Este año 2022 se cumplió el décimo aniversario de un momento triste y vergonzoso: el del cambio de modelo sanitario y del inicio de la exclusión sanitaria de miles de personas en el Estado español, algunos casos con consecuencias nefastas.

Fue con el Gobierno de mayoría absoluta del PP de Rajoy que se aprobó el Real Decreto-Ley 16/2012, el cual, junto con la Ley 22/2013, modificó completamente el sistema sanitario español. Pasamos de tener un modelo de cobertura sanitaria universal a sufrir un modelo «de seguros» que, entre otras cuestiones, consolidó la exclusión sanitaria de las personas extranjeras que habitan en nuestro país.

Por fortuna, ahí estaba la izquierda, en la oposición, indignándose por este ataque sin paliativos a los derechos fundamentales y a la vida de las personas, criticando el “apartheid sanitario” generado por la derecha. Y, por eso, una de las primeras medidas que tomó el Ejecutivo de Pedro Sánchez en 2018 fue revertir la situación, mediante la aprobación del Real Decreto-Ley 7/2018, llamado «de acceso universal al Sistema Nacional de Salud». Sin embargo, pese a su feliz nombre, esta norma profundizó más en la exclusión sanitaria de lo que hacía la norma del PP, dotando a las comunidades autónomas de excusas para denegar la asistencia sanitaria a las personas migrantes. Y es que esta ley vincula la asistencia sanitaria a la residencia habitual en el territorio español, poniendo un límite mínimo de 90 días de residencia.

Esto significa que las personas que no llevan ese tiempo mínimo de residencia en España o que no pueden demostrarlo, como son las inmigrantes a la espera de regularizar su situación o las emigrantes de visita temporal, quedan excluidas de la asistencia sanitaria, incluso en casos de urgencia, embarazo o menores de edad. “La paradoja es que con el Real Decreto que se denominó de exclusión sanitaria (año 2012), el que promulgó el Gobierno de Mariano Rajoy, había supuestos cubiertos explícitamente, como el caso de los menores o de las mujeres embarazadas, que ahora con el Real Decreto de (supuesta) Sanidad Universal del Gobierno de Pedro Sánchez (año 2018) no quedan salvaguardados”, explica Juan Rubiño, abogado de la Plataforma Yo Sí Sanidad Universal en un artículo titulado “Fuego enemigo desde el Ministerio de Sanidad” (publicado en Público). “Les advertimos expresamente de ello y por desgracia no nos equivocamos. Los menores extranjeros no tienen asegurado el acceso al sistema público de salud, a pesar de que obliguen a ello el Convenio de las Naciones Unidas de los derechos del niño y la Ley Orgánica de protección jurídica del menor. La mala técnica legislativa del Real Decreto de Sánchez tampoco cubre explícitamente, como sí hacía el anterior, la asistencia durante el embarazo, el parto y el postparto con carácter universal y por ello también hay casos de exclusión”.

En definitiva, como en la neolengua de Orwell, para el PSOE las palabras significan lo contrario de lo que parecen decir. Por eso, se permiten el lujo de hablar de sanidad “universal” cuando apuntalan la “exclusión”.

Las consecuencias de la exclusión sanitaria

“Cayetana de Borgoña tenía veintiún años y padecía leucemia. Era solicitante de asilo y su vida dependía de que le hicieran un trasplante, pero el Servicio Madrileño de Salud le dio de baja del sistema informático y los médicos del hospital se encontraron con la imposibilidad de operarla, por mucho que les pesara un veto burocrático que perciben inmoral y que les impide cumplir con su juramento hipocrático como pretendían. También se le está negando el tratamiento a José María Ponce de León, un niño de solo siete años que tiene una enfermedad en la sangre letal y necesita un trasplante de médula. A Federico de Usía le interrumpieron el tratamiento y control de una enfermedad infecciosa tan grave como el VIH.

