La economía española se ha basado en el último decenio en la conocida “dieta mediterránea” (cuyos ingredientes principales eran el “boom” urbanístico, la exportación, el turismo y el consumo interno), fórmula que creaba excelentes platos minimalistas, de apariencia altamente sugestiva y precio desorbitado pero vacíos de contenido culinario y con fecha de caducidad impresa.

Beneficios obscenos de la Gran Banca

A pesar de los bajos tipos de interés del Banco de España (BCE), del varapalo de las cláusulas suelo, del descenso del crédito de más de 500.00 millones desde el 2008 y de una reducción drástica de los presupuestos para obras sociales (un 60 por ciento menos desde el 2008), la gran Banca española integrada en la AEB (Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia y Sabadell) habría obtenido en el ejercicio del 2021 un beneficio neto de 15.100 millones de euros (14.993 millones de dólares al cambio actual) gracias al oneroso aumento de las comisiones y al incesante goteo de cierre de sucursales. Mientras, según el FROB, cerca de 167.000 afectados por la venta irregular de preferentes de Bankia, NCG Banco o Catalunya Banc no podrán recuperar ni tan siquiera un pequeño porcentaje de su inversión al tiempo que se producirían cien desahucios diarios y del parque de viviendas vacías que podrían destinarse al alquiler social, un mínimo de 600.000 serían propiedad de entidades financieras o del Banco malo según un informe de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).

Agudización de la fractura social

Según el índice de Gini (indicador utilizado para medir si la distribución de ingresos o de gastos entre individuos u hogares de una economía se aleja o acerca a una distribución perfectamente equitativa), desde el 2011 al 2020 España habría descendido dos puntos, lo que revela una mayor desigualdad en la distribución de la riqueza y la cruda realidad nos recuerda que el número de hogares con todos sus miembros en paro se ha elevado hasta niveles insoportables y cada vez son más los parados de larga duración que pierden todo tipo de subsidio. Así, el informe de Intermon Oxfam sobre “Crisis, desigualdad y pobreza”, advierte que la pobreza en España podría llegar a afectar al 40 por ciento de la población en el horizonte de la próxima década. En la actualidad, según dicha ONG, la tasa de pobreza se situaría en el 22,7 por ciento de la población y afectaría ya a casi 13 millones de personas, mientras el número de millonarios en España habría aumentado un 13 por ciento según datos de Eurostat, con lo que se está agudizando de forma vertiginosa una fractura social de resultados impredecibles.

Empleo basura, sueldos mileuristas y futuro del Sistema de Pensiones

El milagro económico del paraíso neoliberal español tendría como efectos colaterales el incremento desmesurado del trabajo precario en España (más de 6 millones de personas), la desaparición del mito del puesto de trabajo vitalicio (tasa del 90 por ciento de contratación parcial) y progresiva pérdida de poder adquisitivo de asalariados y pensionistas. Además, el Instituto Nacional de Estadística (INE) prevé que el país pierda un millón de habitantes en la próxima década, una tendencia que va a empeorar a medida que la generación del baby-boom comience a fallecer, dibujándose un escenario en el que la “tasa de dependencia” según el INE, crecerá en un 57 por ciento, por lo que habrá seis personas inactivas -ya sea jubilados, parados o estudiantes- por cada persona activa. En consecuencia, tras el agotamiento de la llamada “hucha de las pensiones”, es urgente cristalizar un nuevo Pacto de Toledo entre Gobierno, Oposición, Patronal y Sindicatos para consensuar los mínimos asistenciales, las fuentes de financiación y el calendario de aplicación de dicho pacto con el objetivo inequívoco de evitar el colapso de la Seguridad Social en un futuro mediato.

Fuga de cerebros

Desde el 2009 los recortes en I+D+I ascienden al 40 por ciento con una inversión del 1,33 por ciento del PIB y cada vez más lejos del 2 por ciento de media de la Unión Europea (UE), lo que tendrá como efectos colaterales la drástica reducción de becas para investigadores y la asfixia por inanición económica de múltiples proyectos científicos y tecnológicos. Así, según un estudio elaborado por la Federación Nacional de Asociaciones de Consultoría (Fenac), desde 2008 se habrían marchado de España más de 800.000 jóvenes (la mayoría jóvenes universitarios en busca de un primer empleo), con lo que se conjuga el fiasco inversor de un Estado que tras haber gastado en la formación de cada titulado unos 5.000 euros (el alumnado solo paga el 20 por ciento del coste real de la matrícula), asiste impotente a la sangría imparable de la fuga de cerebros.

De seguir obviando la inversión en inteligencia, España podría convertirse en la próxima década en un país tercermundista a nivel de investigación e innovación, condenado a comprar patentes extranjeras y producir productos de bajo perfil tecnológico que requieran mano de obra de escasa o nula cualificación y fácilmente explotable, pues aunque España sigue compitiendo en gran número de sectores con las economías de referencia al tener costes laborales competitivos, tendría como Talón de Aquiles de sus exportaciones el reto de la calidad de sus productos y el no estar bien posicionada en los mercados emergentes.