A mediados de diciembre el Parlamento Europeo y los 27 Estados miembros acordaron reformar la política migratoria de la Unión Europea. Las nuevas leyes se aprobarán dentro de dos o tres años. La reforma prevé procedimientos más estrictos, en particular en lo que respecta a la acogida en las fronteras de los solicitantes de asilo que no tienen posibilidades de ser admitidos.

Serán alojados en condiciones equivalentes a la reclusión, sin excepción para las familias con niños menores de edad. El centro de internamiento que tiene previsto construir el gobierno español en la isla de Alborán prepara la nueva política europa de emigración.

Las nuevas leyes aprobadas por la Unión Europea a finales del año pasado constituirían inicialmente un imán más que un disuasivo para muchas personas que intentarían viajar a Europa antes de que entren en vigor a finales de este año.

El acuerdo no resolverá los principales problemas. Por lo tanto, la mayor responsabilidad de los países que custodian las fronteras, como España, los obligará a responder con más rechazos y denegaciones de acceso.

Los procedimientos fronterizos previstos también requerirán una mayor cooperación con los países que reciben a los solicitantes rechazados. Sin embargo, los países de tránsito no tienen ningún interés en acoger a personas que han sido expulsadas de terceros países. A Europa no le queda más remedio que habilitar centros de internamiento, como el de la isla de Alborán.

La política europea de asilo es oportunista; no se fundamenta en ninguna clase de principios. Tiene por objeto frenar el ascenso de los movimientos políticos más reaccionarios, que han hecho de la xenofobia su seña de identidad. En un momento en el que están convocadas las elecciones parlamentarias europeas en junio, hay que tenerlo en cuenta a la hora de entender la política migratoria europea.

La inmigración continuará, cualesquiera que sean las leyes que apruebe el Parlamento Europeo. Los desplazamientos poblacionales no se rigen por normas jurídicas, sino que es un fenómeno internacional que se rige por normas económicas y sociales.

En consecuencia, lo que el Parlamento Europeo va a debatir es la proporción que habrá entre emigrantes con papeles y sin ellos.

Europa sabe que necesita mano de obra y que sólo los emigrantes se la pueden aportar. Cuantos más emigranes lleguen sin papeles, más barata será la fuerza de trabajo. Si no tienen un permiso de trabajo, trabajarán sin ninguna clase de derechos.

La comisaria europea, Ylva Johansson, habló recientemente de la necesidad de aumentar en un millón el número de trabajadores en la Unión Europea para hacer frente a la escasez de fuerza de trabajo autóctona, diciendo que era un “desafío lograrlo de manera ordenada”.

En realidad, las cifras son mucho mayores: sólo en Alemania las empresas necesitan un millón de trabajadores y en Austria medio millón. La actual escasez de mano de obra eleva de los salarios y reduce la competitividad de las empresas europeas en los mercados internacionales.