Estos casos que he citado son reales, los nombres no. Sus verdaderos nombres traerían con ellos ecos de los Andes, del Caribe o del Golfo de Guinea y si los he cambiado por estos otros tan castizos ha sido en un afán provocador”. Así comienza el artículo de Juan Rubiño citado sobre estas líneas. “Hay más supuestos, miles de ellos. Todas las semanas se deniega o retrasa el reconocimiento del derecho a personas que necesitan una consulta, un diagnóstico, un tratamiento.  El próximo caso que afronto es el de una menor víctima de abusos sexuales al que niegan asistencia y seguimiento, casi nada”, añade[1].

El Ministerio de Sanidad, contra la sanidad universal

Otro supuesto que ahora ya tampoco se garantiza es el de la asistencia de urgencia hasta el alta, gracias a un acuerdo entre el Gobierno progresista central y los Gobiernos conservadores autonómicos, ambos deseosos de restringir derechos. “Lo que en las declaraciones y ruedas de prensa es enfrentamiento en valores, en el mercado negro del estraperlo jurídico es colaboración y frente común, perpetrado con mala técnica legislativa y peor intención política”, dice Rubiño.

De esta forma se descubrió que, en el año 2019, llevando el Decreto menos de un año en vigor, el Ministerio de Sanidad, pese a ponerse la medallita de haber vuelto a la sanidad universal, emitió una serie de “recomendaciones” a las Comunidades Autónomas que iban contra el tenor de su propia Ley, agregando de forma irregular requisitos para el acceso al sistema sanitario (como, por ejemplo, pedir un certificado de empadronamiento de más de tres meses de antigüedad). Desde entonces, diversas comunidades autónomas deniegan un derecho tan básico como lo es la sanidad, alegando que las personas a las que se lo deniegan no cumplen los requisitos contenidos en estas “recomendaciones”, las cuales no constituyen ninguna ley (sino que, al contrario, contradicen el supuesto espíritu de la norma).

De esta manera, podemos afirmar rotundamente que nuestra sanidad no es universal. El colectivo activista Yo Sí Sanidad Universal señala a las comunidades de Madrid, Canarias y Castilla y León como las peor paradas en acceso a la sanidad. Sólo en Madrid, 27.000 personas han sido expulsadas del acceso a la sanidad. Además, dentro de Madrid, la desigualdad socioeconómica se hace notar: en Vallecas la espera media es de 176 días, a los cuales hay que sumar los 3 meses iniciales de empadronamiento. “Esto afecta también a los niños. Los pediatras se encuentran con menores a los que les faltan vacunas”, explica Marta Pérez, activista de Yo Sí Sanidad Universal en un artículo en El País titulado “El resquicio legal que deja fuera de la sanidad pública a miles de personas”. En él, Médicos del Mundo añade Galicia a la lista de la vergüenza de regiones.

En los últimos cuatro años, Médicos del Mundo ha recibido 5.000 solicitudes relativas a esta exclusión sanitaria. “Muchos son casos graves”, asegura Nieves Turienzo, su presidenta, en el mencionado artículo de El País. Entre ellos, 73 de cáncer, 53 cardiovasculares, 80 de diabetes, 68 de hipertensión aguda, 28 enfermedades respiratorias graves, 80 de salud mental y 77 casos de VIH. “Esto rompe con la norma de la obligación de asistencia a personas que necesitan tratamiento por una enfermedad infecto-contagiosa. Sin tratamiento, evidentemente van a subir los contagios”, afirma Turienzo, quien cree que esto es solo la punta del iceberg: “Habrá muchas otras situaciones que no detectamos”.

La nueva Ley de Universalidad del Sistema Nacional de Salud

El 16 de junio de este año, el Gobierno presentó un «Proyecto de Ley por la que se modifican diversas normas para consolidar la equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud». De nuevo, un nombre sexy, con la palabra “universalidad” en el centro. Sin embargo, tanto Yo Sí Sanidad Universal[2], como la Marea Granate (compuesta por personas que se han visto forzadas a emigrar fuera del Estado español) denuncian que “si esta ley se aprueba tal y como está redactada actualmente, la sanidad pública española seguirá sin ser universal, ni equitativa”, puesto que “una ley sólo es universal si incluye a todas las personas, sin distinción de origen, lugar de residencia, situación administrativa, situación laboral o color del pasaporte”.

