Los demandantes alegan que la Fiscalía informó al rey emérito de que tenía una investigación abierta y de que los delitos fiscales no han prescrito

El Rey Juan Carlos sale del Real Club Náutico a 18 de mayo de 2024, en Sanxenxo (Pontevedra, España).

 EUROPA PRESS REPORTAJES / Europa Press

Magistrados jubilados del Tribunal Supremo, fiscales anticorrupción retirados y varios intelectuales han presentado una querella criminal conjunta contra el Rey Juan Carlos I ante la sala segunda del Supremo por cinco delitos fiscales contra la Hacienda Pública.

En la querella los exmagistrados explican que cinco delitos fiscales cometidos por el rey emérito entre 2014 y 2018 no habrían prescrito, a la vez que sostienen que la Fiscalía informó a Juan Carlos de que se le había abierto una investigación por la existencia de infracciones tributarias.

Los hechos denunciados se habrían cometido, presuntamente, después de la abdicación de Juan Carlos I, lo que supone la pérdida de la de inviolabilidad que le han otorgado los tribunales españoles al interpretar el texto constitucional.

Entre los querellantes figuran José Antonio Martín Pallín, magistrado jubilado del Supremo y fiscales anticorrupción retirados, como Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena, además de periodistas y filósofos.

“El Ministerio Fiscal cuando comunica a un investigado la apertura de unas diligencias de investigación en la que existen datos de actividades irregulares con relevancia tributaria, nunca puede tener un conocimiento pormenorizado de los datos que avalan una posible infracción tributaria porque se trata de una información de la que solo puede tener conocimiento la Agencia Tributaria una vez concluido el expediente sancionador que cierra el paso a la posibilidad de una regularización”, se lee en el texto.

En marzo del 2022 la Fiscalía General del Estado archivó todas las investigaciones realizadas sobre el patrimonio de Juan Carlos I al no hallar indicios suficientes para interponer una querella ante el Tribunal Supremo. La Fiscalía dio así carpetazo a las tres investigaciones que mantenía abiertas a Juan Carlos I. La que se centraba en el presunto cobro de comisiones ilegales por la intermediación del emérito en el contrato de las obras del AVE a la Meca, la que tenía que ver con la posible existencia de fondos ocultos en un trust financiero en el paraíso fiscal de Jersey y la que versaba sobre el uso de fondos del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause a través de un testaferro.

El Ministerio Público concluyó que las irregularidades que se hubieran podido llevar a cabo o estaban prescritas o no podían ser perseguidas porque se cometieron cuando Juan Carlos I era jefe del Estado —antes de 2014—, por lo que era inviolable. Y aquellas conductas posteriores a su abdicación quedaron sin reproche penal una vez que el emérito realizó las regularizaciones fiscales pertinentes.