Desde Puerto Príncipe

El último comunicado de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA), sobre Haití será sin duda un caso de estudio en los tiempos por venir, por la contundencia con que el organismo hemisférico plantea una valoración demoledora sobre los últimos 20 años de “intervencionismo humanitario”, al considerarlo “uno de los fracasos más fuertes y manifiestos de la comunidad internacional”. Aún más: según la OEA, fue en estos últimos “20 años de estrategia política errada”, y bajo el paraguas de la mismísima “comunidad internacional”, que “germinaron las bandas criminales que hoy asedian al país”, fenómeno en el que nos detendremos a continuación.

Resultados funestos

Pero lo curioso del asunto es que, partiendo de un diagnóstico en esencia acertado, Luis Almagro haya defendido, en una entrevista concedida al periódico Miami Herald, la necesidad de volver a ocupar el país, territorio por el que han pasado una decena misiones civiles, policiales, militares y políticas a lo largo de los últimos 30 años, con resultados funestos, si consideramos los escándalos de violencia sexual sistemática cometidos por las tropas de ocupación; las reiteradas masacres cometidas en barriadas populares; y la introducción de la epidemia de cólera que causó la muerte de 9 mil personas e infectó a cerca de 800 mil, según lo reconoció el propio ex Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon.

El renovado recetario intervencionista se justifica hoy en el completo descalabro securitario que atraviesa la nación haitiana. Distintos analistas mencionan el magnicidio de Jovenel Moïse, sucedido en julio del año pasado, como inicio de esta espiral de violencia. Sin embargo, sin importar que variable tomemos (la circulación de armas, la cantidad de pandillas, su capacidad operacional y su control territorial, los secuestros, la comisión de masacres, los asesinatos y violaciones, la cantidad de desplazados, etcétera) veremos que se trata de una tendencia de más largo plazo que comenzó a consolidarse con la llegada al poder del PHTK en el año 2010, partido aún gobernante que ya ha colocado a tres sucesivos jefes de Estado y/o gobierno: Michel Martelly, el propio Moïse, y ahora Ariel Henry. No fue con la retirada de las tropas de la MINUSTAH que estas peligrosas tendencias securitarias comenzaron a manifestarse, sino varios años antes, siendo profundizadas por la propia ocupación.

Paramilitarismo

Como se desprende del estudio del paramilitarismo y del crimen organizado, estos fenómenos sociales encuentran su caldo de cultivo más propicio en el vacío generado por diferentes factores: por la debilidad o quiebra de las capacidades estatales, por crisis económicas agudas, por fenómenos de guerra civil, por ocupaciones o conflictos bélicos internacionales, por la ocurrencia de catástrofes humanitarias, etc. Es decir, por todo aquello que rompe, debilita o retrae el tejido social, estatal y/o comunitario. Un tejido que, en Haití, por su extensa historia anticolonial y por las características absolutamente sui generis de su sociedad, tuvo históricamente una particular unidad y resiliencia.

Pero fue la “pacificación violenta” del país intentada por la MINUSTAH, la que coadyuvó al actual escenario. Esto, debido a varios factores: al proceso de sustitución de las capacidades estatales operada por la “ocupación interminable”; al debilitamiento de la sociedad civil haitiana merced al accionar indiscriminado de más de 12 mil organizaciones no gubernamentales que compiten, desmovilizan y captan recursos humanos locales, sobre todo desde el post-terremoto del año 2010; por las políticas económicas neoliberales que desde la década del 80 destruyeron los últimos trazos de capacidad industrial, agroindustrial y agrícola del país, generando fenómenos como el éxodo rural y el hacinamiento urbano, disparando la miseria y el desempleo; y sobre todo por el proceso de represión selectiva en algunas de las barriadas populares de la zona metropolitana de Puerto Príncipe, las que generaron el aterrador vacío que grupos delincuenciales y paramilitares vienen ahora a llenar.

Armas de Florida

Sobre el origen de este fenómeno hay que puntualizar algunas cosas. 1) Ni Haití, ni su vecino insular, la República Dominicana, producen armamento de ningún tipo, por lo que su origen es necesariamente foráneo. 2) Estados Unidos es el principal productor y exportador de armas y municiones -además del más cercano- con el 36 del mercado global, cifra que ha ido en aumento en la última década. 3) En todos los casos conocidos a la fecha, el contrabando de armas se dio o bien por vía aeroportuaria o a través de las terminales portuarias, provenientes del sur de la Florida. Esto, aún cuando pesa sobre el país un embargo a la venta de armas desde el año 1991, parcialmente flexibilizado en el año 2006.

La Comisión Nacional para el Desarme, Desmantelamiento y Reintegración, estimaba en 2019 que eran unas 500 mil las armas ilegales en circulación en el país, estimación que, desafortunadamente, ha sido largamente superada en los últimos años. La forma primera y obvia de cortar el espiral de violencia desde sus mismas raíces, sería fiscalizar y e impedir este flujo, que coloca cada día armamento de gran calibre en las manos de jóvenes de las poblaciones más pauperizadas de la zona metropolitana, hoy un territorio prácticamente sitiado por bandas criminales.

Considerando la cruzada intervencionista de la OEA, el próximo fin del mandato de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH) y los debates abiertos en Estados Unidos en torno a qué hacer con su incómodo aliado en la Cuenca del Caribe, comenzaran a resonar cada vez más conceptos como la “responsabilidad de proteger”, el “principio de no indiferencia” y otras categorías de las narrativas intervencionistas acuñadas en la post Guerra Fría. Las cuales, básicamente, niegan o buscar poner en suspenso los pilares jurídicos del orden internacional desde la constitución de las Naciones Unidas: los derechos de soberanía y autodeterminación de las naciones.

Elecciones

El problema de seguridad de Haití tiene dimensiones específicamente policiales y operacionales. Pero en su dimensión política más amplia, el control territorial del país nunca podrá ser retomado sin un proceso electoral que habilite una recomposición del poder político en una autoridad legítima, considerando que hace seis años que en el país no se celebran elecciones, y que los poderes judicial y legislativo están virtualmente desarticulados, así como suspendidos o gravemente debilitados los servicios educativos y sanitarios. La postergación permanente de las elecciones sólo debilitarán aún más al Estado y a su clase política, mermando aún más sus capacidades de maniobra.

Por añadidura, las políticas de shock económico como el recientemente decretado aumento de los precios de los combustibles hasta un 100 por ciento no sólo será un golpe de gracia para las amplias mayorías populares que se debaten en el filo de la supervivencia, sino que darán más y más oxígeno a la expansión y control territorial de las bandas armas, profundizando, quizás de forma irreversible, la paramilitarización del país.

*Sociólogo, doctorando en Historia por la UNLP y becario e investigador en IdIHCS/CONICE