Por A. RAMÍREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

La organización política canaria Sí se puede ha reclamado a la Fiscalía la investigación de «los presuntos abusos sexuales causados por eclesiásticos«, al tiempo que ha instado al Gobierno de Canarias «a reclamar justicia ante comportamientos tan sórdidos».

La organización ecosocialista considera «un escándalo democrático el que las instituciones públicas renuncien a hacer justicia y subraya que la «Constitución obliga a la administración a proteger a la ciudadanía en el marco de una separación del Estado y la iglesia católica».

La petición de este partido político se produce como reacción a a la noticia destacada por Radio Club Tenerife, que recientemente recogió información de la base de datos del periódico El País sobre abusos sexuales en la Iglesia y los ilustró para el caso de Canarias, con testimonios de tres hombres diferentes relativos a abusos presuntamente protagonizados por el mismo cura en Tejina (La Laguna, Tenerife) y Vallehermoso (La Gomera), cuando los denunciantes eran niños, en los años 80 y 70, respectivamente.

 «Aplaudimos  -apuntan-  la disposición de los medios de comunicación a recoger testimonios y cuantificar los hechos, ya que su acumulación puede dar la dimensión real de los presuntos abusos cometidos por sacerdotes católicos en pueblos de las Islas, pero consideramos  que son el Gobierno y la Fiscalía quienes deben recoger estos datos en investigaciones oficiales, para que tengan valor en procesos judiciales, al tiempo que estas instituciones deben animar a la ciudadanía a denunciar en el ámbito judicial y proteger a las personas denunciantes».

Para Sí se puede, las denuncias «tienen efecto legal solamente en el marco del sistema judicial».

  «Las quejas o denuncias que se canalicen en el ámbito privado de la iglesia – opinan desde este formación política – favorecen la impunidad, tal como ya se ha visto, en general, por la resistencia de la estructura eclesiástica a abordar este gravísimo problema».

UN SEÑALAMIENTO PÚBLICO, AÚN SIN RESPUESTA, AL OBISPO DE TENERIFE BERNARDO ÁLVAREZ

   Sí se puede recuerda, asimismo, que el obispo de Tenerife, Bernardo Álvarez, «justificó públicamente, de manera general, a los curas abusadores años después de haber recibido una de estas denuncias en el obispado y se abstuvo de denunciar él mismo los casos mencionados».

De esta manera, el partido Sí se puede alude a AL caso denunciado por el diario El País, que incluyó a Bernardo Álvarez en la lista de los prelados acusados de ocultar las denuncias por los casos de pederastia cometidos en el seno de la Iglesia católica en el Estado español. Listado en el que aparecen un total de 39 obispos.

Según este diario español, tanto Bernardo Álvarez como su antecesor en el cargo, Felipe Fernández, ya fallecido, ocultaron denuncias contra un sacerdote  -del que sólo se ofrecen sus iniciales- que  estuvo a cargo de la parroquia de Tejina.

De acuerdo a la denuncia publicada por El País, el prelado tinerfeño Felipe Fernández se limitó a apartar de la parroquia al sacerdote, sin tomar ninguna otra medida, en 2004.  Un año después -y siempre según estas informaciones – el actual obispo Bernardo Álvarez, quien era vicario general cuando ocurrieron los hechos denunciados, tampoco tomó medida alguna, ni informó al Vaticano del caso.

Las revelaciones que señalan al obispo de Tenerife como presunto encubridor de estos abusos sexuales hicieron recordar en Canarias las escandalosas declaraciones que Álvarez realizaba en diciembre de 2007, cuando la máxima autoridad de la Iglesias católica en la provincia tinerfeña afirmó que:

    «Hay adolescentes de 13 años que son menores y están perfectamente de acuerdo (con los abusos) y además, deseándolo, incluso si te descuidas te provocan».

En relación a su petición para que la Justicia y el Gobierno autonómico se implique en la resolución de este caso, Sí se puede «recuerda que, en una sociedad democrática, los delitos no se solventan con acuerdos privados, sino con condenas dictadas al amparo de la ley, y subraya que hay que garantizar que cae todo el peso de la ley sobre los delincuentes que sean condenados, sin distinción».