicano se encuentra secuestrado por organizaciones terroristas que “controlan México” y concluyó que, “Deberíamos lidiar con este grupo como lo hicimos con el Estado Islámico”, utilizando “todas las herramientas”.

Entre otros tuits y declaraciones similares de destacados funcionarios republicanos, James Comer, presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, declaró que EE.UU. debería tener una “presencia militar” al otro lado de la frontera, afirmando que Trump había ordenado bombardear laboratorios de fentanilo y metanfetamina en México pero “por alguna razón los militares no lo hicieron”.

En una reunión del Comité Permanente Selecto de Inteligencia el miércoles, el senador John Cornyn comparó la situación en México con los ataques terroristas del 11 de septiembre, culpando al país de las muertes de unos 108.000 estadounidenses el año pasado por drogas presuntamente traídas a través de la frontera con México. “Igual que el 11-S, igual que reaccionaríamos a la caída del cielo de un avión cada día durante un año, reaccionaríamos de forma abrumadora”, dijo histéricamente.

De forma reveladora, Cornyn citó a China como fuente de los precursores del fentanilo, la causante de la mayoría de esas muertes.

La respuesta de la Casa Blanca a estas presiones no hizo sino confirmar que estas amenazas no son meros juegos electorales de “mequetrefes”, como afirma AMLO.

El martes, la secretaria de Prensa de Biden, Karine Jean-Pierre, evadió la pregunta sobre si Biden consideraría usar al ejército estadounidense contra los cárteles mexicanos. “Simplemente no voy a entrar en el tema del ejército y cómo se está utilizando”, dijo.

Sin embargo, respondiendo a Cornyn durante la audiencia del miércoles, la directora de Inteligencia Nacional de Biden, Avril Haines, dijo sin titubear: “No podría estar más de acuerdo con su caracterización y la importancia que tiene”. El director de la CIA, William Burns, se refirió entonces a los recientes “éxitos” contra el Cartel de Sinaloa por parte de las autoridades mexicanas, antes de darle la razón a Cornyn sobre la gravedad del asunto.

Estados Unidos robó más de la mitad del territorio mexicano durante la guerra de 1846-48, llevó a cabo dos incursiones militares durante la Revolución mexicana en 1914 y 1916, y ha buscado continuamente dominar el país como fuente de mano de obra barata y recursos naturales para las corporaciones estadounidenses.

Tomando en cuenta esta historia, la respuesta de los funcionarios de la Administración de Biden de asentir a las amenazas republicanas de invadir al vecino oprimido de Estados Unidos, de la misma manera que Hitler amenazó a Polonia, echa por tierra cualquier pretensión de que la Casa Blanca defiende los derechos democráticos o la soberanía nacional en cualquier lugar.

Las amenazas republicanas y el asentimiento demócrata comunican su voluntad compartida de hacer todo lo que sea necesario, incluso una invasión, para asegurar el control del imperialismo estadounidense sobre el régimen político de México.

Si bien fueron detonadas por el secuestro de estadounidenses en Matamoros, las amenazas son parte de una campaña incipiente pero cada vez más intensa en los medios corporativos estadounidenses y europeos para retratar a AMLO como otro villano autoritario en la línea de Milosevic, Huseín, Gadafi, Putin o Xi.

Los medios corporativos y la Administración de Biden respaldaron las protestas del 26 de febrero organizadas por la derecha mexicana contra los cambios electorales aprobados por el Congreso mexicano, controlado por el partido Morena de AMLO y sus aliados. Los cambios incluyen una reducción del 85 por ciento del personal técnico del Instituto Nacional Electoral (INE), menos financiación para los partidos, un mayor acceso a los votantes en el extranjero y nuevas sanciones por fraude.

En un artículo típico de la prensa estadounidense, el New York Times describió las medidas como un “desafío a las instituciones democráticas” de cara a las elecciones generales del próximo año.

Un editorial del Financial Times afirmaba que AMLO busca restablecer la “dictadura perfecta” que existía antes de 2000, como parte de “una economía centralizada en el Estado e impulsada por el petróleo”. Semejante caricatura del Gobierno de AMLO, totalmente falsa para un país cuyas exportaciones son en su inmensa mayoría productos manufactureros avanzados enviados a Estados Unidos, demuestra la intención de preparar al público para una operación de cambio de régimen.

“¿Cómo puede haber ‘friendshoring’ (‘traslado de fábricas a países amigos’) con un país que se está volviendo intolerante con la oposición política y con una sociedad libre y abierta?”, se pregunta el Financial Times, cuyo columnista Gideon Rachman ha pasado a la ofensiva para exponer las “tendencias autocráticas” de AMLO.

