Tras dos años de iniciado su mandato, 51 % de la población boliviana valora de forma positiva la gestión del Gobierno de Luis Arce, según la última encuesta del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag).

La nueva encuesta de Celag, décima que realiza la institución en Bolivia desde 2019, muestra que la sociedad boliviana continúa respaldando al Gobierno Nacional, cuya cabeza Luis Arce recoge una imagen positiva en el 47,8 % de los encuestados.

El aval de la ciudadanía se sustenta en la buena valoración de la gestión económica, la cual recibe el beneplácito de casi la mitad de los bolivianos.

Al ser consultados sobre el nivel de adhesión al actual Gobierno, 47,1 % de los bolivianos manifiesta apoyo total (30,2 %) o parcial (16,9 %), mientras que el 42,7 % declara sentir rechazo total (22,1 %) o parcial (20,6 %).

En el espacio político de la oposición los apoyos son magros: la mayor parte de quienes manifiestan rechazo contra el Gobierno actual opina que la oposición no tiene un liderazgo definido y al ser consultados sobre los sentimientos que les despiertan los principales referentes de la oposición, el 75 % manifiesta sentir indiferencia, decepción o rechazo.

Complementariamente, la imagen positiva de los principales referentes de la oposición que ostentan cargos de elección popular se ubica por debajo del 40 %: Fernando Camacho registra una imagen positiva del 22,6 %, Manfred Reyes Villa un 35,7 % y Eva Copa 34,1 %. En términos de expectativas sobre el desempeño electoral de la oposición, solo un tercio de los encuestados considera posible que la oposición pueda gobernar Bolivia en el futuro cercano.

En términos de clivajes ideológicos, 70 % de los encuestados creen que el Estado debería nacionalizar el litio por ser un recurso estratégico y 81 % considera que no debe permitirse que empresas extranjeras extraigan oro en Bolivia.

Por último, siete de cada diez bolivianos tienen una consideración negativa del papel que desempeñan los medios de comunicación en el país, ya que consideran que defienden intereses económicos y políticos en lugar de informar.

El presente estudio se llevó a cabo entre el 10 de octubre y el 2 de noviembre de 2022, mediante 2.000 entrevistas telefónicas (sistema CATI) en los 9 departamentos del país, en localidades tanto urbanas como rurales, controlando cuotas de género, edad y niveles socioeconómicos.