La propagación de vídeos que muestran actuaciones policiales violentas no está sirviendo, por sí sola, para frenar los abusos ni para garantizar condenas. Muy al contrario, el aval judicial a malos tratos o incluso homicidios está alimentando un descontento que, en diversas partes de Europa, ha estallado ya en forma de protestas masivas y disturbios. La combinación de imágenes virales, falta de rendición de cuentas y percepción de impunidad conforma un riesgo tangible de «explosión social».

El patrón se repite con pocas variaciones: un caso de violencia policial con resultado de muerte o lesiones graves, una instrucción judicial que avala la actuación, y una reacción social que escala desde la concentración pacífica hasta la alteración del orden público.

En marzo de este año, el asesinato de un joven a manos de la policía francesa en Nanterre desató protestas y disturbios a escala nacional que obligaron al Gobierno a decretar el estado de emergencia. Cientos de detenidos, vehículos calcinados y edificios públicos atacados dibujaron la cara más extrema de una frustración acumulada durante años.

En junio de 2025, la muerte de un niño y de una mujer bajo custodia de la policía belga, en circunstancias que no fueron esclarecidas de forma convincente para las familias, convocó a miles de personas frente al Palacio de Justicia de Bruselas con pancartas que rezaban «Sourour, Fabian: No olvidamos, no perdonamos» y «¿Quién nos protege de la policía?».

Otro ejemplo es Reino Unido, donde la percepción del uso habitual del aparato represivo para criminalizar la disidencia pacífica llevó a Amnistía Internacional a denunciar el «menosprecio» del Gobierno por el derecho a protestar, después de casi 900 detenciones en una sola movilización en septiembre de 2025.

En España, los casos recientes de muertes bajo custodia y durante intervenciones policiales —varios de ellos grabados y viralizados— se enmarcan en esta misma lógica: grabar a la policía, que en su momento se pensó sería una herramienta pacífica y útil contra la represión, ha demostrado con el paso del tiempo que ya no es suficiente.

En el año 2013, cuando ya se pergeñaba la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, los sindicatos policiales protestaron por una medida que aparentemente podía poner fin a su impunidad: la rotulación en los uniformes del número de identificación de los agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP, antidisturbios).

En una asamblea del sindicato Unión Federal de Policía (UFP), mayoritario en aquella época, varios agentes antidisturbios reprocharon al director adjunto operativo (DAO) de la Policía, Eugenio Pino, que se haya implantado este código y reclamaron su inmediata abolición. El DAO estaba presente en la reunión y ha sido uno de los prolíficos miembros de las llamadas «cloacas del Estado», .

Pino, que ocupaba el segundo cargo en importancia de la Dirección General de Policía y ha servido en las UIP durante la mayor parte de su carrera, aseguró que la medida no tiene vuelta atrás y pidió a los agentes que la asuman cuanto antes.

No obstante, explicó que la medida sería «gradual» y que su departamento haría un trabajo didáctico de esta medida con juzgados y tribunales, y que «defendería a capa y espada» cualquier «denuncia falsa». Dicho de otra manera: la medida era humo, porque la impunidad policial sería no vulnerada, sino abiertamente reforzada.

Y ha ocurrido exactamente eso. Desde entonces se difunden periódicamente por la red imágenes de agresiones policiales o incluso asesinatos en directo, que tienen cada vez menos impacto. En Torremolinos, varios agentes de la Policía Nacional mataron mediante pistolas táser a Haitam Mejri en un locutorio de la localidad. Las cámaras de vigilancia del local grabaron prácticamente todo, incluso las burlas hacia la víctima cuando ya estaba muerto.

Pino no defraudó. Desde entonces cada vez que hay una actuación policial el protocolo es el mismo, independientemente del color del gobierno: «todo nuestro apoyo al trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado», que disponen de suficiente información como para comprometer a quien haga falta en su defensa.

El caso de Torremolinos fue un ejemplo de esta operativa. Maria José Alcázar Ocaña, que era la jueza instructora del asesinato de Mejri, acordaba de manera rápida el archivo de la investigación a pesar de las evidencias. Alcázar había recibido, como tantos otros jueces y juezas, la Cruz al Mérito Policial en 2013 y tuvo que pedir el traslado a Melilla en 2007 tras la imputación de su pareja en el “Caso Ronda”, una trama de corrupción policial que llevó a prisión a varios agentes, según publicaba Diario Red. Nada era casualidad.

Los ejemplos de Francia, Italia o Reino Unido demuestran que grabar, per se, es insuficiente. Cada agresión es una mecha que tarde o temprano prenderá de manera proporcional al odio acumulado.