Ninguna de estas afirmaciones tiene sustento. Más allá de la práctica generalizada de comprar votos, el INE fue utilizado por los partidos de derecha para perpetrar fraude contra AMLO en 2006 y 2012. Como informó el World Socialist Web Site, el Departamento de Estado de Estados Unidos, Google, Facebook y Twitter trabajaron abiertamente con el INE para manipular las elecciones contra AMLO en 2018, pero la élite gobernante finalmente decidió instalar a AMLO para usar su demagogia populista y desviar las explosivas luchas de clases, especialmente después de las protestas masivas del Gasolinazo en 2017.

Las referencias a una sociedad y unas elecciones “libres y abiertas” no son más que palabras clave para la subordinación total a los intereses geopolíticos de EE.UU. El traslado de la producción de China y Asia a las plataformas de mano de obra barata en México y América Latina se han convertido en un componente central de los planes de guerra de Estados Unidos contra Rusia y China.

Detrás de las supuestas preocupaciones por las muertes por narcóticos en EE.UU. y la integridad de las elecciones en México, los representantes del imperialismo estadounidense están respondiendo agresivamente contra los intentos de AMLO de equilibrar los lazos económicos predominantes del país con el capital estadounidense y las relaciones con los rivales geopolíticos de Washington. AMLO ha acogido con entusiasmo las inversiones chinas, que ahora representan la segunda mayor fuente de capital extranjero en México, al tiempo que desafía la política exterior de EE.UU., en particular criticando el envío de armas y otras escaladas de la OTAN en Ucrania y ofreciendo asilo a Julian Assange.

El Gobierno de AMLO, de hecho, está atacando los derechos democráticos y sentando las bases para una dictadura. Esto ha incluido un refuerzo masivo de las fuerzas armadas, que tienen un largo historial de violaciones de los derechos democráticos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, tortura y espionaje a activistas, periodistas y otros civiles.

Sin embargo, estas medidas han contado con el apoyo de las Administraciones de Trump y Biden, que han trabajado para convertir a la nueva Guardia Nacional mexicana en una extensión de la patrulla fronteriza estadounidense a fin de reprimir a los trabajadores migrantes. Durante la audiencia del miércoles, el director de la CIA, Burns, dijo que la “Sección 702” de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera era un componente clave de las operaciones estadounidenses en México, refiriéndose a una disposición que permite el espionaje sin orden judicial de extranjeros por parte de la CIA.

Como suele ocurrir con los llamamientos a guerras de Estados Unidos, los supuestos “terroristas” o enemigos son a su vez el subproducto de anteriores agresiones estadounidenses. Esto lo demuestra la reciente condena por un tribunal estadounidense del exjefe de seguridad de México, Genaro García Luna, quien aceptó cientos de millones de dólares en sobornos del Cartel de Sinaloa. El juicio eludió llamativamente la enorme evidencia de que los cárteles mantienen relaciones de colaboración tanto con el Gobierno estadounidense como con el mexicano.

García Luna fue el funcionario clave en México detrás del establecimiento en 2007 del Plan Mérida, en virtud del cual el Gobierno estadounidense ha dado más de 3.000 millones de dólares en ayuda de seguridad al Estado mexicano. Él y su mano derecha, Luis Cárdenas Palomino —actualmente en custodia bajo cargos de tortura— recibieron varios premios y reconocimientos de las Administraciones Bush y Obama y eran los consentidos del Gobierno de EE.UU., como confirman varios cables publicados por WikiLeaks.

Un cable diplomático estadounidense de 2008 aplaudía a García Luna porque su “verdadero enfoque ha sido la investigación de antecedentes”. Y continuaba: “Vale la pena señalar que gran parte del éxito de México en el último año, consiguiendo la detención de importantes líderes de los cárteles y realizando importantes incautaciones, ha sido el producto de una estrecha cooperación con los EE.UU.”, al tiempo que subraya que “la cooperación sin precedentes … no sería posible sin nuestra capacidad de trabajar con unidades vetadas apoyadas por las agencias del Gobierno de EE.UU., incluyendo la DEA y el ICE”.

Durante todo este periodo, como lo demostraron las declaraciones de los testigos durante el juicio, la “línea oficial era [proteger] al Chapo” del cártel de Sinaloa. Y las agencias estadounidenses respaldaron esta política. La periodista Anabel Hernández, por ejemplo, ha informado de que la DEA mantuvo más de 100 reuniones con el propio abogado del jefe del Cártel de Sinaloa, Mayo Zambada, para intercambiar información a cambio de protección. El abogado de su hijo, “Fernando Gaxiola me explicó que, gracias a la colaboración con la DEA, el Mayo y el Chapo pudieron prácticamente exterminar a sus principales rivales, los Arellano Félix [del Cártel de Tijuana]”, escribió.

(Publicado originalmente en inglés el 10 de marzo de 2023)