El año pasado, los sindicatos ferroviarios estadounidenses advirtieron que los despidos masivos de trabajadores ponían en grave peligro la seguridad del transporte de mercancías peligrosas.

Las empresas del sector pusieron en la calle a más de 20.000 trabajadores entre 2018 y 2019, lo que representa el mayor recorte de plantilla desde la Gran Depresión. La fuerza laboral ferroviaria ha quedado reducida a 200.000 empleados, cuando en sus mejores momento alcanzó el millón.

 

De hecho, a finales del año pasado los sindicatos ferroviarios anunciaron que iban a la huelga por mejoras salariales, bajas por enfermedad y sistemas de seguridad.

 

Sin embargo, Biden firmó un decreto oficial para evitar que dicha huelga se llevara a cabo, es decir, para prohibir el derecho de huelga de los trabajadores, bajo el pretexto de que arruinaría la economía y dejaría a millones de estadounidenses sin trabajo.

 

Durante la firma de ese documento oficial en la Casa Blanca, Biden dijo: “Hemos ahorrado al país esa catástrofe”.

 

En efecto, ahorró la “catástrofe” a los capitalistas, pero no a los residentes de una localidad de Ohio, llamada East Palestine, y a los de unos 30 km a la redonda, que encaran un futuro incierto por envenenamiento del aire, la tierra y el agua.

 

El 3 de febrero del presente año, un tren de carga, con 50 vagones, de la empresa Norfolk Southern que transportaba materiales químicos muy tóxicos descarriló en dicha localidad, cerca de la frontera con Pensilvania.

 

Al parecer, el accidente se produjo por el fallo de un eje. Los ingenieros a bordo del tren tiraron del freno de emergencia, pero este tampoco funcionó.

 

En esta situación de peligro mortal por explosión, optaron por verter el ploricloruro de vinilo que iba cargado en diez de los vagones en una zanja que cavaron al efecto para realizar una quema controlada del gas.

 

Esto provocó una gigantesca columna de humo negro, que liberó una mezcla de gases sumamente tóxicos, entre ellos, aparte del policloruro de vinilo, fosgeno, que fue usado como arma química en la I Guerra Mundial, cloruro de hidrógeno y acrilato de etilhexilo.

 

Las autoridades ordenaron la evacuación de los cerca de 5.000 habitantes de East Palestine, aunque solo marcharon unos 2.000. El resto decidió permanecer en sus residencias, seguramente por no contar con alojamientos alternativos.

 

Ninguno de los grandes medios informaron del suceso, a pesar de que los efectos de la contaminación del aire, la tierra y el agua pronto se hicieron notar. Los residentes informaron de peces y animales de granja muertos. También hay reportes de lluvia ácida en 150 km a la redonda.

 

Aunque el 8 de febrero las autoridades ya dieron vía libre a la vuelta de los evacuados, muchos no se atrevieron. Algunos incluso han cursado una demanda federal que obligaría a la empresa Norfolk Southern a efectuar pruebas médicas a los residentes en un radio de unos 30 km en torno al lugar del accidente.

 

David Masur, director ejecutivo de PennEnvironment Research & Policy Center, dijo que el accidente de East Palestine es un “claro recordatorio de la amenaza que supone para nuestras ciudades y comunidades el hecho de que los trenes que llevan materiales explosivos atraviesen Pensilvania y los EE.UU diariamente”.

 

Masur y otros piden a las autoridades estatales y federales que sometan a más inspecciones a la industria del ferrocarril. “Lo ideal sería que las empresas de los trenes de carga con materiales peligrosos tuviesen rutas alternativas para no atravesar zonas pobladas”.

 

Las críticas se dirigen a las cuestionables normas de seguridad de las empresas, a los recortes de plantilla, a las condiciones extenuantes de trabajo y al insuficiente mantenimiento de las infraestructuras.

 

De hecho, los ingenieros a bordo del convoy descarrilado han señalado cómo la empresa Norfolk Southern hace presión contra las normas de seguridad y se resiste a poner al día el sistema de frenos de los trenes.

 

Con unos beneficios de 12.700 millones de dólares en 2022, Norfolk Southern ha anunciado que pagará a los 5.000 residentes de East Palestine 25.000 dólares, es decir, 5 dólares por persona, lo que sin duda constituye un insulto a la comunidad, que seguramente tenga que afrontar en el futuro graves problemas de salud.

 

En una conferencia de prensa que dio el gobernador de Ohio, Mike DeWine, en el gimnasio de un colegio de primaria para dar los últimos detalles de la catástrofe, estuvo el periodista Evan Lambert.

 

NewsNation publicó un vídeo donde se ve cómo agentes de policía reducen a Lambert al suelo para esposarlo, le arrestan y conducen a prisión posteriormente.

 

Cinco horas después, Lambert fue liberado y declaró que “Ningún periodista espera ser arrestado cuando está haciendo su trabajo, y creo que es realmente importante que no ocurra en nuestro país”.

 

Pero la “prensa libre” en el “mundo libre” no es tan libre como parece. Si no llega a ser por las redes sociales, la mayoría de personas que vivimos fuera de EE.UU no nos habríamos enterado de esta catástrofe medioambiental, y seguramente tampoco nos enteraremos por los grandes medios de sus consecuencias.

 

Esto en el país más rico del mundo, que gasta el grueso de su presupuesto en el complejo militar-industrial, mientras mantiene las infraestructuras a nivel tercermundista y permite que los residentes de Flint (Michigan) y otras localidades del país beban, se laven y cocinen con agua contaminada, si no tienen dinero para pagar el agua embotellada que la empresa Nestle adquiere gratis de los Grandes Lagos.

 

Y mucha gente, dentro y fuera de EE.UU, se pregunta por qué el Secretario de Transportes, Pete Buttigieg, tardó diez días en comentar el desastre, que no ha sido el único aunque sí el más grave.

 

En efecto, a los diez días del descarrilamiento del tren en East Palestine, otros dos trenes de carga descarrilaron.

 

Uno lo hizo en el este de Texas, donde un camión chocó con un tren de Union Pacific y 21 vagones que transportaban materiales peligrosos se salieron de las vía. En este caso no hubo roturas, pero el conductor del camión resultó muerto.

 

También en Enoree, Carolina del Sur, otro tren descarriló. De hecho, en Estados Unidos se producen unos 1.700 accidentes de este tipo anualmente, lo que pone en evidencia el abandono de las infraestructuras y la escasa si no nula inversión de las empresas en mantenimiento, poniendo en riesgo la salud y la vida tanto de los trabajadores como de las comunidades por donde circulan estos vehículos.

 

Unos 25 millones de estadounidenses residen en zonas de paso de trenes con cargas peligrosas susceptibles de explotar.

 

El ingeniero Ron Kaminkow, que trabajó para Norfolk Southern y es secretario del sindicato de trabajadores ferroviarios, declaró a The Guardian, que el accidente de East Palestine es la punta del iceberg, que esta serie de descarrilamientos es una llamada de atención sobre las consecuencias de rebajar la plantilla de trabajadores y primar los beneficios sobre la seguridad.