El 21 de agosto pasado un diputado surcoreano, Kim Min-seok, presidente del Partido Democrático, de centro-izquierda, advertía públicamente que miembros del gobierno estaban preparando la imposición de la ley marcial. Dado el historial político cuando menos sinuoso de este personaje –por demás condenado por corrupción– la opinión pública vio en aquellas revelaciones un mero intento de llamar la atención. Casi todo el mundo lo tildó de “complotista” o “conspiracionista” y sus amigos deploraron que hubiese caído tan bajo.

La acusación que el diputado Kim Min-seok lanzaba contra el presidente Yoon Suk-yeol parecía, en efecto, algo exagerada. La democracia había aparecido en Corea del Sur sólo a partir de 1980, después de la masacre de Gwangju, 9 días durante los cuales la dictadura asesinó miles de personas. La sola mención de las palabras “ley marcial” trae terribles recuerdos a los surcoreanos.

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El 3 de diciembre, hacia las 22 horas, todos los medios de la prensa audiovisual surcoreana recibían un aviso de que el presidente de la República, Yoon Suk-yeol, iba a dirigir una alocución excepcional a la nación. A las 22:45 horas, todos las estaciones de radio y los canales de televisión transmitían en vivo la alocución del presidente. Después de asegurar que la oposición “trabajaba” con los comunistas norcoreanos, el presidente declaró, a partir del 4º minuto de su intervención: «Queridos conciudadanos, proclamo la ley marcial para proteger la República de Corea de las amenazas comunistas de Corea del Norte y de las facciones anti-Estado pronorte que socavan nuestra libertad y nuestro orden constitucional.»

Según el diputado Kim Min-seok, los autores del complot eran 4 militares, ex alumnos de la escuela de altos estudios de Chungam: el presidente de la República, Yoon Suk-yeol; el jefe de su guardia personal, el general Kim Yong-hyun, nombrado ministro de Defensa por el propio presidente en agosto; el ministro del Interior, Lee Sang-min; y el director del contraespionaje, Yeo-hyung. Ciertos alumnos de la 11ª graduación de la Academia Militar habrían formado un segundo círculo del complot.

La aplicación de la ley marcial estuvo a cargo del general Kim Yong-hyun (el ministro de Defensa), jefe del 38º ejército; el general Park Ann-soo, jefe del estado mayor de las fuerzas armadas y jefe del 46º ejército; el general Kwak Jong-geun, al mando de las fuerzas especiales y jefe del 4º ejército; y el general Lee Jin-woo, gobernador militar de Seúl y jefe del 48º ejército. Los elementos militares movilizados fueron la 707ª brigada de las fuerzas especiales, la 1ª brigada de fuerzas especiales aerotransportadas y la policía militar, esta última bajo la dirección de las fuerzas especiales.

Los surcoreanos comprendieron de inmediato que se trataba de un regreso a la dictadura. Numerosos comercios nocturnos fueron saqueados por personas que trataban de acumular provisiones.

A las 23 horas, el presidente de la Asamblea Nacional, Woo Won-shik, convocaba a todos los miembros del parlamento a través de las redes sociales: «Todos los miembros de la Asamblea Nacional deben reunirse inmediatamente en la sala plenaria.»

La Constitución surcoreana autoriza la Asamblea Nacional a abrogar la ley marcial, pero las fuerzas especiales ya habían invadido la sede del parlamento y cerrado sus puertas, mientras que se había emitido una prohibición general de todo tipo de actividad política, incluyendo las manifestaciones y todas las actividades de los partidos políticos. Simultáneamente, otra unidad de las fuerzas especiales había invadido las oficinas de la Comisión Electoral, confiscando los teléfonos celulares del personal y cerrando todas las entradas.

Mientras una multitud se concentraba frente la sede del parlamento, grupos de diputados escalaban las rejas que rodean el recinto para votar la abrogación de la ley marcial. A la 1 de la mañana, 190 de los 300 diputados votaban unánimemente la abrogación de la ley marcial. Las fuerzas especiales se retiraron entonces del recinto, pero hubo que esperar aún hasta las 4:20 de la mañana para que el gobierno, reunido precipitadamente después de haber sido convocado en plena madrugada, pronunciara formalmente el levantamiento de la ley marcial, que finalmente estuvo en vigor durante 6 horas.

Para entender lo sucedido en Seúl hay que recordar que el presidente de la República, Yoon Suk-yeol, de quien se menciona sólo que es un ex fiscal que luchó contra la corrupción, es también un nostálgico del militarismo imperial japonés. A finales de noviembre, el presidente surcoreano Yoon Suk-yeol no apoyó a su embajador en Tokio cuando este organizó, solo, un homenaje a los esclavos coreanos que la firma japonesa Mitsubishi utilizó durante la Segunda Guerra Mundial para explotar las minas de oro y de plata de la isla Sado [1].