Y es que el artículo 3 de esta nueva Ley exige, por un lado, que las beneficiarias (sean españolas o extranjeras) residan en España (excluyendo, por tanto, a las extranjeras de visita), aunque elimina la estancia mínima de 90 días y, por otro, excluye a las personas con nacionalidad española residentes en el exterior desplazadas temporalmente del territorio, si la atención sanitaria constituyó el motivo de su viaje. Por tanto, mejora la actual situación, pero no garantiza la existencia de la sanidad universal.

En un artículo de El Salto titulado “Las emigrantes que se quedan fuera de la nueva ley sanitaria”, Sara Plaza Casares da voz a personas emigradas que se pueden ver afectadas por esta norma: “Yo tengo una enfermedad crónica diagnosticada desde el año pasado, necesito revisiones cada tres meses en un servicio especializado. Ahora estoy planteándome volverme a vivir a Inglaterra. Haría coincidir mis viajes a España para ver a mi familia con mis revisiones médicas. Acorde a esta ley yo me quedaría sin asistencia médica. ¿Me van a facturar?”, se pregunta una de ellas. En la web de la Marea Granate se pueden encontrar muchos otros ejemplos reales.

En cuestiones sanitarias siempre nos sorprenden los recortes en derechos. Desde un punto de vista conservador, no nos extraña que quieran privar de derechos a las personas extranjeras (o racializadas, LGTBIQ, pobres, etc.) y desde un punto de vista neoliberal, tampoco nos sorprende que se busquen ahorrar gastos y recorten la calidad de los servicios para todas las usuarias. Pero en materia de salud pública, dejar fuera del sistema sanitario a un segmento de la población puede afectar a la totalidad de la misma, incluyendo a quienes cercenan nuestros derechos. Lo hemos visto con la pandemia: es imposible proteger la salud de unas pocas, sin hacer lo propio con la de todas. Y es que, como dice Yo Sí Sanidad Universal, “el acceso universal al sistema sanitario no es un lujo ni un riesgo para la sostenibilidad del sistema. Todo lo contrario: constituye uno de los pilares fundamentales para su eficacia, algo que se refleja no solo en las leyes que lo crearon y desarrollaron, sino también en situaciones corrientes y del día a día de las personas que participan del sistema. ¿Cómo pensar en medicina familiar y comunitaria teniendo parte de la población del territorio excluida? ¿Cómo pensar en términos de salud pública? ¿Cómo gestionar los servicios de urgencias de hospitales si estos acaban siendo la única puerta de entrada para las personas excluidas? ¿Cómo hablar de equidad en salud si en esta puerta única, además se cobra la atención a personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica?”.

Es necesario revertir el actual proyecto gubernamental y luchar por que se apruebe un texto que, finalmente, consagre de verdad el acceso universal a la sanidad. Que cualquier persona, por el hecho de serlo, tenga derecho a la salud. Por eso, hacemos un llamamiento a sumarnos a lo que Irene Rodríguez, de Yo Sí Sanidad Universal, denomina la “lucha cotidiana para interrumpir las violencias que vemos todos los días”[3].

---

[1] Estos problemas de exclusión se pueden ver potenciados en el caso de mujeres. Tal y como señala la ONG Women’s Link, la actual Ley del Aborto reconoce el derecho por lo que a menudo intentar conseguir el empadronamiento de 90 días puede hacer que se pasen del plazo y simplemente no puedan acceder al aborto. En ese caso, estas mujeres se enfrentan a maternidades no deseadas.

[2] Recomendamos leer (y sumarse) el manifiesto de Yo Sí Sanidad Universal contra esta propuesta de reforma.

[3] El 6 de octubre, Médicos del Mundo organizó el I Congreso Internacional sobre la accesibilidad a los sistemas públicos de salud. El vídeo completo se puede ver a continuación. Recomendamos especialmente la intervención de Irene en nombre de Yo Sí Sanidad Universal.