Un fondo para crisis asimétricas

Actualmente tenemos una propuesta de reglamento “que establece un instrumento de apoyo temporal europeo para mitigar los riesgos de desempleo en una emergencia (Seguro) [1], que ante todo plantea problemas por su base legal. De hecho, el instrumento se creó de conformidad con la misma disposición utilizada para la asistencia financiera proporcionada por el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF) a los países afectados por la crisis de la deuda antes del establecimiento del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE): Grecia, Irlanda, Portugal y España. La disposición es el art. 122 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su apartado 2:

“Si un Estado miembro se encuentra en dificultades o está seriamente amenazado por serias dificultades debido a desastres naturales o circunstancias excepcionales fuera de su control, el Consejo, a propuesta de la Comisión, puede otorgar asistencia financiera de la Unión bajo ciertas condiciones al Estado miembro en cuestión”.

Esta base legal está claramente diseñada para crisis asimétricas, es decir, para dificultades específicas de un Estado y no, como en el caso de la emergencia sanitaria actual, para crisis simétricas, que afectan indiscriminadamente a todos los Estados. Tanto es así que el reglamento se centra de manera meticulosa en lo que el Estado que solicita la asistencia del Seguro debe proporcionar a la Comisión: la «evidencia apropiada» que ha tenido un «aumento repentino y severo del gasto público» y que está » directamente relacionado con esquemas de reducción del tiempo de trabajo o medidas similares ”impuestas por la emergencia sanitaria” (art. 6).

Obsérvese también las referencias a un reglamento que rige la asistencia financiera a los Estados [2] , en particular la que proporciona, como en el caso del Seguro, mediante préstamos (art. 4). Allí se especifica que se pagan «en condiciones predefinidas», pero este no es el problema: las condiciones establecidas por la regulación fundacional del Seguro son únicamente el «aumento repentino y severo» en el gasto público para enfrentar el desempleo (art. 3).

Más complejo es el contenido del acuerdo que, en virtud de este reglamento, el Estado asistido debe firmar con la Comisión. Debe contener disposiciones que lo coloquen en condiciones especiales de vigilancia, con el objetivo de prevenir abusos y preservar los intereses financieros de la Unión (art. 220 c. 5):

“La Comisión firma un acuerdo con el país beneficiario que contiene disposiciones que:

a) garantizar que el país beneficiario verifique periódicamente que los préstamos desembolsados se hayan utilizado correctamente de acuerdo con las condiciones predefinidas …

b) garantizar la protección de los intereses financieros de la Unión …

d) garantizar que la Unión tenga derecho al reembolso anticipado del préstamo si se determina que, en relación con la gestión de la asistencia financiera, el país beneficiario ha estado involucrado en actos de fraude o corrupción o en otras actividades ilegales que afectan los intereses instituciones financieras de la Unión;

e) garantizar que todos los costos en que incurra la Unión en relación con la asistencia financiera sean sufragados por el país beneficiario”.

En resumen, estamos equipados con una herramienta completamente inadecuada para hacer frente a la crisis que afecta hoy a la Unión en su conjunto. Y, sobre todo, los países que solicitan asistencia chocan con la conocida actitud de las autodenominadas hormigas que sospechan extremadamente de cualquier solicitud de solidaridad de aquellos que consideran cigarras. No es exactamente la actitud que deberían tener aquellos que tienen la intención de mostrar solidaridad y, en cualquier caso, quieren cambiar el comportamiento previo de los solicitantes.

Un fondo del cual solo pueden salir unos pocos centavos

En estas condiciones, la utilización del Seguro solo podría aceptarse con la condición de que realmente conlleve ventajas económicas significativas, pero este no es el caso y por muchas razones.

El Seguro adopta en primer lugar el principio de adicionalidad, establecido en términos generales para los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos ESI) a fines de la década de 1990: los créditos deben agregarse y no «reemplazar los gastos con fines estructurales públicos o similares del Estado miembro » [3] . En otras palabras, como lo reafirma el reglamento que establece el Seguro, la asistencia financiera europea a los desempleados no puede reemplazar por completo la del país receptor: es de naturaleza puramente «complementaria» (art. 2). En resumen, el Seguro europeo es una ayuda a medias.