Después de ese recordatorio, hay tener en cuenta también lo sucedido en Taiwán en mayo pasado. Después de la toma de posesión del nuevo presidente de la Isla, Lai Ching-te, el parlamento taiwanés trató de modificar la Constitución para evitar que suceda allí lo que acaba de suceder en Corea del Sur. Pero los 8 diputados del partido del presidente lo impidieron, agredieron físicamente a sus colegas de la oposición. Cinco diputados opositores resultaron heridos en el incidente.

La elección del nuevo presidente taiwanés, Lai Ching-te, no se basó en sus promesas en materia de política exterior. Fue electo sobre la base de sus concepciones económicas [2]. Lai Ching-te es otro nostálgico de la Segunda Guerra Mundial –a pesar de que el Kuomintang, el partido fundado por Chiang Kai-chek, hace oficialmente campaña a favor de la reunificación con la República Popular China, el presidente Lai Ching-se se pronuncia, por el contrario, reanudar la guerra civil.

El presidente taiwanés Lai Ching-te representa el ínfimo grupo de taiwaneses que todavía rechaza la victoria del líder chino Mao Zedong (1893-1976). Al tomar posesión de la presidencia, Lai Ching-te declaró: «Espero que China enfrentará la realidad de la existencia [de Taiwán y] respetará las decisiones del pueblo de Taiwán. Ante las numerosas amenazas e intentos de infiltración provenientes de China, debemos mostrar nuestra determinación de defender nuestra nación.» Como puede verse su posición contradice el acuerdo sobre la unidad de China.

Los servicios secretos taiwaneses siguen albergando la muy secreta “Liga Anticomunista Mundial”, rebautizada en 1990 como “Liga Mundial por la Libertad y la Democracia”, creada durante la guerra fría por el generalísimo Chiang Kai-chek y por el jefe de los nacionalistas integristas ucranianos Yaroslav Stetsko –el primer ministro ucraniano aupado por Hitler. Esa organización tiene hoy como presidente un ex secretario general del Kuomintang, Tseng Yung-chuan, y sigue estando financiada por el buró de seguridad nacional de Taiwán. La sección asiática de la Liga tiene como presidente al diplomático Zeng Yongquan, quien fue secretario general del gobierno taiwanés.

Nadie sabe cómo funciona actualmente ese sistema. Pero una esquina se levantó en julio de 2022, cuando fue asesinado el ex primer ministro japonés Shinzo Abe. A pesar de los esfuerzos por enterrar el asunto, la prensa japonesa reveló que el ex primer ministro Abe había sido abatido por un hombre arruinado que le reprochaba haberse echado en el bolsillo sumas astronómicas pagadas por la Eglesia de la Unificación (la llamada “Secta Moon”). Seis meses después del asesinato de Abe, se revelaba que un grupo de parlamentarios japoneses del Partido Liberal Demócrata (PLD, aún en el poder) habían recibido entre todos sobornos por un total superior a los 500 000 millones de dólares [3].

La mayoría de los parlamentarios liberal-demócratas japoneses provienen de dinastías hereditarias y no están organizados alrededor de programas políticos sino simplemente por facciones internas del PLD, un partido enteramente creado por Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial para “reciclar” en él a los criminales que no habían sido juzgados por el Tribunal de Tokio. Ese es el partido que ha venido gobernando Japón desde hace 67 años (exceptuando 2 cortos periodos que en total no pasan de 4 años).

Desde el 1º de octubre, Japón tiene como primer ministro a Shigeru Ishiba, un fanático del militarismo que revisó los textos de obras históricas sobre el santuario Yasukuni, donde están enterrados los principales criminales de guerra nipones [4]. En su revisión de esos textos, el ahora primer ministro de Japón Shigeru Ishiba conciliaba el honor de los criminales de guerra nipones enterrados en el santuario Yasukuni con la historia de China y de Corea. Al parecer, el primer ministro Ishiba nunca ha visitado el polémico santuario y trata cuidadosamente de ser insultante con sus visitantes extranjeros, pero también son harto conocidas su pasión como coleccionista de objetos de la época del militarismo imperial y sus convicciones militaristas. Según este primer ministro nipón, la Segunda Guerra Mundial fue fruto de una «justa causa» –que sería liberar Asia de la dominación blanca– y la mayor parte de los crímenes de guerra de los militaristas japoneses señalados en China, en Corea del Sur y en el sudeste asiático serían sólo «complots tendientes a denigrar a Japón». El hoy jefe del gobierno japonés, Shigeru Ishiba ha declarado que si de algo son culpables el gobierno y el ejército de aquella es sólo de haber iniciado una guerra imposible de ganar.

Todo lo anterior nos muestra que estamos ante un regreso de la facción asiática del Eje Roma-Berlín-Tokio.

Cuando los nacionalistas integristas regresaron al poder en Ucrania, nos mantuvimos impasibles y hoy tenemos una guerra en una guerra en ese país.

Tampoco hicimos nada cuando los sionistas revisionistas regresaron al poder en Israel. y hoy la guerra se ha extendido a Gaza, Cisjordania, Líbano, Siria, Irak y Yemen.

¿Reaccionaremos ahora ante el regreso de los militaristas japoneses en Japón, Taiwán y Corea del Sur?