Esta norma, cuyo borrador presentaron en marzo, tiene múltiples capas de análisis. No van a caber todas aquí, pero son dos las que nos interesan. La primera es la que viene ocupando titulares y tiene como protagonista a China. La iniciativa europea, que también ha sido bautizada como “Ley Made in Europe”, busca revitalizar la deprimida industria europea y quiere, para ello, movilizar ayudas de Estado, financiación y subvenciones largamente demonizadas por la ortodoxia financiera impuesta por Alemania. Eso ya es noticia.
Pero entre las medidas para impulsar las fábricas del continente, Bruselas también ha incluido importantes medidas para defender la producción propia y controlar la inversión extranjera, especialmente la procedente de China, que ya ha amenazado con represalias.
Pero si el pulso externo con Pekín se presenta intenso, no lo es menos la soterrada pugna desatada entre socios europeos. En juego, la matriz energética de la industria del futuro.
La IAA, que originalmente se llamaba “Ley aceleradora de la descarbonización”, no deja de ser un intento de combinar dos necesidades urgentes, conciliables en algunos aspectos y territorios, difícilmente compatibles en otros. Hablamos de la reindustrialización europea –con la que Bruselas aspira a recuperar la competitividad pérdida– y la transición energética que un día Europa aspiró a liderar.
Esta última llega a modo de mandamiento por la crisis climática, que exige dejar atrás los combustibles fósiles, pero también, conviene no llamarse a engaño, porque en el mundo que se está dibujando, la dependencia energética se paga muy cara. Europa tiene petróleo en Noruega y gas en Países Bajos, pero no cubre, ni mucho menos, sus necesidades. No es soberana energéticamente y eso la penaliza.
Parece de cajón que este intento de relanzar industrialmente Europa debería pasar por las renovables y la industria electrificable, pero las cosas no son tan fáciles, porque esto incorpora un nuevo actor a la tradicional ecuación germano-francesa que ha vertebrado históricamente la Unión Europea. Alemania, pulmón industrial del continente, ha basado la competitividad de su todopoderosa industria en el gas barato de Rusia. Desde el fin de este suministro –al atacar Moscú a Ucrania en 2022–, la manufactura germana sufre. Francia, siempre peculiar, basa su producción industrial en la energía nuclear.
Estos dos países han visto cómo, en los últimos cinco años, el descomunal despliegue de las instalaciones renovables en España ha cambiado el mapa energético del sur del continente. Se ha hecho de una forma discutible que traerá otros problemas en el futuro, sin cuestionar un modelo de negocio basado en el control de unas pocas empresas privadas, sin participación ciudadana y con operaciones que a nadie debería extrañar que acaben como casos de corrupción. Esto es cierto y va a pesar, porque se está perdiendo una oportunidad de oro de ensayar nuevos modelos energéticos más democráticos. Pero igual de cierto es que, durante los últimos años, España ha producido la electricidad más barata de entre los grandes países europeos, consecuencia directa de una mayor generación renovable (55 por ciento del total, el año pasado).
Esta, y no otras consideraciones, son las que han permitido a Madrid tirar del crecimiento europeo para arriba los últimos años. Es algo que preocupa en Alemania, que ha estado mirando a las musarañas, quién sabe si a la espera de la recuperación del suministro ruso –este debate volverá, más pronto que tarde–. Según una reciente nota de Marc López Plana, bien informado sobre los laberintos europeos, Berlín está presionando para que la nueva Ley de Aceleración Industrial incluya criterios sobre la “proximidad logística al consumidor final” a la hora de financiar y ayudar a la industria. Busca así desincentivar una posible deslocalización de empresas hacia el sur energéticamente más barato. París también mira para abajo con recelo y aprieta para que la ley incluya la energía nuclear entre las “tecnologías estratégicas”.
El apagón registrado por la península hace ahora un año, cuando Portugal y España se quedaron sin electricidad, desató la furia contra las renovables, primeras señaladas. Un año después, todos los informes han descartado esta responsabilidad –de hecho, fallaron más las térmicas y los protocolos desfasados–, y el cierre de Ormuz ha revalorizado todo lo que aporte algo de soberanía energética. Madrid quiere sentarse en la mesa de los mayores, pero no está claro que Berlín y París vayan a permitírselo. No dejará grandes titulares, pero la batalla está servida.