Consideremos ahora el establecimiento del fondo, que en retrospectiva no tiene un presupuesto de 100 mil millones, como anunció el Presidente de la Comisión. En realidad, los cien mil millones son el presupuesto máximo, que el fondo no puede exceder (art. 5), y que será difícil de lograr. De hecho, claro, para que su aplicación no «produzca cambios en los plazos que expongan a la Unión a tasas de interés u otros riesgos comerciales», opera tomando prestados los fondos necesarios en los mercados de capitales o en las instituciones. financiera» [4]. Sin embargo, se pide a los países europeos que garanticen este préstamo proporcionando «garantías irrevocables, incondicionales y tras petición» (art. 11) equivalentes al 25% del monto de esos préstamos «en línea con su participación en el PIB de la Unión» [5] .

Y debe tenerse en cuenta que la provisión de garantías no es una obligación, sino una opción para los Estados, que por lo tanto no puede activarse y causar una reducción significativa en la capacidad del fondo en relación con los cien mil millones.

Pero eso no es todo. En el transcurso de un año, el Seguro puede desembolsar cifras generales dentro del 10% de esos cien mil millones, o mejor, de las sumas que se habrán obtenido a través de las garantías pagadas por los Estados (art. 9). Se calcula que, en estas condiciones, un país como Italia, que también se vería obligado a comprometer dos o tres mil millones en garantías, recibiría «unos pocos cientos de millones en préstamos para ahorrar unos pocos millones de gastos de intereses» [6]. Y, obviamente, lo mismo puede decirse de España, que con Italia debería ser el principal beneficiario de la renovada generosidad europea.

Un farol para hacernos digerir el MEDE

Está claro que en estas condiciones el juego no vale la pena. El Seguro ciertamente no podrá aliviar los esfuerzos que la emergencia sanitaria impondrá a los países más afectados por el Covid-19, y a condición de aplicar las absurdas políticas de austeridad impuestas por la Unión Europea.

Si el Seguro fue concebido con todos los defectos que hemos dicho, probablemente sea solo para dorar la amarga píldora que Europa intenta hacer tragar precisamente a los Estados más afectados en este momento por la emergencia sanitaria: Italia y España a la cabeza. La Europa dirigida por Alemania no quiere comportarse como una comunidad política en la que se comparten los costes de las emergencias y, en general, donde los recursos se redistribuyen entre territorios y de los territorios ricos a los pobres. En otras palabras, no quiere recurrir a los eurobonos, ni a la mutualización de la deuda, sino solo a otorgar la asistencia financiera condicional prevista por el MEDE.

Por supuesto, muchos han pedido recurrir al MEDE sin activar las condicionalidades, es decir, sin los recortes en el gasto público, sin los programas de privatización, y sin las medidas de precarización y devaluación del trabajo que normalmente se exigen como contrapartida para la asistencia financiera. Sin embargo, no está prevista esa excepción en el Tratado por el que se establece el MEDE y tampoco en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, por el cual «la concesión de cualquier asistencia financiera necesaria en virtud del mecanismo estará sujeta a estrictas condiciones» (art. 136).

Esa es, por lo tanto, la verdadera función del Seguro. Queremos dar la impresión de que Europa está realmente interesada en asumir de alguna manera la emergencia sanitaria y sus consecuencias, pero solo para imponer un diseño perverso: legitimar la negativa a recurrir a la mutualización de la deuda como la única medida real de solidaridad europea, o para rechazar los eurobonos y aún más el uso del Banco Central Europeo como comprador directo de títulos de deuda pública. Todo esto para convencernos que la solidaridad puede ejercerse de otras maneras, y en particular para aceptar la apelación al MEDE, bajo el supuesto irrealizable de que es posible sin condicionalidad o con una condicionalidad mitigada [7].

En resumen, nos enfrentamos a un farol peligroso y sin escrúpulos, que hay que rechazar categóricamente si realmente queremos afirmar las razones de una unión solidaria.

El Plan Marshall también tenía sus propias condicionalidades

Que Europa es una especie de dispositivo neoliberal, en el que los fondos destinados a los Estados miembros siempre están vinculados de alguna manera a la implementación de las notorias reformas estructurales, es deducible por otros aspectos. Nos limitaremos a destacar dos.

