Fuente: https://www.grupotortuga.com/El-gobierno-espanol-reconoce-en-el Juan Carlos Rois
Tortuga. 06/05/24
La falta de transparencia respecto del gasto en armas comprometidos por el estado es uno de los tópicos de la opacidad del gasto militar y de la política de defensa españoles.
Una pregunta parlamentaria
El pasado mes de marzo dos diputados del PP preguntaron al gobierno por escrito sobre este gasto y el pasado 19 de abril ha obtenido respuesta que se puede consultar aquí, que en líneas generales nos habla de los nuevos programas (11 en total) comprometidos.
El importe total de estos programas es de 22.329 millones de euros, de los que ya han sido pagados 3.906, restando de pagar 18.421 millones de euros que se abonarán entre 2024 y 2035.
Lo que no dice el gobierno
Como viene siendo costumbre, los datos dicen tanto como ocultan y de nuevo desvelan la política de desinformación sobre nuestro enorme gasto militar.
Por ejemplo, se nos ofrece datos del enorme gasto asumido para los submarinos S80, 3.907,2 millones hasta la fecha (su presupuesto inicial era de 1.800 millones), pero en dicha cantidad no se computan ni los gastos que el Estado ha tenido que asumir para mantener en servicio, por culpa de los retrasos y defectos del programa S80, los submarinos anteriores hasta la entrega de los nuevos, ni tampoco los gastos asumidos para rehacer el muelle donde se ha fabricado el nuevo submarino porque las dimensiones finales del mismo eran inferiores a las previstas y no era posible construirlo en el muelle existente.
Tampoco se dice el precio de los otros tres submarinos de los que consta el programa y aún no construidos.
Tampoco se nos informa que el programa EF2000 y el programa Halcón recibió el año pasado un crédito del ministerio de industria a interés cero de más de 3.100 millones de euros.
Tampoco se nos advierte que el enorme gasto del sistema de combate aéreo MGWS/FCAS (2.610 millones) coordinado con Europa tan solo financia la fase de concepto conjunto y estudio.
Sobregastos y otros costes
No se nos advierte tampoco de la singular característica de nuestro gasto en armamento: los enormes sobrecostes de los precios finales de los programas, que llegan a alcanzar no menos del 35% de los precios iniciales y a veces más del 100%.
No se nos advierte tampoco del enorme coste financiero de estos programas, que habitualmente exigen recurrir a deuda pública para su financiación.
Y, por supuesto, no se nos advierte que estos programas no incluyen los de adquisición de misiles, drones, los aviones F35 que se tiene previsto comprar a la industria americana y otros programas que aún están en cartera en el nuevo ciclo de rearme del ejército español.
Armas para atacar a otros pueblos
Por otra parte, merece la pena fijarnos en el tipo de armamentos que se están comprando y su utilidad. ¿Para qué sirven estos medios de guerra?
Se trata de lo que el ejército, con su especial capacidad de soltar eufemismos, llaman armas de «proyección» y «multipropósito».
Quiere decir, huyendo de la retórica, que son armas para desplazar a miles de kilómetros lejos de las fronteras y ponerlos en juego en operaciones de injerencia militar.
No hace falta ser un experto para saber que una fragata que desplaza aviones o helicópteros en su seno, que unos submarinos o unos cazas como los que ahora tenemos demostrando músculo en la frontera con Rusia no están pensados para la defensa del territorio (teóricamente la razón de ser de un ejército) sino para desplazar el escenario de guerra fuera.
La curiosidad de que el armamento que se contrata cumpla con las características y especificidades comunes en la OTAN y dependiente en gran parte de la industria militar europea y estadounidense (Santa Barbara Sistemas, dependiente de la estadounidense General Dynamics, AERBUS, BAE Systems, etc.) dan otra clave de su papel intervencionista en conflictos en los que nuestra presencia no busca la seguridad humana, sino la dominación y la imposición violenta de una geopolítica brutal.
Conclusión
En suma, una millonada que nos empobrece, nos envilece y nos suma al proceso de remilitarización que no ha sido consultado con la sociedad.