El primero se refiere a una indicación que acompañó la propaganda sobre el Seguro, o la voluntad de recurrir a los Fondos ESI para aliviar las consecuencias de la emergencia sanitaria. Esos fondos nacieron como una herramienta para redistribuir recursos de territorios ricos a territorios pobres y así remediar las distorsiones causadas por la libre circulación de capitales. Con el tiempo, sin embargo, también fueron absorbidos por el mecanismo perverso de las condicionalidades, como se puede ver en lo que establece un reglamento europeo [8] :

“Debe establecerse un vínculo más estrecho entre la política de cohesión y la gobernanza económica de la Unión para garantizar que la eficacia del gasto de los Fondos EIE se base en políticas económicas acertadas y que los Fondos EIE puedan, si es necesario, reorientarse para responder a los problemas económicos que enfrenta un Estado miembro. En el contexto de la primera parte de las medidas que vinculan la eficacia de los Fondos EIE con una gobernanza económica sólida, la Comisión debería poder solicitar cambios en el acuerdo y los programas de asociación para apoyar la aplicación de las recomendaciones pertinentes del Consejo o mejorar maximizar el impacto sobre el crecimiento y la competitividad de los Fondos EIE disponibles cuando los Estados miembros reciben la asistencia financiera correspondiente … En el contexto de la segunda parte de las medidas que vinculan la efectividad de los Fondos EIE con una gobernanza económica sólida, si un Estado Miembro no toma medidas efectivas en el proceso de gobernanza económica, la Comisión debe presentar una propuesta al Consejo destinada a suspender, en parte o en su totalidad, los compromisos o pagos destinados a los programas en ese Estado miembro”.

El culto a las condicionalidades surge de la invocación al Plan Marshall para abordar la emergencia sanitaria y sus consecuencias, que se repite en la retórica de muchos políticos y más recientemente del Presidente de la Comisión Europea.

El Plan Marshall, lanzado por los Estados Unidos al final de la Segunda Guerra Mundial, tenía como objetivo la recuperación de las economías europeas postradas por la guerra, y sin embargo su motivo era otro: consolidar el frente del Occidente capitalista en la confrontación abierta por el estallido de la Guerra Fría. Precisamente por esta razón, Washington promovió la integración europea, concebida como un catalizador para las reformas neoliberales. Y precisamente por esta razón, inspiró el nacimiento de la Organización para la Cooperación Económica Europea, que se suponía que supervisaría el progreso del Plan, pero que en realidad se convirtió en un instrumento para coordinar las políticas de los países europeos involucrados. Estos fueron obligados a restaurar sus economías buscando un presupuesto equilibrado y creando un entorno favorable para los inversores, en beneficio de los cuales los salarios tuvieron que ser reducidos y la carga tributaria recortada, causando así problemas sociales profundos [9] . Todo gestionado por un sistema de sanciones efectivo, incluida la suspensión de la ayuda en caso de que no se hubieran seguido las indicaciones de la administración de los EE UU, como ocurrió para castigar las nacionalizaciones promovidas por el gobierno laborista del Reino Unido de Clement Attlee [10] .

Este hecho marcó de manera decisiva el nacimiento y el desarrollo de la construcción europea, que como hemos dicho se ha construido con el tiempo como un dispositivo neoliberal fundado en el mercado de las reformas: cualquier transferencia a los países miembros está condicionada de una forma u otra a la voluntad de alinearse con el pensamiento único. Y cada oportunidad es buena para afirmar este principio: incluso una gran tragedia como la emergencia del coronavirus y sus dramáticas consecuencias.

Notas:

[1] Propuesta de 2 de abril de 2020, Com / 2020/139 fin. El art. mencionado en el texto sin más indicaciones, consulte esta sección.

[2] Reglamento de 18 de julio de 2018 n. 1046 que establece las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión .

[3] Artículo 11 del Reglamento de 21 de junio de 1999 n. 1260 que contiene disposiciones generales sobre los Fondos Estructurales .

[4] Considerando no. 158 Reglamento 18 de julio de 2018 n. 1046, cit.

[5] Informe adjunto a la propuesta del 2 de abril de 2020, cit.

[6] Entonces Stefano Fassina, tomado de C, Clericetti, la UE y la pasta de dientes más utilizada por los dentistas (3 de abril de 2020), https://clericetti.blogutore.repubblica.it/2020/04/03/la-ue -y-la-pasta de dientes-más-usado por los dentistas.

[7] Desarrollé estos aspectos en A. Somma, ¿Sobrevivir al coronavirus para morir en Europa? (3 de abril de 2020), https://www.lafionda.org/2020/04/03/sopravvivere-al-coronavirus-per-morire-di-europa.

[8] Considerando no. 24 Reglamento 17 de diciembre de 2013 n. 1303 que contiene disposiciones comunes sobre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo Social Europeo, el Fondo de Cohesión, el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y el Fondo Europeo de Asuntos Marítimos, etc.

[9] G. Mammarella, Historia de Europa desde 1945 hasta hoy , nueva ed., Roma y Bari, 2006, 143 ss.

[10] M. Patrono, Derecho de la integración europea , vol. 1, Turín, 2013, p. 72.